A 10 años del impeachment contra Dilma Rousseff

Este artículo^[1] tiene como objetivo abordar el contexto histórico-político y las repercusiones del golpe del impeachment contra el gobierno de Dilma Rousseff en América Latina. En su relación con la dinámica del capitalismo global y regional, la destitución de Dilma puede entenderse a partir de tres dimensiones fundamentales: 1) como un acontecimiento histórico que se inscribe en una nueva fase del capitalismo neoliberal, inaugurada por la crisis económica mundial de 2008, a la que denominaremos fase neoliberal autoritaria; 2) como una de las manifestaciones del fenómeno del neogolpismo en América Latina, entendido como un conjunto de golpes que combinan la profundización de la política neoliberal ortodoxa con el deterioro de la democracia, mediante el uso casuístico de la legislación vigente, sin romper con el régimen político; y 3) como parte de un momento de inflexión política que, en los años siguientes, contribuiría al ascenso de fuerzas sociales neofascistas y al surgimiento de procesos de fascistización en diferentes países de América Latina, impulsados por el trumpismo desde el centro del imperialismo mundial.

Estas dimensiones se articulan entre sí y constituyen, en diferentes niveles, elementos de la nueva fase neoliberal autoritaria del capitalismo global. Esta articulación puede entenderse a partir de su periodización en tres subfases principales.

La primera subfase corresponde al surgimiento del neoliberalismo autoritario, entre 2008 y 2015, en un contexto marcado por los efectos de la crisis económica mundial y por la intensificación de las formas de presión sobre los gobiernos y las fuerzas políticas que buscaban preservar márgenes de autonomía frente al modelo capitalista neoliberal. En este período, se destacan la diseminación del neogolpismo; el recurso a formas de terrorismo económico, como la fuga de capitales y los bloqueos económicos; el recrudecimiento de los aparatos coercitivos del Estado; y la movilización política de las clases intermedias (clases medias y pequeña burguesía) contra los gobiernos progresistas. Estos fenómenos contribuyeron al debilitamiento y al inicio del agotamiento de la primera ola de gobiernos progresistas en América Latina.

La segunda subfase corresponde a la consolidación del neoliberalismo autoritario, entre 2015 y 2025, mediante el surgimiento y el avance de procesos de fascistización en diferentes países. Estos procesos se vieron favorecidos por la crisis de los gobiernos progresistas y de las fuerzas políticas de la derecha tradicional; por el fortalecimiento del activismo judicial y militar en los procesos de toma de decisiones; por la emergencia y el crecimiento de movimientos reaccionarios de masas y por el ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2017, tras su victoria electoral en 2016.

La tercera subfase, iniciada en 2025, se caracteriza por la adopción de una política de agresión imperialista más explícita por parte de Estados Unidos hacia los países de la región. Entre sus principales manifestaciones, se destacan la intensificación del bloqueo económico contra Cuba; la adopción de políticas arancelarias y de presión económica sobre países que no se alinean íntegramente con los intereses del gobierno de Estados Unidos, como Brasil, Colombia y México; la ampliación de las amenazas de intervención militar directa; y el aumento de las intervenciones y los intentos de injerencia en los procesos políticos y electorales de diferentes países de la región. En este contexto, se destaca el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses, en enero de 2026. Esta nueva coyuntura sugiere un cambio cualitativo en las formas de ejercicio de la dominación imperialista, que pasan a combinar, de manera más abierta y articulada, instrumentos económicos, políticos y militares.

A partir de esta periodización, trataremos de detallar cada una de estas dimensiones y de examinar las relaciones que se establecen entre el neoliberalismo autoritario, el neogolpismo, los procesos de fascistización y la intensificación de la agresión imperialista en América Latina.

El golpe del impeachment y su relación con el surgimiento del neoliberalismo autoritario

El golpe del impeachment contra el gobierno de Dilma se inscribe en una nueva etapa del capitalismo neoliberal, inaugurada por la crisis económica mundial de 2008 y que aún continúa. Denominamos a esta etapa «neoliberalismo autoritario», ya que combina la profundización de las políticas y contrarreformas neoliberales con un creciente proceso de deslegitimación ideológica del propio neoliberalismo, que ya no cuenta con el mismo apoyo electoral que obtuvo a finales de la década de 1980 y durante buena parte de los años 1990 en América Latina.

