Honduras, un “agujero negro” para los derechos humanos

Fue uno de los casos más amplificados por los medios de comunicación. A la activista ambiental hondureña y líder indígena lenca, Berta Cáceres, la asesinaron hace dos meses cerca de su casa en el municipio de La Esperanza (departamento de Intibucá). El motivo, su oposición a la construcción de una gran represa hidroeléctrica (“Agua Zarca”) en el río Gualcarque, en un lugar sagrado para los indígenas. Pero no se trata de una excepción. En febrero de 2016 se produjo la masacre de Tolupanes, en el departamento de Yoro, en la que perdieron la vida cinco indígenas. Sólo quince días después del crimen contra Berta Cáceres, resultó asesinado otro líder del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Nelson García, en el contexto del desalojo de la comunidad de “Río Chiquito” (departamento de Cortés). Subyace al escenario represivo una elocuente estadística del Banco Mundial: casi dos tercios de la población hondureña vive por debajo del umbral de la pobreza.

Entre el 19 de abril y el 6 de mayo, cuatro indígenas lencas de Honduras -entre ellos Berta Zúñiga Cáceres, miembro de la COPINH e hija de la líder indígena asesinada- realizan una gira pordiferentes países europeos: Bélgica, Holanda, Finlandia, Alemania y España. Además de la denuncia de la violación de los derechos humanos en el país centroamericano, la visita tiene como objetivo ejercer presión internacional para que el gobierno de Juan Orlando Hernández acepte la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una investigación (independiente) del homicidio. Otro de los cometidos de la gira es señalar a las empresas internacionales que, junto a Desarrollos Energéticos SA (DESA), promotora del macroproyecto en Honduras, han aportado financiación o materiales para la construcción de la represa: el banco de desarrollo holandés FMO, el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (Finnfund), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Voith-Hydro (Siemens), que suministra las turbinas.

El dos de mayo las autoridades hondureñas detuvieron a cuatro sospechosos del asesinato de la luchadora ambiental. Los arrestos permiten aventurar complicidades entre la empresa y los aparatos del estado. En la denominada “operación jaguar”, resultaron detenidos el militar en activo Mariano Díaz Chávez; el oficial retirado Edilson Duarte Meza; el teniente retirado que también trabajó como subjefe de Seguridad de DESA Douglas Geovanny Bustillo; y el gerente ambiental y encargado de comunicaciones de la empresa DESA, Sergio Rodríguez Orellana (éste y Douglas Geovanny Bustillo fueron denunciados por el COPINH por amenazas). En declaraciones recogidas por la Agencia Efe, Juan Orlando Hernández se felicitó por el resultado de la “operación jaguar. El asesinato de Berta Cáceres, afirmó en el Palacio Presidencial, “es un duro golpe para el Estado de Honduras”, porque se trata de “una de las defensoras de los derechos humanos del país”.

¿Parten estas declaraciones de un crudo cinismo o de una satisfacción real? Según Berta Zúñiga Cáceres, practicar las detenciones “es su obligación”. Además, “se han producido por la presión internacional y las denuncias y manifestaciones realizadas en nuestro país”, ha criticado en un acto organizado en Valencia por Cedsala, Perifèries, Intersindical Valenciana, Brigadas Internacionales de Paz y Amnistía Internacional. Se ha excluido a la familia del proceso de investigación de la muerte de Berta Cáceres, hasta el punto que los parientes de la víctima han conocido los arrestos por los medios de comunicación. La COPINH y los familiares piden que se ahonde en la investigación hasta llegar a la autoría intelectual del crimen, pero mientras, del operativo contra los presuntos autores del atentado se extrae una conclusión: la complicidad entre la empresa que promueve la iniciativa “Agua Zarca” y la superestructura estatal (ejército).

