En las diez semanas transcurridas desde que el multimillonario abogado Abelardo de la Espriella asumió la presidencia de Colombia, el país ha experimentado un viraje político crucial en materia de soberanía nacional: una vuelta —y una posible profundización— a su histórica posición de subordinación frente a Estados Unidos.

A menos de una semana del cambio de mando, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció una reconfiguración mayor en la cooperación militar entre ambos países al declarar que De la Espriella había aprobado un acuerdo para realizar operaciones conjuntas en territorio colombiano. Hacia fines de mes, el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), el general Francis Donovan, ya se había reunido con los máximos mandos militares de Colombia para planificar esas operaciones conjuntas contra grupos armados. Desde entonces se han sucedido reportes —algunos confirmados de forma directa por el gobierno colombiano y el propio Comando Sur— sobre la presencia activa de tropas y aeronaves estadounidenses en el país.

La perspectiva de una renovada presencia militar de Washington encendió las alarmas en amplios sectores de la sociedad colombiana, en particular dentro de una izquierda con una larga tradición de resistencia al intervencionismo estadounidense en la región. La política de De la Espriella enfrenta así un escrutinio y una oposición crecientes. El líder opositor Iván Cepeda presentó una denuncia formal ante los tribunales colombianos argumentando que las decisiones del presidente respecto a las operaciones militares conjuntas vulneran los derechos políticos de la ciudadanía.

El regreso del puño de hierro

La presencia militar estadounidense suele justificarse mediante la retórica de la defensa y la seguridad, una narrativa que encubre los intereses estratégicos subyacentes. Colombia no solo representa un aliado regional clave para Washington, sino también una fuente decisiva de recursos naturales como petróleo y carbón.

El imperialismo estadounidense en Colombia había sido confrontado, aunque de manera desigual, por la gestión progresista de Gustavo Petro, especialmente en su enfoque frente a la injerencia militar extranjera y la resolución del conflicto armado. A través de la política de «Paz Total», el gobierno de Petro intentó distanciarse del esquema militarista respaldado por Estados Unidos para avanzar hacia soluciones negociadas con las distintas organizaciones armadas. Sin embargo, este intento tropezó con límites severos: tanto por las propias deficiencias del ejecutivo progresista para concretar su agenda de paz como por la presión sistemática de las facciones más poderosas de la clase dominante tradicional. Los reveses resultantes terminaron pavimentando el camino para esta nueva ofensiva militarista, que alinea otra vez a Colombia con el doctrina histórica que ha vertebrado la injerencia estadounidense en el país.

La trascendencia de los últimos hechos no pasa únicamente por la reactivación de una cooperación militar estrecha con Estados Unidos. Al fin y al cabo, Bogotá ha mantenido vínculos militares directos con Washington desde mediados del siglo XX. Lo verdaderamente novedoso, y alarmante en términos de soberanía, es la disposición explícita del nuevo gobierno a autorizar operaciones militares directas de tropas estadounidenses en suelo nacional. Más aún: al carecer de poder de coalición y de las redes clientelares de los partidos tradicionales, De la Espriella ni siquiera ha solicitado la autorización del Senado; un requisito fijado taxativamente por la Constitución colombiana hasta para el mero tránsito de tropas extranjeras.

¿En qué se diferencia esta incursión de las anteriores?

Colombia ha sido históricamente uno de los aliados militares más estrechos de Estados Unidos en América Latina. Durante décadas, Washington le ha transferido más equipamiento y capacitación del Departamento de Defensa que a cualquier otro país de la región, además de mantener asesores estadounidenses enquistados en las fuerzas armadas y los organismos de seguridad. Esta relación institucionalizada se remonta al menos a 1949, cuando Estados Unidos estableció misiones formales del ejército y la fuerza aérea en el país.

Sin embargo, ese vínculo nunca se limitó al adiestramiento y la asesoría formal. Desde los años cincuenta, la asistencia militar estadounidense se convirtió en un pilar permanente de las campañas de contrainsurgencia. Y aunque Washington y Bogotá siempre sostuvieron que dicho apoyo buscaba garantizar la seguridad regional y combatir a las bandas criminales, en la práctica funcionó como un dispositivo clave para la persecución de dirigentes y movimientos políticos de izquierda.