En la región, el neoliberalismo comenzó a ser cuestionado cada vez más, desde finales de la década de 1990, tanto por movilizaciones populares de gran envergadura como por el ascenso de gobiernos progresistas. Este ciclo de resistencia asumió características distintas: en los países andinos, buscó construir alternativas más consistentes al neoliberalismo; en los países platinos, predominó el intento de reformarlo. Con el declive gradual de estas experiencias progresistas y el reflujo de las movilizaciones masivas, el mantenimiento del modelo neoliberal y la implementación de sus políticas pasaron a depender, sobre todo a partir de 2008, del fortalecimiento de la política de orden, expresado en el recrudecimiento de los aparatos represivos del Estado; del uso de la vía neogolpista para destituir a presidentes electos sin romper el régimen político; del empleo del terrorismo económico y mediático contra gobiernos y fuerzas políticas que no se alineaban con la receta neoliberal; y, por último, del creciente apoyo de movimientos reaccionarios de masas.

La destitución de Dilma como parte del ciclo neogolpista en América Latina

Adiferencia de los golpes de Estado ocurridos en América Latina en las décadas de 1960 y 1970, caracterizados por rupturas institucionales abiertas y por el establecimiento de dictaduras militares, el neogolpismo opera desde dentro de las instituciones formales de la democracia liberal. A través del activismo político del sistema judicial y de iniciativas parlamentarias, articuladas con el amplio apoyo de los medios corporativos y, en varios casos, con la movilización de las clases medias en las calles, promueve cambios sustantivos en la orientación de la política de Estado sin alterar de inmediato el régimen político. Se trata, por lo tanto, de golpes sin cambio de régimen, que hacen uso casuístico de los mecanismos de la legalidad para producir una profunda reconfiguración del bloque en el poder y un giro programático a favor de una política neoliberal ortodoxa, orientada prioritariamente a los intereses del gran capital financiero internacional y que, en el contexto latinoamericano, asume un carácter profundamente antinacional y antipopular.

Este patrón de golpes de un nuevo tipo estuvo presente en la destitución de Manuel Zelaya, en Honduras (2009); de Fernando Lugo, en Paraguay (2012); de Dilma Rousseff, en Brasil (2016); de Evo Morales, en Bolivia (2019); y de Pedro Castillo, en Perú (2022). A estos casos se suman los intentos fallidos de desestabilización o destitución de los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador (2010), de Nicolás Maduro en Venezuela (en diferentes episodios desde 2014) y de Lula da Silva en Brasil, durante los acontecimientos de enero de 2023.

Estos golpes tienen como objetivo destituir a presidentes elegidos democráticamente que no se alinean con los dictados del neoliberalismo ortodoxo, al tiempo que buscan preservar una apariencia de respeto a la legalidad. En gran parte de estos casos, el discurso moralista y conservador que fingía combatir la corrupción constituyó una importante estrategia de movilización de las fuerzas que promovieron o apoyaron estos procesos de destitución, lo que contribuyó a desgastar a los gobiernos y a crear condiciones políticas favorables para su destitución. La corrupción pasó a asociarse, de manera selectiva, con gobiernos que, a pesar de sus diferencias, buscaban implementar reformas o cambios más sustanciales en el modelo neoliberal, ampliando el papel del Estado en la economía, reduciendo la pobreza, mejorando las condiciones de vida de las clases trabajadoras y adoptando políticas externas relativamente más autónomas respecto a los intereses de Washington.

Cabe destacar, en este contexto, el recurso a la «guerra jurídica» (lawfare) con el pretexto de la lucha contra la corrupción, que afectó a algunas importantes figuras progresistas de la región. Entre los casos más emblemáticos se encuentran Lula da Silva, en Brasil, condenado y mantenido en prisión durante 580 días antes de que se anularan sus condenas; Cristina Kirchner, en Argentina, cuya condena por corrupción fue confirmada por la Corte Suprema en 2025, lo que dio lugar a arresto domiciliario; Rafael Correa, en Ecuador, condenado a prisión y actualmente exiliado en Bélgica; y Luis Arce, en Bolivia, sometido a prisión preventiva en 2025 en el marco de una investigación por malversación de fondos públicos.

La ofensiva conservadora, que se presentaba como una lucha contra la corrupción, desempeñó así un papel central en la criminalización de las fuerzas políticas que se alejaban de la ortodoxia neoliberal. Esta táctica fue acompañada por el terrorismo económico y mediático, expresado en la amenaza de fuga de capitales, en intensas campañas de desestabilización contra las alternativas al neoliberalismo y en la imposición o intensificación de mecanismos de bloqueo económico dirigidos a las experiencias que buscaban romper, aunque fuera parcialmente, con la política neoliberal, y en la apropiación oportunista del discurso de defensa de la democracia para combatir un supuesto autoritarismo representado por algunos gobiernos progresistas de la región.