En su descargo podría el ejecutivo aportar supuestos méritos como la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia en Honduras, de 2015. Pero no es una ley “normada” para que pueda aplicarse, responde Berta Zúñiga Cáceres. Además, se trata de una “fachada”, presentada antes de que el gobierno participara en Ginebra en el proceso del Examen Periódico Universal (EPU), ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. “No hay voluntad política, todos los días en nuestro país hay asesinatos”, destaca la activista, que marca un punto de inflexión en el golpe de estado de junio de 2009, que derrocó al presidente Manuel Zelaya. Entonces se consolidó, más aún, el modelo extractivista neoliberal, que ahondó en la política de concesiones. Un año después, el ejecutivo nacionalista de derechas aprobó 47 concesiones hidroeléctricas, sin consultar a las comunidades locales. “El actual gobierno es una prolongación del golpe”, sentencia Berta Zúñiga Cáceres.

El uno de abril de 2013 el COPINH de Río Blanco inició un bloqueo para frenar la construcción de la macropresa; fue entonces cuando comenzaron las amenazas y hostigamientos contra Berta Cáceres y otros activistas, recuerda Rosalina Domínguez, miembro del Consejo Indígena de Río Blanco y del COPINH, organización que lleva 23 años en la defensa del territorio. Se movilizaban para detener una represa que desviaría tres kilómetros el cauce del río, lo que pondría en peligro los bosques, recursos hídricos y medios de vida de las comunidades. “Las máquinas continúan avanzando, de ahí la gira por Europa”, asevera Rosalina Domínguez en Valencia. Es lo que sucede hoy, pero desde 2013 tres indígenas –además de Berta Cáceres- han muerto en la batalla contra el macroproyecto. El 15 de julio de ese año, el ejército hondureño asesinó a Tomás García, líder lenca, cuando participaba en una manifestación pacífica. El caso se saldó en diciembre de 2015 con una condena por homicidio del suboficial del batallón de ingenieros, Kevin Yasser Saravia. Sin embargo, este militar resultó absuelto del intento de asesinato del hijo de Tomás García en la misma acción. Berta Zúñiga Cáceres pide responsabilidades al máximo nivel: “muchas veces en nuestro países se sacrifica a personas de bajo rango”.

La ONG ACI-Participa asegura que más del 90% de los crímenes contra activistas de derechos humanos no se resuelven. A ello se agrega la ineficiencia en los mecanismos de seguridad, de hecho, desde 2009 hasta su asesinato, a Berta Cáceres se le debían aplicar las “medidas cautelares” establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (paradójicamente, la militante también fue condenada a pena de prisión por oponerse a la represa). Tal vez haya sido el crimen más propalado, pero los balances de los organismos de derechos humanos insisten, invariablemente, en el agujero “negro” que representa Honduras. El informe de 2015 de Amnistía Internacional señala que durante los conflictos por la tierra y los desalojos de los últimos años, las organizaciones campesinas del Bajo Aguán sufrieron amenazas y ataques violentos por parte de guardias de seguridad privados (vinculados a los terratenientes) y abusos de los militares. Las comunidades del Bajo Aguán han denunciado el asesinato de 90 campesinos entre 2008 y 2013.

El COPINH permanece habitualmente en la diana de grupos paramilitares y fuerzas del orden hondureñas. Por ejemplo, aseguran que resultaron atacadas por personas armadas no identificadas cuando, junto a otras organizaciones nacionales e internacionales, se hallaban en una reunión en recuerdo de Berta Cáceres. El informe de Global Witness (“Medio ambiente mortal”) apunta que entre 2002 y 2014 murieron asesinados 111 activistas en Honduras. Si se atiende al índice de asesinatos per cápita, el país centroamericano es el más peligroso del mundo para los defensores del territorio y el medio ambiente. La violencia –el feminicidio- se encarniza singularmente con las mujeres: 4.400 asesinadas en la última década, con el 95% de los crímenes impunes según aseguran las organizaciones feministas. El COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras) señala 3.064 casos de “criminalización” o uso indebido de la legislación penal contra defensores. A partir de la información recibida, el Comité Interamericano de Derechos Humanos concluye, en el informe de 2015, que parte de la inseguridad en el país proviene de los cuerpos policiales, de la policía militar y del ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado.