Por: Alfredo Rada Vélez
Convocado el referéndum para febrero de 2016, sobre la reforma constitucional que permita una nueva postulación presidencial, las fuerzas políticas comienzan a definir sus estrategias. El liderazgo de Evo Morales sumado a los movimientos sociales indígenas, obreros y populares aglutinados en la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), apuntan a la continuidad y la profundización del proceso de transformaciones, para lo que debe triunfar el voto por el SI. Las oposiciones al gobierno de Evo, entre las que el proyecto que más avances políticos ha logrado en los últimos años es el derechista Movimiento Demócrata Social (MDS) del gobernador cruceño Rubén Costas, propugnan la conclusión del actual ciclo gubernamental, para lo que debe triunfar el voto por el NO.
La iniciativa de una reforma constitucional vino de los movimientos sociales confirmando que son el factor dinámico del proceso de cambio; entonces no es casual que la derecha les ataque sistemáticamente con denuncias de corrupción en el Fondo Indígena que involucran a dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas, salpicando luego con esas denuncias a organizaciones que nada tienen que ver con ese Fondo. Para aclarar esta manipulación es bueno saber que Conalcam reúne a tres bloques sociales: 1) Los sindicatos obreros estructurados en la Central Obrera Boliviana, que es la que más influencia tiene en la actualidad, donde destacan los trabajadores mineros y metalurgistas, los petroleros, los fabriles, los constructores y los obreros del sector de energía; 2) El Pacto de Unidad indígena campesino originario, que tiene la mayor presencia territorial y el mayor número de afiliados, pero ha sido golpeado por las mencionadas denuncias; 3) Los sectores populares no sindicalizados, donde están las juntas vecinales urbanas, las juntas escolares de padres y madres de familia, los transportistas, los cooperativistas y los microempresarios.
Otro infundado ataque a los movimientos sociales, especialmente obreros, es que la COB se habría convertido en una caja de resonancia del gobierno y que sus dirigentes “están vendidos al MAS”. Se trata de un grotesco argumento cuya falsedad quedó demostrada con la decisión que tomó la matriz sindical sobre la flexibilización del plazo de pago por cuatro meses del segundo aguinaldo. El rechazo cobista puso de manifiesto que pueden existir diferencias puntuales y tácticas con el gobierno, lo que no significa que queden invalidados los acuerdos estratégicos, como es por ejemplo impulsar de manera conjunta la campaña para ganar el referéndum del 21 de febrero.
Quiero acotar que el debate sobre el doble aguinaldo se da sobre la base de una ampliación de los derechos de los trabajadores que, como parte del despliegue del carácter nacionalizador y redistributivo del actual modelo económico, recuperaron a fines del 2013 un beneficio social que el neoliberalismo les arrebató con el Decreto 21060. ¡Qué distinta esta situación boliviana hoy comparada con la de varios países europeos donde los programas de ajuste aplicados por sus gobiernos son sinónimo de recortes salariales, despidos masivos y disminución de las pensiones jubilatorias!
Es cierto que hay un cambio en el escenario económico con el deterioro de algunas variables como la balanza comercial y la fiscal, por la caída del valor neto de nuestras exportaciones y el encarecimiento de nuestras importaciones por el fortalecimiento del dólar. Se trata de un nuevo contexto que advertí en un artículo (“Nuevo escenario económico y rol de los movimientos sociales”) publicado en febrero de este año.
Pero no ha sido afectado el núcleo del nuevo modelo económico que podemos resumir en: nacionalización – estabilidad – crecimiento – redistribución. Para afrontar la nueva situación y salvaguardar el modelo que ha tenido buenos resultados, el país cuenta con un colchón en las Reservas Internacionales Netas y tiene capacidad sostenible de endeudamiento. Pero también hay propuestas alternativas, como las que discutió el último ampliado de la COB, que propuso generar impuestos a la plusvalía de las grandes empresas constructoras, las grandes importadoras de bienes suntuarios y los bancos, que están reportando ganancias extraordinarias.
El pueblo trabajador es consciente o al menos intuye que la continuidad de este proceso significa no sólo la preservación de los derechos sociales logrados, como ser bonos y rentas que llegan a grandes segmentos poblacionales, además del incremento de la real capacidad adquisitiva de los salarios, sino también la posibilidad de consolidarlos en el largo plazo a través de una nueva Ley General del Trabajo acorde con la Constitución Política del Estado Plurinacional. He aquí la explicación del respaldo de los movimientos sociales a Evo; apoyan porque sus aspiraciones colectivas coinciden con los objetivos del proceso de cambio.
Tanto en la economía como en la política son fundamentales las expectativas de la población, que los revolucionarios debemos tomar en cuenta. Se dirá que es un factor subjetivo, pero la política también está constituida por subjetividades cuya base material es la economía. Desde mi punto de vista la principal expectativa social del momento es preservar la estabilidad social y económica que nos mantenga al margen de las turbulencias (inflación, devaluación, carestía, especulación) que afectan a varios países de Sudamérica.
Las garantías para la estabilidad son un buen gobierno y un sistema político sólido. Ni el más furibundo opositor puede negar la estabilidad democrática que hemos alcanzado después de aprobada la nueva Constitución, o cerrar los ojos al respaldo ciudadano a la gestión de Evo y a su estilo de trabajo que rompió todos los esquemas anteriores.
La derecha -ahora disfrazada de colectivos ciudadanos- con sus mensajes descalificadores de todo cuanto hace el gobierno, con su plataforma discursiva hipercrítica y ceropropositiva, con su neurótica apelación a la “dictadura” supuestamente existente en Bolivia, con sus preeminentes figuras públicas (Costas, Quiroga, Doria Medina) atadas al pasado neoliberal y regionalista, lo que está haciendo es fijar de sí misma en la gente una imagen desestabilizadora y confrontacional.
Se está configurando una dicotomía estabilidad/inestabilidad, decisiva al momento de emitir el voto.
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