Este ciclo neogolpista contó, inicialmente, con un fuerte protagonismo del activismo político del sistema judicial y con el apoyo de mayorías parlamentarias conservadoras interesadas en bloquear o revertir iniciativas reformistas e igualitarias. Sin embargo, gradualmente, sobre todo a partir del ascenso del bolsonarismo en Brasil y del golpe fascista de 2019 en Bolivia, comenzó a delinearse un nuevo escenario, en el que las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales asumieron un papel más activo tanto en los procesos de destitución como en el apoyo a proyectos de extrema derecha. Esto no significa que los militares y las fuerzas policiales estuvieran ausentes de las primeras experiencias neogolpistas —como en Honduras (2009), Ecuador (2010), Paraguay (2012) o incluso en los intentos de golpe contra Hugo Chávez, en Venezuela, en 2002, y contra Jean-Bertrand Aristide, en Haití, en 2004—. Lo que se observa es una mayor centralidad del elemento militar a medida que el propio neoliberalismo autoritario se muestra incapaz de responder a las crisis económicas y políticas de la región o, en determinadas circunstancias, contribuye a su agravamiento, favoreciendo la búsqueda de soluciones de carácter cada vez más autoritario.

La destitución de Dilma se inscribe en esta nueva etapa del capitalismo neoliberal —la etapa del neoliberalismo autoritario— y en el ciclo neogolpista latinoamericano, pero también constituye un momento de transición y de inflexión política en dicha etapa. Esta coyuntura está marcada por una serie de acontecimientos convergentes: la victoria electoral de Mauricio Macri sobre el peronismo en Argentina; el agravamiento de las crisis económicas y políticas en Venezuela entre 2014 y 2019, lo que contribuyó a ampliar el alcance de las «guarimbas» y las movilizaciones callejeras de la oposición y culminó, en enero de 2019, con la inusual aparición de Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, quien se autoproclamó presidente interino del país y fue inmediatamente reconocido y respaldado por Estados Unidos; la derrota de Evo Morales en el referéndum sobre la propuesta de reelección, en 2016, seguida de su decisión de buscar una nueva reelección por vía judicial, circunstancia que contribuyó a que la derecha se apropiara del discurso de la defensa de la democracia y lo acusara de autoritarismo; la aprobación por parte del gobierno de Syriza, en Grecia, del acuerdo de austeridad impuesto por la Troika, a pesar de que el 61,3 % de la población lo había rechazado en un referéndum celebrado un mes antes; la aprobación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit); y, por último, la victoria de Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.

No se debe subestimar el impacto de este último acontecimiento en América Latina. Fue a partir de esa coyuntura que las extremas derechas de carácter neofascista comenzaron a adquirir mayor visibilidad y penetración en diversos países de la región, presentándose, en muchos casos, como una alternativa a las derechas neoliberales tradicionales, identificadas con un perfil más tecnocrático y desmovilizador. Sería interesante recordar aquí que, en 2019, Trump llegó a celebrar el golpe contra Evo en Bolivia, calificando el proceso como un «momento significativo para la democracia» y una advertencia para «regímenes ilegítimos» como los de Nicaragua y Venezuela.

Neoliberalismo ortodoxo y procesos de fascistización en América Latina 

Es a partir de la coyuntura de 2015-2016 cuando se produce un nuevo giro en la política mundial y regional, marcado por el surgimiento de movimientos reaccionarios de masas de carácter neofascista, que lograron alcanzar una amplia penetración social mediante el uso intensivo de las redes sociales, sentando las bases para lo que algunos analistas han denominado partidos digitales. Podríamos decir que es en ese momento cuando comienza lo que Gramsci denominó «interregno», o lo que García Linera ha caracterizado como un «tiempo histórico liminar»: un período en el que surgen los «fenómenos mórbidos» —entendidos aquí como movimientos fascistas de nuevo tipo— y formas de hegemonía inestables y no duraderas, lo que abre espacio para sucesivos procesos de crisis e inestabilidad política a escala global, particularmente en América Latina.

A partir de entonces, el neoliberalismo autoritario comienza a asumir características propiamente neofascistas, apoyándose en la articulación de movimientos de masas que adoptan agendas explícitamente antiigualitarias, reaccionan ante la politización de las diferencias de género, raza y sexualidad, y defienden proyectos de purificación nacional. Este proceso se manifiesta, inicialmente, con el surgimiento del bolsonarismo en Brasil; con el golpe de Estado en Bolivia, protagonizado por las fuerzas reaccionarias de la Media Luna y liderado por el Comité Cívico Pro-Santa Cruz; con el ascenso del fenómeno Milei, en medio de la crisis del peronismo y del macrismo en Argentina; con el golpe contra el gobierno de Castillo en Perú, marcado por fuertes rasgos de violencia política; y con la elección de Piñera en Chile (2018), de Bukele en El Salvador (2019), de Noboa en Ecuador (2023) y de Peña en Paraguay (2023).

