Por: Zhao Boyuan
“El colonialismo digital es una amenaza real e inmediata; en manos de unos pocos países y empresas, los algoritmos se han convertido en un instrumento de dominación”, advirtió el presidente de Brasil, Inacio Lula da Silva, en un foro internacional realizado este año en Brasilia. Sus palabras definieron la política que Estados Unidos viene desplegando en América Latina y el Caribe (ALC) para asegurar que la infraestructura tecnológica, el manejo de datos y los algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) queden bajo el control de Washington. El objetivo, según sus críticos, es subordinar las capacidades soberanas de la región a un esquema de alineación exclusiva.
Estados Unidos ha profundizado esta lógica de dominación a un nivel de sistematización que fue más allá del programa Clean Network, impulsado durante la anterior gestión de Donald Trump. Aquella política estaba enfocada básicamente en el software, los servicios y la infraestructura digital visible. La actual arquitectura de Pax Silica — la iniciativa lanzada en diciembre de 2025 que ya suma más de dos docenas de signatarios, desde la Unión Europea y Japón hasta India, Corea del Sur y Australia — clasifica el silicio, las telecomunicaciones y los centros de procesamiento de datos en la categoría de seguridad nacional, abandonando la retórica del libre mercado para aplicar un esquema de estricto alineamiento.
Con sus diferencias y matices, Clean Network y Pax Silica responden a una misma lógica que condiciona el acceso al ecosistema estadounidense a la decisión de rechazar a los proveedores considerados de alto riesgo, un eufemismo para vetar todo lo procedente de China.
En este esquema, Panamá se ha convertido en un nodo crítico en la región. Su adhesión a Pax Silica, junto a Argentina, Chile, Costa Rica y El Salvador, garantizó que el tránsito de insumos por el estratégico Canal de Panamá — por el que pasa el 5 % del comercio marítimo mundial y el 40 % del volumen de transporte de contenedores de EE UU— cumpla con los estándares de seguridad fijados por Washington.
La dimensión geopolítica pasa por asegurar que la cadena de suministro tecnológica que abastece a ALC no incluya componentes provistos por empresas chinas que se encuentran bajo sospecha dentro de la doctrina de seguridad digital que Estados Unidos viene imponiendo en la región.
En Brasil, el denominado sistema Pix desplazó la intermediación de los gigantes estadounidenses Visa y Mastercard, y de las plataformas de pago de las grandes empresas tecnológicas. Con cientos de millones de usuarios registrados y un volumen transaccional que supera ampliamente al de las tarjetas de crédito y débito combinadas, el programa desarrollado y gestionado por el Banco Central demostró que un sistema público, gratuito y soberano es posible.
La respuesta de Washington llegó en julio pasado, cuando la administración Trump impuso un arancel adicional del 25% a determinados productos brasileños, justificando la medida en las políticas del país sobre comercio digital y servicios de pagos electrónicos, entre otros fundamentos.
Costa Rica ilustra una dinámica distinta, la de una alineación anticipada. En agosto de 2023, antes de que Pax Silica existiera, el gobierno de Rodrigo Chaves reglamentó la ciberseguridad para redes 5G exigiendo que los proveedores de infraestructura crítica pertenecieran a países signatarios del Convenio de Budapest. Dado que China no es signataria, el decreto excluyó de facto a Huawei y ZTE. Tres años después, Costa Rica formalizó su adhesión a Pax Silica.
Además de estas maniobras, Washington utiliza agencias como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional para ofrecer paquetes de financiamiento blando y créditos para el despliegue de redes 5G. La condición que se impone a los países es que sus operadoras locales utilicen proveedores “confiables” como Ericsson, Nokia o Samsung.
La disputa también alcanza a la computación en la nube, con gigantes estadounidenses como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud que han impulsado centros de datos en mercados clave como Chile, Querétaro en México y São Paulo en Brasil. Las presiones de Washington apuntan a restringir el uso de Huawei Cloud y Alibaba Cloud en sectores estratégicos como defensa, finanzas y administración gubernamental.
Mientras algunos países latinoamericanos cedieron sus marcos regulatorios para actuar como enclave seguro de la arquitectura estadounidense, las principales economías de la región buscan frenar la pretensión de exclusividad, conscientes de que la pérdida de neutralidad tecnológica implica renunciar a su propio margen de autonomía geopolítica.
Hubo una época en que Washington impulsó en América Latina una doctrina de seguridad nacional para combatir la amenaza comunista en la región. Varias dictaduras latinoamericanas adoptaron ese marco para justificar la persecución política y una represión que dejó miles de asesinados y desaparecidos. Fue la lógica de la Guerra Fría. Hoy, cuando la disputa se traslada a los algoritmos, los chips, los datos y las redes, la seguridad cambia de escenario. La nueva frontera pasa por el control de las capacidades digitales.
La discusión, en definitiva, excede si el silicio tiene su origen en Silicon Valley o Shenzhen. Para América Latina, y para gran parte del mundo, la cuestión pasa por si los países conservan su soberanía digital o, en el caso que la hayan perdido, están dispuestos a hacer algo para recuperarla.
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