Gualeguaychú cuenta las horas que faltan para que los asambleístas comiencen a debatir el levantamiento del corte de la ruta internacional 136, instalado hace más de tres años en el paso fronterizo entre Argentina y Uruguay. Entre las condiciones que los ambientalistas pondrían para suspender el piquete se cuentan el ingreso de técnicos argentinos en la planta de UPM (ex Botnia) y el control binacional de la cuenca del río Uruguay. También solicitarían que se retire la denuncia judicial contra los asambleístas identificados.
El intendente local Juan José Bahillo se mostró optimista con la nueva estrategia de los ambientalistas. Quitar el «obstáculo» que hoy implica el corte permitiría -dijo- «lograr el monitoreo de Botnia», porque el cierre del puente «es un impedimento para avanzar en ese sentido». Por su parte, algunos integrantes el Movimiento Pro Liberación de la ruta 136 -uno de los grupos de vecinos que impulsaron el reclamo judicial por el levantamiento- anunciaron que participarán de la asamblea para votar por el final del bloqueo.
A las 20.30 se abrirá la discusión con una convocatoria ampliada de la asamblea, en el céntrico Club Frigorífico. El punto central será definir la continuidad o el final del bloqueo que hace 43 meses la Asamblea Ciudadana Ambiental mantiene en el kilómetro 28 de la ruta 136. Una opción que, en las últimas horas, fue impulsada por la escalada judicial que adquirió el conflicto.
Según pudo saber Página/12, los ejes sobre los cuales girarán las demandas de los ambientalistas estarán centrados en los puntos que vienen reclamando al Gobierno, pero esta vez la «moneda de cambio» será el piquete en Arroyo Verde. Una exigencia será el monitoreo conjunto de la cuenca del río Uruguay y el ingreso de técnicos argentinos en la planta de UPM para extraer muestras para su posterior análisis.
La aplicación del Código Aduanero para evitar el paso por territorio argentino de sustancias tóxicas que utiliza la planta y el reclamo de que los directivos de Botnia acusados por contaminación comparezcan ante el juzgado de Gustavo Pimentel en Concepción del Uruguay son los pedidos que más pueden llegar a tensar la relación bilateral, por fuera de las gestiones de la Comisión Administradora el Río Uruguay (CARU) para sentar las condiciones del monitoreo dispuesto por el tribunal de La Haya.
El retiro de la denuncia contra al menos diez referentes del colectivo ambientalista será el último pedido que se agregaría al listado.
No hay aún consenso acerca de cómo se instrumentará la liberación del paso fronterizo en caso de ser votado de forma afirmativa. Algunos propondrán un lapso de sesenta días en los que permanecerán a la vera de la ruta para evaluar las gestiones gubernamentales. Otros sugieren una flexibilización parcial los fines de semana, o limitadores de altura, para evitar el paso de camiones y de micros.
Varios integrantes de la Asamblea creen que, si se levanta el corte, los vecinos que presentaron la demanda inicial podrían retirar la acusación, algo que desde el Movimiento Pro Liberación no descartaron. En Ciudadanos Movilizados, la otra agrupación que reclamó el fin del bloqueo al juez Pimentel, prefirieron no hacer comentarios al respecto y aseguraron que no participarán de la asamblea. No obstante, todos, incluso desde el Uruguay, tendrán los ojos puestos en lo que sucederá esta noche.
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