Fuente: Rebelión
En el marco de la red de LatamChequea, Criterio.hn comparte el presente artículo del medio, El Surti sobre la descomunal estafa financiera que ha dejado a millones de paraguayos sin acceder a sus ahorros y la destitución del presidente de este país, Santiago Peña, mediante un juicio político por su involucramiento en este hecho.
El martes 3 de noviembre de 2026, casi 3 millones de paraguayos -cerca de la mitad de la población- amanecieron sin poder contar con su dinero. A las 3:24 de la madrugada, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció en X el cierre de Ueno Bank, un banco digital vinculado al presidente Santiago Peña, por falta de solvencia. Los ahorros de miles de familias se encontraban depositados allí, así como 800 millones de dólares de fondos públicos.
Ese mismo día, la Fiscalía emitió una orden captura para ocho directivos del banco a partir de una denuncia del BCP; el principal señalado es Federico Miguel Vázquez, vicepresidente primero de Ueno y fundador y accionista mayoritario del Grupo Vázquez -un conglomerado de al menos 28 empresas que forman parte de un presunto esquema de captación y estafa del banco-.
El miércoles 4 de noviembre, la Fiscalía imputó por delitos de conducta indebida en situaciones de crisis y lesión de confianza a 27 directivos del grupo, incluyendo a los primeros ocho. Por la tarde, diputados de la oposición presentaron el proyecto de juicio político contra Peña y, en las calles de la capital, la Policía reprimió a manifestantes con balines de goma, gases lacrimógenos y carros hidrantes.
A las 10 de la mañana del jueves 5 de noviembre, la Cámara de Diputados inició el juicio político para destituir al presidente. Pero a las 13.30 de la tarde, Peña renunció antes de que lo echen. El Senado intentó aceptar su renuncia, pero ganó la línea del juicio político, que continúa este viernes. A la par, un Juez decidió que los ocho directivos de Ueno fueran a la cárcel de forma preventiva.
La misma mañana del jueves, senadores de la oposición presentaron una denuncia contra Peña en la Fiscalía de Delitos Económicos, la misma que investiga a los directivos de Ueno Bank. “Que se lo impute y confisquen sus bienes. La plata que robaron se debe recuperar y con esa pagar a la gente”, dijo la senadora opositora Esperanza Martínez. La denuncia también incluye a miembros del directorio del BCP, como Carlos Carvallo Spalding, que fue directivo de Ueno Bank antes de asumir la presidencia de la banca pública durante el gobierno de Peña.
Si la investigación de la Fiscalía prueba los delitos atribuidos a los directivos de Ueno y el Grupo Vázquez, así como la complicidad de Santiago Peña y miembros del BCP, este caso sería igual o mayor al del Banco Máster en Brasil, vinculado a los Bolsonaro y que afectó a casi 2 millones de brasileños. Existe, además, un temor latente por la profundización de una crisis social y económica con diversas ramificaciones a mediano y largo plazo.
Las maniobras que permitieron un esquema de estafa con fondos públicos
El crecimiento de Ueno Bank y el Grupo Vázquez fue meteórico. En menos de un lustro alcanzó una cartera de millones de clientes. Pero este crecimiento fue asistido por el poder político desde la asunción de Santiago Peña como presidente de la República en agosto de 2023. Desde entonces, varias maniobras legales y políticas permitieron el crecimiento de este grupo económico:
Manipulación de normas del Instituto de Previsión Social a favor del banco Ueno. A tres meses de que asumiera Peña, el diario Abc Color denunció que el consejo de la institución de seguridad social bajo las exigencias para que un banco reciba sus fondos, lo que permitió que Ueno calificara. Un año después, también se eliminó el límite de patrimonio que el IPS podía depositar en un banco. Ueno se quedó con cerca de 350 millones de dólares del FondoComún de Jubilaciones y Pensiones, cerca del 9% del dinero de los actuales y futuros jubilados. Ahora, con el cierre del banco, se desconoce el destino ese dinero y con qué mecanismos se podrá recuperar.
Modificación de la ley de conflictos de intereses y puertas giratorias. A finales de 2023, el Congreso cercenó la ley de conflicto de intereses, lo que facilitó la inclusión de exfuncionarios del banco Ueno y Banco Basa -del expresidente Horacio Cartes- en puestos estratégicos de la economía y la repartija de licitaciones al grupo Vázquez, donde Peña tenía acciones. El propio Peña es un caso de puertas giratorias: fue miembro del directorio del BCP, ministro de Hacienda en el gobierno Cartes, posteriormente director de banco Basa y luego presidente de la República.
El crecimiento acelerado del banco. En noviembre de 2021, el Grupo Vázquez adquirió Financiera El Comercio, que tenía más de 40 años en el mercado. Un mes después, con la aprobación del BCP, pasó a llamarse Ueno. En eseentonces, Carlos Carvallo Spalding era presidente de la financiera y Federico Miguel Vázquez el CEO. Con la asunción de Peña a la presidencia en 2023, Carvallo Spalding asumió como presidente del BCP. Para noviembre del mismo año, el BCP, con Carvallo al frente, autorizó que Ueno comience a operar como banco.
