El universo de manosantas, curanderos, clarividentes y brujos se nutre de la demanda de clientes angustiados por motivos diversos. Todos ellos, más o menos inescrupulosos, están unificados por lo mismo: el fraude ante la desesperación. Pese a que no pocos depositan esperanzas en esos mercaderes del dolor físico o emocional, no son aceptados en el ambiente de las ciencias y ni políticos o referentes sociales se animan a proponer la formalización de esas actividades. En forma coloquial se los denomina chantas, algunos operando en la ilegalidad y otros en los límites. En el mundo de las finanzas también intervienen personajes y compañías que si no fuera porque están socialmente aceptados y cuya institucionalidad está admitida por el poder, se ubicarían en espacios cercanos a ese grupo observado. Las calificadoras de riesgos son entidades que sólo continúan operando porque han sido funcionales a fortalecer la hegemonía de las finanzas globales. Reúnen la complicidad de sus beneficiarios y de líderes políticos que no se animan a borrarlas del escenario del sistema financiero. El Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, ha sido contundente con las calificadoras. En una reciente columna de opinión publicada en The New York Times escribió: para muchos puede ser «reconfortante pretender que la crisis financiera fue causada solamente por errores honestos. Pero no fue así. Fue, en gran parte, el resultado de un sistema corrupto. Y las calificadoras de riesgo fueron una gran parte de esa corrupción».
La labor de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera (FCIC, por sus siglas en inglés), creada por el gobierno y el Senado estadounidenses, es muy importante para exponer el fraude de las calificadoras de riesgo. La sesión de la última semana ha tenido un resultado formidable: tres ex analistas de la calificadora Moody’s admitieron haber sido presionados por la gerencia para mejorar la nota de ciertos productos financieros en beneficio de sus emisores, que son los que pagaban por los servicios de esa agencia. Mark Froeba, ex vicepresidente de derivados de Moody’s, acusó a los directivos de la compañía de premiar con bonificaciones y ascensos a los analistas que cooperaban con la banca y castigar a los que no. «Usaron intimidación para crear un grupo de analistas dóciles con miedo a enfadar a los bancos de inversión y listos para cooperar en la mayor medida posible», declaró Froeba. Frente a esas declaraciones, el presidente de Moody’s, Raymond McDaniel, tuvo que admitir ante la Comisión que los errores en su sistema de análisis contribuyeron a la crisis financiera, al otorgar buenas evaluaciones a títulos hipotecarios de mala calidad.
Krugman ofrece un dato demoledor para las calificadoras de riesgo, negocio dominado por Moody’s, Standard and Poor’s y Fitch: los miles de títulos con garantía de las hipotecas subprime con la máxima calificación AAA en 1996 hoy están en un 93 por ciento degradados a la categoría de basura. No han sido pocos esos bonos emitidos. Moody’s «evaluó» más de 9000, según se informó en esa comisión del Senado estadounidense. En su columna del 21 de abril pasado, Krugman relata que esas agencias comenzaron como «investigadores de mercado» para que los inversores estudiaran la posibilidad de comprar bonos de deuda de empresas. Esa tarea se transformó en algo diferente: las agencias empezaron a ser contratadas por firmas y bancos para que brinden un sello de aprobación. Este «llegó a jugar un papel central en nuestro sistema financiero en su conjunto, especialmente para los inversionistas institucionales como los fondos de pensiones, que comprarían los bonos si y sólo si recibieran esa codiciada calificación AAA». Krugman dice que «era un sistema que parecía digno y respetable en la superficie. Sin embargo, produjo enormes conflictos de interés». Bancos y empresas que colocaban deuda podían elegir entre las principales calificadoras para obtener una nota AAA. Entonces esas agencias para incrementar su propia facturación aceptaban las condiciones del emisor, relajando las normas de evaluación. Así concedieron riesgo casi nulo a esos bonos de activos hipotecarios subprime, mercado que se derrumbó provocando la peor crisis financiera del mundo desarrollado después del crac del ’29.
Pese a ese comportamiento técnico desastroso y de fraude en sus operaciones, la opinión de las calificadoras es requerida por el mundo mediático dominante y por los grandes fondos de inversión en la evaluación de los países. En la debacle del euro están profundizando la crisis de España y Grecia al rebajar las notas de sus bonos soberanos y de la deuda emitida por empresas de esa nacionalidad, en una dinámica perversa de destrucción de esas economías vía ajustes más privatización y fuga de capitales acelerada por esas evaluaciones.
Con el análisis de la economía argentina alcanzan uno de sus despropósitos máximos. La casi nula consistencia, rigurosidad y profesionalidad se expresa con impunidad en la valoración para Argentina. Fue ubicada en el fondo de la tabla de 110 países que monitorea Moody’s con una nota «B3» para su deuda, cerca del grado de default. Una rápida recorrida por el mundo permite observar que muchas economías elogiadas están en situación desesperante. El vicepresidente para América latina de esa calificadora, con sede en Wall Street, Gabriel Torres, explicó en un seminario organizado en noviembre pasado, en Buenos Aires, que la principal razón por la que la Argentina tiene esta nota es «porque no encuentra la forma de resolver las cuestiones políticas con consenso. Esta situación les quita toda previsibilidad a sus decisiones». Para agregar que Argentina se encuentra entre los países más vulnerables debido a que «los problemas económicos se agrandan por la confusión política interna».
Torres no podía ser más evidente respecto de que Moody’s no se ocupa de evaluar la capacidad de pago de un país, sino que actúa como canal de trasmisión de los intereses de las finanzas globales y de las corrientes conservadoras del ámbito político local. El default, la renegociación con una elevada quita de capital y la ruptura con el FMI son el origen del castigo «político» de esa calificadora. Su objetivo debería ser estudiar las cuentas fiscales y externas para determinar el horizonte inmediato de pago de vencimientos de deuda. Si hicieran ese trabajo, neutralizando el sustrato ideológico-político de su conducta, debería elevar la nota teniendo en cuenta los pésimos indicadores económicos que registran otras economías que insisten en ponderar.
Ante semejante fraude, que Krugman menciona y el Senado estadounidense investiga, el gobierno tiene la oportunidad de incorporar una posición contundente en la próxima reunión del G-20 en Canadá, que reúne a las potencias económicas y a las principales emergentes. Los sectores más tibios ante la hegemonía de las finanzas globales plantean la necesidad de una mayor regulación de las calificadoras. Más efectivo para avanzar en la recuperación de la estabilidad financiera y macroeconómica sería inhibirlas de seguir operando en el mercado debido a que son un potente perturbador. Como es una posición que difícilmente pueda ser compartida por la mayoría, se presentaría entonces la opción de solicitar la exclusión de la deuda argentina del listado de las calificadoras, aunque siga siendo una exigencia de organismos de regulación del exterior y de inversores para adquirir bonos locales. Se sabe que los manosantas no tienen aceptación ni consideración por personas con un estado relativamente saludable.
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