Una de las primeras acciones conjuntas fue la sangrienta ofensiva militar de 1955 contra el campesinado insurgente en Villarrica, donde la Fuerza Aérea Colombiana utilizó aviones estadounidenses para bombardeos masivos. Washington aportó además varios asesores militares para una operación que dejó un saldo masivo de víctimas y más de cien mil campesinos desplazados.

Con el tiempo, el alcance del involucramiento estadounidense no hizo más que profundizarse. La firma del Plan Colombia en el año 2000 escaló la asistencia militar de Washington a niveles sin precedentes. Su objetivo oficial era la lucha contra el narcotráfico, pero la ayuda se articuló de inmediato con la estrategia contrainsurgente contra las guerrillas. El respaldo incluyó pertrechos militares, entrenamiento, inteligencia y fortalecimiento institucional. Con todo, la propia legislación estadounidense prohibía explícitamente que el personal militar y los contratistas civiles participaran en acciones directas de combate.

En la práctica, esa frontera se volvió cada vez más difusa. Hacia finales de los noventa, los sistemas de inteligencia y la selección de objetivos militar de EE. UU. estaban integrados en el corazón de las operaciones colombianas, con participación de tropas de operaciones especiales. No obstante, en el plano formal se mantenía un modelo en el cual las fuerzas colombianas ejecutaban los combates y Estados Unidos aportaba inteligencia y soporte logístico.

Lo inédito de lo ocurrido a partir del 7 de agosto es la ruptura definitiva de esa distinción histórica. La discusión no pasa por constatar si Estados Unidos ha intervenido militarmente en Colombia —un dato incontestable de la historia reciente—, sino por el salto cualitativo hacia una intervención directa: tropas estadounidenses desplegadas junto a efectivos locales en operaciones dentro del territorio colombiano.

Despliegue de tropas e incursión territorial

Existe al menos un hecho donde la presencia de aeronaves y tropas estadounidenses fue confirmada sin la preceptiva autorización del Senado. A finales de agosto, tres helicópteros Venom del Cuerpo de Marines de Estados Unidos con contingentes militares ingresaron al espacio aéreo colombiano y desembarcaron en el puerto de Tumaco, sobre la costa del Pacífico. El propio Comando Sur hizo públicas las imágenes del operativo definiéndolo como un «reconocimiento operativo del terreno» en el marco del despliegue de las «fuerzas militares estadounidenses en su área de responsabilidad, en apoyo a la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental». Según la versión oficial de Washington, la presencia busca combatir el narcotráfico y a los grupos armados considerados una amenaza para Estados Unidos y sus aliados.

En el marco de esa misión, el general Donovan se reunió con la cúpula militar colombiana. Reportes locales confirmaron que las naves y el personal estadounidense trasladaron a Donovan a sus reuniones en Colombia y, posteriormente, lo llevaron junto a altos mandos colombianos hacia un encuentro en Ecuador para luego retornarlos. Es decir: la incursión militar estadounidense en Colombia contó con la explícita anuencia y autorización del ejecutivo nacional. El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, declaró tras la reunión que la visita «reafirma el compromiso de seguir trabajando juntos contra los narcoterroristas, los cárteles y todas las organizaciones criminales que buscan sembrar la violencia».

Diversas investigaciones han demostrado que las políticas militarizadas contra las drogas suelen fracasar en la reducción del cultivo de coca a largo plazo: en lugar de erradicarlo, desplazan la producción hacia nuevas zonas, agudizan el conflicto armado y ponen en riesgo la vida de las comunidades rurales y afrodescendientes.

Pero el valor estratégico del despliegue militar estadounidense en el Pacífico sur colombiano excede la agenda antinarcóticos. Tumaco no solo es un puerto comercial de relevancia, sino la terminal sobre el Pacífico del oleoducto transandino que conecta la infraestructura petrolera colombiana con la de Ecuador. Su peso en el comercio energético y de materias primas, sumado a la creciente injerencia de Estados Unidos en la agenda de seguridad binacional entre Colombia y Ecuador, devela los verdaderos intereses geoeconómicos y geopolíticos en juego.

A esto se suma otro hecho relevante —cuyos detalles precisos aún restan confirmarse— ocurrido el 15 de septiembre en el Catatumbo, al noreste del país. Allí, las Fuerzas Armadas colombianas ejecutaron una misión para rescatar a ocho rehenes en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Aunque ni De la Espriella ni los comunicados oficiales mencionaron intervención extranjera, el coronel Fabio Ojeda, al mando de una de las unidades operativas, confirmó luego que el Comando Sur había participado en las acciones. Diversos trascendidos señalan el uso de drones estadounidenses durante el operativo.

