Ya es imposible seguir ocultando, silenciando, enterrando en la cobardía o en el oportunismo clientelar, la profunda fractura que existe entre la arrogante y vendida burocracia que ha venido atrapando casi todas las esferas de gobierno y la estructura corporativa y adulante en que se ha ordenado, y un movimiento de base resistente que ha garantizado todos y cada uno de los pequeños peldaños revolucionarios que hemos conquistado en estos tiempos. Es tiempo entonces de soltar en todos los terrenos de lucha y con todo derecho el único grito capaz de garantizar a futuro alguna esperanza emancipadora que responda a los valores libertarios y justicieros sobre los cuales se ha venido construyendo la historia desde el 27 de febrero del 89: la organización, la articulación común y la movilización autónoma de las clases populares.
Sin duda uno de esos gritos, sin descartar la inmensa cuantía y valía de aquellos que gritan por sus reivindicaciones laborales, su derecho a una justicia limpia e igualitaria, su derecho a la vivienda, a la salud, a los servicios públicos, es aquel que combina la confrontación con el estado desarrollista, militarista, centralizado y articulado a toda la estructura saqueadora de los intereses capitalistas transnacionales, propio de la línea colonizante y espíritu consular en que se formaron las repúblicas latinoamericanas, con el empuje multiplicado en innumerables espacios del campo y la ciudad que tiende a conjugarse de manera simultánea alrededor del deseo de la “liberación territorial”, en concreto, de la formación de una república auténticamente autogobernante o “estado comunal” como lo llamó el comandante Kleber Ramírez.
Sabemos que los imperios y estados históricos que dieron nacimiento a lo que es hoy el estado capitalista necesitaron para su formación, primero, imponer su mando sobre la infinita diversidad de comunidades que ordenaban el mundo humano (unas sometidas a distintos órdenes feudales o imperiales, otras, vivas y libres gracias a las extraordinarias federaciones horizontales de muchos de nuestros pueblos originarios en los distintos continentes) y luego disciplinar sus fuerzas productivas de manera de hacer de su trabajo y capacidad creadora el insumo básico de la ganancia y el desarrollo capitalista. Para ello fue fundamental el ordenamiento de territorios y comunidades sobre un esquema central y único que a su vez le dieron cuerpo concreto al estado capitalista, pasando primeramente por la colonización violenta de todos esos territorios. Sobre ese ordenamiento al mismo tiempo estructuraron sus mecanismos de mando, pasando por el absolutismo monárquico puro y simple hasta la engañosa y enajenante “democracia burguesa” que consolidó el mando de una clase en base a los principios liberales y representativos que hoy nos gobiernan a buena parte de las naciones del mundo, independientemente de retóricas políticas y constitucionales.
Por ello mismo, para esta revolución vista desde “otra política”, desde la ciencia y el alma de los abajo, para el espíritu realmente anticapitalista y antiburocrático que ha crecido en ella, consumado en el deseo de muchísimos colectivos y movimientos obreros, urbanos, campesinos, indígenas, etc., la meta política fundamental hoy en día está en el avance sin detenimiento pero a la vez sin condiciones ni legales ni burocráticas que en el fondo no hacen más que confundir lo que es un proceso hermoso de liberación con la aberración que supone la creación de un estado corporativo y burocrático, de las distintas estrategias de liberación territorial. Estrategias ligadas a las poblaciones autorganizadas ya sea a partir de las particularidades propias de las costas y sus mares, de las diversas cordilleras que atraviesan el país, de los territorios llaneros, del sur rocoso, fluvial y selvático o de las complicadas, pequeñas y grandes metrópolis, donde habitamos la inmensa mayoría. Liberación territorial no quiere decir otra cosa para nosotros que liberarnos desde lo concreto de nuestros espacios de vida, comunidad y trabajo, del marco opresivo y explotador que por más de 500 años que se ha impuesto a nuestros pueblos, desde el coloniaje aplastante y homogeneizante que sobrevive a sus anchas hasta las barbaries del capitalismo sanguinario, marginador, saqueador, burocrático, explotador, del mundo de hoy. Se trata de construir “otros territorios”, “otros espacios colectivos” donde pueda moverse y crecer en todos sus derechos un individuo que se sienta verdaderamente libre porque así lo hemos ayudado a hacerse, pero a su vez donde encuentre el espacio colectivo indispensable para alimentar esa libertad: espacios autogobernados en todas sus esferas culturales, sanitarias, vivenciales, educativas, productivas, y a la vez espacios donde empiece a reinar la propiedad realmente social y común y una síntesis cada vez mas “divina” y auténtica con la madre tierra. Se trata entonces de una estrategia donde queda negada la autoridad directiva del poder constituido y reafirmado el protagonismo y dirección del poder constituyente e indelegable del pueblo. Es todo lo contrario de lo que pretenden hacer santos diputados y ministros tanto del pueblo como del “poder popular” cuando, por ejemplo, pretenden aprobar una “ley de las comunas” donde no hacen más que supeditar todo un complejo, difícil pero fascinante proceso de liberación al mando estratégico y las bastardas necesidades de gestión de un proyecto corporativo de estado que les encanta llamar “socialista”. Sin duda, son las leyes que matan los sueños. “A tus amigos dale cargos y a tus enemigos imponle las leyes” creo que decía Perón.