Esa misma coyuntura estuvo marcada por los llamados estallidos sociales, protagonizados por los movimientos populares en Chile, Colombia y Ecuador, que se enfrentaron a las políticas neoliberales vigentes en esos países. En los casos de Chile y Colombia, esas movilizaciones allanaron el camino para la elección de gobiernos progresistas liderados por Gabriel Boric y Gustavo Petro. En México, por su parte, López Obrador fue elegido en 2018 como el primer presidente progresista tras 36 años de hegemonía neoliberal, y fue sucedido por Claudia Sheinbaum a partir de 2024. También llegaron al gobierno Alberto Fernández, en Argentina (2019); Luis Arce, en Bolivia (2020); Xiomara Castro, en Honduras (2022), y Yamandú Orsi, en Uruguay (2025); Lula, en Brasil (2023); y Bernardo Arévalo, en Guatemala (2024). Sin embargo, con excepción de Colombia y México, que lograron implementar enfrentamientos más consistentes contra el legado neoliberal y promover reformas sociales de mayor alcance, los demás casos revelan un nuevo ciclo progresista con menor capacidad para confrontar la política neoliberal y alterar de manera sustantiva la correlación de fuerzas.

El surgimiento de estos nuevos gobiernos progresistas en medio del avance de la fascistización de la política regional refuerza precisamente la idea de hegemonías inestables y no duraderas, característica central del interregno gramsciano. En lugar de representar una estabilización de la correlación de fuerzas, esta coyuntura expresa la coexistencia de proyectos en permanente disputa, marcada por ciclos recurrentes de crisis e inestabilidad política.

Trump 2.0: ¿estamos ante la radicalización imperialista del neoliberalismo autoritario?

Quizás sea posible afirmar que, a partir de 2025, América Latina haya ingresado en una nueva subfase de la etapa del neoliberalismo autoritario. El regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos alteró significativamente la correlación de fuerzas en la región. A los procesos de fascistización en curso se sumó una política de agresión imperialista más abierta, expresada en la imposición o la amenaza de aranceles comerciales contra países que no se alinean con los intereses estadounidenses; en la adopción de discursos y políticas supuestamente comprometidos con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado para justificar presiones e intervenciones contra determinados países (Venezuela, Colombia, México, Brasil) y para respaldar iniciativas de cooperación militar y de seguridad en la región (mediante la creación del Escudo de las Américas); en la injerencia en procesos electorales; en la estigmatización y criminalización de los inmigrantes, fenómeno que también ha ido cobrando fuerza en países como Argentina, Chile y Colombia; en el fortalecimiento de las redes transnacionales de la extrema derecha, especialmente mediante la ampliación del alcance de la Conservative Political Action Conference (CPAC), creada en EE. UU. en 1974 y expandida a otros países de la región a partir de 2019, con la realización de encuentros en Brasil y México; y en la intensificación de medidas coercitivas contra gobiernos considerados adversarios, como se observa en el endurecimiento del bloqueo económico a Cuba y en la agresión imperialista abierta contra Venezuela. Esta orientación cuenta con el respaldo de gobiernos aliados en la región, como los de Javier Milei, en Argentina; Nayib Bukele, en El Salvador; Daniel Noboa, en Ecuador; Rodrigo Paz, en Bolivia; José Antonio Kast, en Chile; y Santiago Peña, en Paraguay. En el caso de Brasil, cuenta además con el apoyo de líderes y militantes bolsonaristas.

El hecho es que varios países en los que las fuerzas progresistas gobernaban o tenían condiciones para disputar con éxito las elecciones presidenciales comenzaron a sufrir importantes reveses frente a candidaturas de derecha y de extrema derecha. En Bolivia, Rodrigo Paz asumió la presidencia tras una profunda crisis política que sacó al Movimiento al Socialismo (MAS) del centro del sistema político. En Chile, Gabriel Boric no logró que Jeannette Jara fuera elegida como su sucesora, y la presidencia la ganó José Antonio Kast. Un proceso similar ocurrió en Colombia, donde Gustavo Petro no logró que Iván Cepeda fuera elegido como su sucesor, lo que resultó en la victoria de Abelardo de la Espriella. En Perú, Keiko Fujimori ganó las elecciones por un estrecho margen frente a la candidatura del campo popular.