Las acciones del presidente en Ueno Holding. En 2019, Peña era accionista de Credicentro, una casa de créditos del Grupo Vázquez, que en 2022 pasó a llamarse Ueno Holding. En 2023, Peña cuadruplicó sus acciones, llegando a tener 6 mil millones de guaranies en la empresa (alrededor de 1 millón de dólares al cambio actual), según publico El Surti. En marzo de 2025, tras las constantes denuncias en medios, el presidente anunció la venta de sus acciones.
Favoritismo en licitaciones del Estado para el Grupo Vázquez. De agosto de 2023 a agosto de 2026, el Grupo Vázquez fue adjudicado en 145 licitaciones públicas por un total de cerca de 40 millones de dolares. El Surti revelo en 2024 que solo ITTI, empresa tecnológica del grupo, ya había sido beneficiada con más adjudicaciones que el gobierno anterior, entre ellas el desarrollo del homebanking del Banco Nacional de Fomento y la conexión de las bases de datos financieros para Che Róga Pora, política pública de acceso a la vivienda.
Las consecuencias de la crisis recaen sobre miles de trabajadores
Millones de paraguayos sin dinero. Los ahorros de 2,9 millones de paraguayos que tenían cuentas en Ueno fueron afectados. Entre ellos, 32 mil jubilados. El gobierno ha dispuesto recurrir a un fondo de garantías -mecanismo de protección de ahorros bancarios dispuesto por ley- para devolver su dinero a ahorristas con hasta 75 salarios mínimos, aproximadamente 37 mil dólares.
Despidos masivos en el Grupo Vázquez y Ueno Bank. Con el cierre del banco, el Grupo quedó sin capital. Todos los trabajadores del banco y empresas vinculadas cobraban sus salarios a través de Ueno. Aún no hay consenso, pero el número de afectados ronda 4 mil y 6 mil trabajadores. Entre ellos, 200 de prensa que quedaron sin empleo y presentaron una demanda colectiva contra el Grupo Vázquez.
Trabajadores en el extranjero a la deriva. La empresa ITTI del Grupo Vázquez tiene una sucursal en Argentina con cerca de 800 trabajadores contratados por la empresa Kaitel SRL. Tampoco saben qué pasará con sus puestos de trabajo o indemnizaciones.
Así se urdió el sistema que acaparó fondos públicos para un grupo económico
Entre 2025 y 2026, el directorio de Ueno autorizó préstamos millonarios a empresas que pertenecían al mismo grupo económico que lo controlaba. Los préstamos se dieron sin garantías y por montos muy superiores a lo que esas firmas podían pagar. Ese dinero terminaba en otras compañías del Grupo Vázquez.
Para la Fiscalía, la figura central es Federico Miguel Vázquez, que era al mismo tiempo dueño final del banco, su vicepresidente y quien controlaba las empresas que recibían los fondos
El control del banco pasaba por una cadena de sociedades. El dueño directo de Ueno Bank es U Paraguay S.A., con el 91,21% del capital, según la calificadora FIX. A su vez, U Paraguay pertenece a U Holdings, una sociedad que el Grupo Vázquez constituyó en Luxemburgo 45 días después de que Santiago Peña asumiera la presidencia del país. En ese holding europeo, el Grupo Vázquez tenía el 86,73% del capital, el banco OTP -el mayor banco de Hungría- el 9,99%, yel resto pertenecía a accionistas minoritarios. Francisco Peña, hermano del presidente, tenía acciones en la sociedad de Luxemburgo.
Con la intervención, la Justicia ordenó embargos preventivos por USD 70 millones y 1,62 billones de guaraníes sobre bienes de directivos y de U Paraguay, U Holdings y el Grupo Vázquez.
Aparte de esa cadena está Ueno Holding, donde Santiago Peña tenía acciones. Entre sus accionistas figuraban el Grupo Vázquez, Ueno Seguros e ITTI.
En el centro del circuito del dinero aparece ITTI, la empresa tecnológica del grupo. Sus accionistas eran el Grupo Vázquez, Ueno Seguros y el propio Ueno Bank, que tenían casi el 17% de la empresa: unos 68.000 millones de guaraníes u 11 millones de dólares al cambio actual. El banco no solo le hacía llegar dinero a ITTI a través de los préstamos, sino que además era su socio.
ITTI cumplía tres papeles. Primero, era dueña, junto con el Grupo Vázquez, de varias de las firmas que pidieron los préstamos, y se desprendió de ellas justo antes o poco después de que recibieran los créditos. Segundo, era el destino principal del dinero. Tercero, era la que pagaba las deudas directa o indirectamente.
Según la Fiscalía, el esquema era circular. Las deudas no se pagaban con lo que ganaban las empresas deudoras, sino que se cancelaban con plata que llegaba de otras firmas del mismo grupo, sobre todo de ITTI y de las procesadoras de pagos Red Digital, a veces sacada de nuevos sobregiros del propio banco.
Según la imputación, el banco ocultó al supervisor que se había pasado de los límites legales de crédito a partes relacionadas. Cuando la Superintendencia de Bancos insistió, Ueno vendió una cartera de USD 74,4 millones a otra empresa vinculada, Vinanzas S.A., que la pagó con fondos que, rastreados, venían en última instancia del mismo Ueno Bank.
La Fiscalía calcula que todavía quedan por cobrar unos USD 167 millones y 343.000 millones de guaraníes, con escasas posibilidades de recuperarlos. Eso pone en riesgo el dinero de los ahorristas y los fondos públicos depositados en el banco.
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