Ante la seguidilla de anuncios y la velocidad con la que las fuerzas de EE. UU. multiplican su presencia en el país, el gobierno parece avanzar hacia un esquema calcado al de Ecuador bajo la gestión del mandatario de extrema derecha y aliado incondicional de Washington, Daniel Noboa. En Ecuador, la presencia militar estadounidense incluye hoy tropas fuertemente armadas operando de manera directa en el territorio en misiones antinarcóticos.

La resistencia en el Congreso

En Ecuador, la administración de Noboa apeló a una triquiñuela legal para eludir las trabas constitucionales a la presencia militar extranjera: argumentó que las operaciones de las tropas estadounidenses son «temporales» y que, por lo tanto, no violan las normas orientadas a prohibir la instalación de bases o infraestructuras permanentes.

La Constitución colombiana, en cambio, es mucho más tajante en su artículo 173, numeral 4, al exigir expresamente la autorización previa del Senado para el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. Además de repudiar el acuerdo de cooperación militar anunciado por Hegseth, los referentes de la oposición han reaccionado con firmeza ante la presencia no autorizada de tropas y aeronaves norteamericanas. Iván Cepeda, quien perdió la presidencia frente a De la Espriella por una diferencia de doscientos mil votos, interpuso una acción de tutela contra el ejecutivo por las operaciones no autorizadas en Tumaco.

El recurso legal de Cepeda es la acción de mayor perfil, pero se suma a una ofensiva judicial más amplia emprendida por la bancada del Pacto Histórico, con acciones promovidas también por dirigentes como Walter Aguirre y el representante Erick Velasco. Velasco, de hecho, llevó al gobierno a los tribunales ante la negativa de los ministerios de Defensa y Cancillería a responder pedidos de informe sobre el tema. El 21 de septiembre, la justicia le dio la razón al congresista y le ordenó al ministro de Defensa responder en un plazo de 48 horas, orden que el gobierno todavía se niega a acatar.

¿Un Plan Colombia 2.0?

Cuando se aprobó e implementó el Plan Colombia original a comienzos de siglo, la izquierda opositora distaba de tener la representación institucional con la que cuenta hoy. A pesar de la derrota presidencial, el Pacto Histórico se mantiene como la principal fuerza en el Congreso. Sin el monopolio político del que gozó la derecha durante los años dorados del Plan Colombia, el gobierno de De la Espriella enfrenta un Poder Legislativo donde la oposición cuenta con peso numérico y herramientas constitucionales para frenar los abusos del ejecutivo.

Ahí radica la trascendencia del conflicto en curso. Las demandas judiciales impulsadas por Cepeda, Velasco y otros legisladores pueden parecer acotadas ante un gobierno decidido a imponer su agenda de seguridad a cualquier costo. Sin embargo, lo que está en juego excede la legalidad de un operativo puntual: lo que se pone a prueba es la capacidad real de las instituciones constitucionales colombianas para ponerle un freno efectivo al ejecutivo cuando entra en juego el poder militar de una potencia extranjera.

Por otro lado, la fuerza de estos reclamos institucionales descansa en la articulación con el movimiento popular: las organizaciones de base, los colectivos antiimperialistas y los millones de votantes que respaldaron al Pacto Histórico. La administración de De la Espriella no solo enfrentará resistencia en las bancadas del Congreso, sino también en las calles, de la mano de un movimiento social con una larga trayectoria de lucha en defensa de la soberanía.

Consciente de esta reactivación popular contra sus políticas, el gobierno ya aprobó un decreto que otorga facultades extraordinarias a la policía para reprimir «protestas violentas». La figura está definida de forma tan vaga e imprecisa —incluyendo cualquier «alteración a la infraestructura crítica»— que abre la puerta a una criminalización directa de la protesta social.

Las acciones legales de la oposición definirán el alcance real de los límites constitucionales frente a la injerencia militar extranjera y pondrán a prueba la solidez del sistema de pesos y contrapesos institucional ante un gobierno dispuesto a forzar las normas al límite. Pero si esos diques institucionales ceden, la batalla no se agotará en los tribunales ni en los recintos parlamentarios. Colombia posee una tradición histórica de resistencia popular contra la injerencia extranjera, y cualquier intento de avasallar la soberanía nacional encontrará su respuesta más contundente en las calles, allí donde tantas veces se ha conquistado la autodeterminación.