En este contexto, la tendencia regional apunta a un creciente aislamiento de los gobiernos progresistas que aún quedan, representados por Lula en Brasil, Sheinbaum en México, Orsi en Uruguay y Bernardo Arévalo en Guatemala. En el caso de Brasil, esta correlación de fuerzas se someterá a una prueba importante en las elecciones presidenciales de 2026.

Al mismo tiempo, el avance de las fuerzas de derecha y de extrema derecha no se ha producido sin resistencia. Se han llevado a cabo movilizaciones populares contra los gobiernos de extrema derecha en Bolivia, Chile y Argentina, así como en protesta por los procesos electorales en Perú y Colombia. En Brasil, la candidatura de Lula sigue siendo competitiva en el panorama electoral. Aun así, el panorama regional se muestra ampliamente desfavorable para el campo progresista y sugiere una profundización del proceso de fascistización de la política latinoamericana, aunque dicho proceso siga siendo objeto de una intensa disputa social y política.

También cabe destacar el hecho de que las fuerzas neoliberales de carácter neofascista, con fuerte influencia en la política latinoamericana, han recurrido cada vez más a discursos y prácticas típicas de un nacionalismo capitulacionista, al combinar la retórica nacionalista con el apoyo explícito a la intervención de potencias extranjeras en los asuntos internos de sus propios países. Entre los ejemplos más significativos se encuentran las declaraciones de María Corina Machado defendiendo un mayor apoyo de Estados Unidos a la oposición venezolana y insinuando una amplia apertura a la explotación de los recursos petroleros del país; la actuación de miembros de la familia Bolsonaro en defensa de las medidas arancelarias de Estados Unidos contra Brasil como forma de presionar al gobierno de Lula, llegando, en las manifestaciones del Día de la Independencia en Brasil, a utilizar una gran bandera de EE. UU. (2025) y un muñeco inflable de Trump capturando a Lula (2026); y la actuación del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, quien ha promovido campañas de oposición al gobierno de Sheinbaum y ha buscado estrechar relaciones con el gobierno de Trump.

Además de este marcado nacionalismo capitulacionista, se observa un estrechamiento de las relaciones entre sectores de la extrema derecha latinoamericana y el sionismo. Este acercamiento se manifiesta no solo por la presencia recurrente de banderas de Israel en movilizaciones callejeras, sino también a través de encuentros políticos, declaraciones públicas e iniciativas de cooperación con representantes del Estado de Israel y de organizaciones sionistas. Desde la perspectiva aquí adoptada, este alineamiento expresa la convergencia entre estas fuerzas y un proyecto político que asocia al actual gobierno israelí con prácticas de guerra, ocupación y violencia estatal consideradas compatibles con tendencias contemporáneas de carácter neofascista.

Concluyo señalando que, para las fuerzas situadas en el campo democrático-popular o nacional-popular, la defensa de la soberanía nacional, en contraposición a las agresiones imperialistas de Estados Unidos y al nacionalismo capitulacionista de sus aliados locales, vuelve a situarse como una cuestión estratégica. Cada vez que esta agenda se ha situado en el centro de la contienda política, ha demostrado una gran capacidad de movilización y una amplia penetración social. Esto se pudo observar en las grandes movilizaciones convocadas por Claudia Sheinbaum, en México, y por Gustavo Petro, en Colombia, en respuesta a las amenazas y presiones del gobierno de Trump y en defensa de la soberanía nacional. En Argentina, los movimientos populares también organizaron movilizaciones contra el proyecto del gobierno de Milei que buscaba flexibilizar las restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros, recurriendo a consignas como «la patria no se vende». En Bolivia, las manifestaciones organizadas por los movimientos populares contra el gobierno de Rodrigo Paz y en defensa de la soberanía nacional sobre los recursos naturales del país también pusieron de manifiesto esta capacidad de movilización. En el propio contexto brasileño, la defensa de la soberanía nacional ha contribuido a reducir los efectos de la postura defensiva y desmovilizadora que ha caracterizado históricamente al lulismo y a hacer frente al programa de entrega del bolsonarismo.

Los desafíos que plantea el enfrentamiento con movimientos reaccionarios de masas de carácter neofascista, comprometidos con la defensa de una agenda neoliberal ortodoxa, son de gran envergadura. Superarlos exige la construcción de un movimiento popular de masas capaz de articular la lucha por la igualdad social con la defensa de la soberanía nacional, replanteando ambas como ejes centrales de la disputa política en América Latina.