En estos momentos esa “estrategia de liberación territorial” pasa por tres esferas básicas de lucha que han venido tomando cuerpo dentro de muchas y diversas batallas de resistencia que vienen brotando. La consolidación del control obrero (o de trabajadores “libremente asociados” como decían los compañeros del central azucarero de Cumanacoa), la formación de comunas autogobernantes y la lucha por la conquista del derecho a la territorialidad indígena. Sobre la primera vemos como dentro de toda la diversidad, confusión y debilidad del movimiento obrero y cooperativo, se ha venido fraguando un campo de confrontación directa con los modelos burocráticos y tecnocráticos de gestión que reproducen la división social y despótica del trabajo pero además dejan intacto el proceso de tercerización de la fuerza laboral así como guardan todo el esquema previo de finalidades de mercado y modelos de planificación capitalista que sostenía estas empresas previo a la ocupación directa de los trabajadores o su nacionalización. Esto hasta el punto de no saber entonces para qué carajo se está nacionalizando nada o dejar a los trabajadores ocupantes atrapados dentro de un mismo modelo de explotación a través del chantaje de la dotación de recursos, crédito y salario (véase por ejemplo lo que ha pasado con Sacosal en Araya). Será que el capitalismo de estado en realidad solo nació para salvarle los desastres y además pagarle por ello al capitalismo privatista: buenos amigos entonces que solo se pelean por el control de los mandos de estado, seguro ya se pondrán de acuerdo. En todo caso, esta línea de lucha por el control obrero (que no es lo mismo que “control sindical” en que la confunden muchos de manera muy interesada) es a la vez un salto básico político que le está dando cualidad y estrategia a la movilización de los trabajadores tal y como se reafirmó en la movilización del martes 9 de Noviembre de la UNETE y movimientos populares.
Sobre lo segundo se trata de una situación que apenas comienza a despejarse sin tener aún un sujeto resistente que pueda confrontar abiertamente lo ya es una política corporativa de estado: la formación de comunas planificadas desde las oficinas del ministerio de las comunas. Sin embargo, esta política constituye una peligrosísima estrategia que por una lado fragmentaría, dispersándolas aún más, todos los proyectos alternativos y luchas locales, dejándolas aisladas dentro de territorios que ya han sido ordenados por el estado tradicional liberal en forma de parroquias, municipios y gobernaciones, pero que ahora se rigidiza aún más con el ordenamiento paralelo y complementario que supone esta especie de pirámide administrada burocráticamente que parte de los consejos comunales –muy obedientes ya la inmensa mayoría de ellos- y se consolida en las llamadas comunas y unas tales “ciudades comunales” que nombra el proyecto de ley. Claro, a menos que se supediten a la mediación y pacificación de estas comunas que están hechas –de acuerdo a la ley- para garantizar de manera corporativa el orden del estado capitalista y por tanto para desactivar todo viso subversivo a estas luchas locales. Además, esto también aislaría, de darse, las experiencias en general de control obrero y economía autogestionaria al no tener espacios naturales de expansión productiva y distributiva que no pase igualmente por la venia y control de estas comunas bajo el mando “oficial” y los respectivos ministerios dedicados al control del trabajo y la producción. En definitiva, se haría mucho más difícil construir una auténtica economía socialista y socializante bajo el mando colectivo de los trabajadores y comunidades organizadas bajo “su ley”, su poder y sus necesidades. Por ello en la actualidad parece ser crucial, primero, una sistemática oposición a esta “ley feudal” que se dibuja en el proyecto de ley de comunas por el terrible daño que esta produciría. Por otro lado darle mucha más visibilidad política y resistente al conjunto de “comunas rebeldes” que no nombramos para no rayar a nadie pero que ya empiezan a emerger por un gran corredor estratégico que va de Falcón hasta Barinas. Y luego empeñarnos aún más en la unidad y comunicación entre comunidad y trabajadores, espacios rebeldes en formación de uno y otro lado, para potenciar realmente las luchas de liberación.
Y sobre la tercera esfera centrada en la territorialidad indígena, esta merece un tratamiento particular ya que se trata de uno de los aspectos más despreciados y reprimidos particularmente por los mandos militarizados y criollizados que inundan el gobierno de Chávez. La movilización indígena del 8 de noviembre hasta ese día dio a conocer lo que es una irrevocable voluntad de los pueblos por conquistar sus derechos plenos a la territorialidad y la jurisdicción indígena. Sintetizó un punto que es fundamental a toda estrategia de liberación territorial y es que ella se encuentre con los factores que hasta estos tiempos sólo hacían parte de las mitologías que a uso y desuso utilizaron todos los gobiernos de cuanta república ha pasado desde la independencia para acá para darle “origen”, “identidad” y “virilidad” a su impotente y sumiso poder que por órdenes de sus autoridades imperiales está obligado a aplastar al heredero concreto de toda aquella mitología que embellece todas las paredes e íconos de nuestras instituciones estatales. Ahora sí brotó aquel que niega la legitimidad de todo orden concéntrico sustentado en la herencia colonizadora, repetida al carbón desde el siglo XIX hasta los predios del gabinete de Chávez. Apareció el pueblo originario real que exige el derecho para reapropiarse del espacio despojado y tomar en sus manos su último destino posible antes desaparecer definitivamente. La única “hoja de ruta” aprobada por todos los asistentes indígenas en su elaboración por más de una semana de discusiones (y no esa que la “dialéctica religiosa” le dio la gana de entregar al gobierno para que se llenen de alegría militares y burócratas, además de que respiren de gozo los ministros que ven desaparecer en ella la exigencia central por la libertad del cacique Sabino y el pariente Alexander) reafirma lo que es ya no una simple “hoja de ruta” a negociar sino una verdadera “carta de lucha” de los pueblos indígenas. Por primera vez en Venezuela la línea a favor de una territorialidad libre centrada en la reconstrucción del autogobierno indígena se manifiesta poderosamente. Interpretamos que no es sólo libre de “terceros” y externos a los territorios indígenas propiamente sino de todos los que ponen desde adentro la semilla para una “colonización legitimada” y pagada por cualquier cantidad de intereses transnacionales babosos por tomar las riquezas de nuestro subsuelo (léase especialmente las iglesias en general y en particular los evangélicos), o por las instituciones que acaban con el orden originario como son los consejos comunales indígenas impuestos, o por la reiteración de otra cantidad de atropellos desarrollistas y culturales que ya conocemos, es lo que se expresó en forma sintética en aquella carta. Pero además ella está presidida por la exigencia mil veces gritada a favor de la libertad de Sabino y en contra del infame juicio que le siguen en Trujillo. En otras palabras, toda esta lucha posee un símbolo de carne y hueso, hoy preso por ser el espejo mismo de toda la miseria corrupta y vendepatria instalada dentro del “gobierno socialista”. El representa uno de los ejemplos más firmes de la alta nobleza de lucha de nuestro país, por ello su castigo y por ello en estos momentos toda estrategia de liberación territorial indígena pasa en primer lugar por la liberación de Sabino, dejando a consideración de “su pueblo” si el juicio por lo cual lo acusan a él, además de Alexander y Olegario, a de continuar o no en “su propia ley”. Falta mucho porque el criollizado movimiento popular termine de reconocer la gran trascendencia de esta lucha y vea en ella un punto fundamental para enriquecer todo lo que es en general las luchas de liberación. Pero en estos días se han dado unos pasos básicos para que esto suceda independientemente de las “dialécticas religiosas”, cerrando con fuerza toda la estrategia de liberación territorial y de rebelión antiburocrática en curso.
Fuente: http://www.aporrea.org/trabajadores/a112285.html
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