Por: Andrés Soliz Rada
Las coincidencias entre el ultra indigenismo y el autonomismo extremo son sorprendentes. El primero de ellos incluyó en la nueva Constitución la propiedad de las supuestas 36 naciones originarias sobre los recursos naturales renovables y el virtual veto para la explotación de los no renovables. El segundo (especialmente el estatuto autonómico de Santa Cruz), determinó la titularidad de la región sobre los mismos. El indigenismo consiguió que las justicias comunitarias tengan la misma jerarquía que la justicia ordinaria. El citado estatuto definió que la Corte del Distrito dicte sentencias inapelables en materia agraria. Autonomistas e indigenistas a ultranza usan el término fronteras, en lugar de límites, entre departamentos, regiones y municipios, como si pertenecieran naciones distintas. Para ambos el Estado es el enemigo al que hay que destruir.
La rememoración de los 500 años de la llegada de los españoles, canalizada por las ONGs, facilitó la elección de Felipe Quispe, como líder de la la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), desde donde pretendió hablar de presidente a presidente con los jefes de Estado de turno, en tanto su cerco a la ciudad de La Paz provocaba la escasez de alimentos, seguida de la amenaza de cortar los suministros de agua potable. Varias de sus consignas de lucha fueron recogidas por la Constitución de 2009.
En el 2008, siete de los nueve prefectos del país (hoy gobernadores), eran opositores. Los referendo por estatutos autonómicos, convocados ilegalmente, fueron aprobados, según sus organizadores, con el 86 % de votos en Santa Cruz, 83 % en Pando, 80 % en Beni y 79 % en Tarija. La Luna Media” ampliada con Chuquisaca y Cochabamba controlaba dos tercios del territorio nacional. La exigencia de acortar el mandato de Evo Morales (como ocurrió con Hernán Siles Zuazo) parecía imponerse. Los cívicos tarijeños cerraron el gasoducto de exportación a la Argentina. La toma de instituciones por la Unión Juvenil Cruceñista era incontrolable. Había amagos de amotinamiento en la Fuerza Aérea y la lealtad de la Fuerza Naval estaba en duda. Sólo contamos con los “plomos” (el Ejército), habría dicho Evo Morales, según Boris Miranda, autor de “Mañana después de la guerra”.
Carlos Valverde Bravo, en su libro “Maten a Rozsa”, dice que en esas circunstancias “nadie en el oriente” habló de independencia. En años precedentes, su padre, Carlos Valverde Barbery, afirmaba que él no era separatista sino independentista. Olvida que José Céspedes, de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), coreaba la consigna “¡Independencia!”, según “El Deber” de Santa Cruz (18-06-05). Eduardo Rozsa declaró que buscaba independizar a Santa Cruz, pese a lo cual recibió el apoyo de importantes cívicos del departamento. El Presidente del Comité Cívico, Branco Marincovic, informó que había pedido al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la pacificación de Bolivia Lo anterior implicaba convertir a Santa Cruz en protectorado de la ONU. Igual posición asumió el prefecto Rubén Costas ante Begard Bye del mismo organismo (“Nuevo Día”, periódico de Branco, 13-09-08). Valverde Bravo no nombra en su texto a la separatista “Nación Camba”, cuyo portal está en Wikipedia.
En esas circunstancias, el prestigioso intelectual cruceño Roger Ortiz Mercado y mi persona suscribimos el manifiesto “Alto a la Desintegración de Bolivia”, en el que enfatizamos la vocación patriótica y unitaria del pueblo cruceño y de sus mejores historiadores, intelectuales y políticos y el aporte de su juventud en la guerra de la Independencia, en la guerra del Chaco, en la Revolución de 1952 y en las nacionalizaciones de nuestro gas y petróleo. “Rebelión”, 04-05-09). Por su parte, Evo, después de su triunfo en el referendo revocatorio de agosto de 2008 y de su reelección, en diciembre de 2009, optó por fortalecer el centralismo como el único camino para dejar sin efecto los artículos constitucionales que promueven la disgregación nacional, a través del indigenismo a ultranza, así como el separatismo autonomista.
A cinco años de esos sucesos, el país debe encontrar un positivo equilibrio, mediante una nueva Constitución, entre el indigenismo que enriquezca la interculturalidad y la unidad nacional y de las autonomías departamentales, que vean al Estado como socio y no como enemigo, al que deben destruir.
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