Fuente: Iniciativa Debate
El presidente turco ha asegurado que “si la UE no concede la liberalización de los visados, Ankara no respetará el acuerdo de marzo” sobre refugiados.
La Unión Europea, quien lleva desde marzo deportando a todos los migrantes y refugiados que pisan Grecia a Turquía –previo pago de 3.000 millones de euros–, exige que el país euroasiático modifique su ley antiterrorista.
Con la “purga sistemática” tras el golpe de Estado y la suspensión de la Convención Europea de los Derechos Humanos, “en ningún caso Turquía es un país seguro para los refugiados”, dice el Consejo General de la Abogacía Española .
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha vinculado este martes la continuidad del acuerdo con la Unión Europea (UE) para la devolución de refugiados al hecho de que Bruselas suprima la exigencia de visados para los ciudadanos turcos.
“Si la Unión Europea no concede la liberalización de los visados para los ciudadanos turcos, Ankara no respetará el acuerdo de marzo sobre los inmigrantes”, ha destacado el mandatario en una entrevista emitida hoy por el canal de televisión italiano Rai News.
La respuesta del presidente turco llega un día después de que la Comisión Europea eludiera aclarar si dejará de exigir visado a partir de octubre a los turcos que viajen a la UE, como reclama el país euroasiático, pese a recalcar que la fecha depende de que Ankara cumpla los 72 requisitos que le impuso Bruselas, entre los que se incluye cambiar su ley antiterrorista.
“El presidente (de la CE, Jean-Claude) Juncker ya ha dejado muy claro en numerosas ocasiones que si Turquía quiere la liberalización de visados debe cumplir los requisitos”, sostenía este lunes en la rueda de prensa diaria de la Comisión la portavoz comunitaria Mina Andreeva.
El pasado mes de mayo, sin embargo, Erdogan se mostraba tajante y poco decidido a eceptar tal cambio: “ Nosotros vamos por nuestro camino, ustedes vayan por el suyo. Negocien un acuerdo (sobre refugiados) con quien ustedes puedan”, amenaza el presidente turco.
El pacto, en el punto de mira
La polémica lleva desatada desde la misma firma del acuerdo, que se puso en marcha el 20 de marzo bajo el compromiso de que todos los migrantes y refugiados que llegaran a las islas griegas fueran deportados a Turquía, donde se incorporarían a cola de la larga lista de personas pendientes de reasentamiento en algún país europeo. A cambio, la Unión Europea concedería a Ankara una ayuda de hasta 6.000 millones de Euros –de los que por el momento se han entregado 3.000, 152 procedentes de España– y otros privilegios, como la supresión de visados.
La propia ONU consideró que el pacto #no era consistente con la legislación internacional», dado que la expulsión colectiva está prohibida por la Convención Europea de Derechos Humanos. La UE, entonces, justificó el acuerdo argumentando que se estudiaría cada caso particular “individualmente”, a lo que añadieron que Turquía podía considerarse un “tercer país seguro” para los refugiados, pese a las continuas denuncias de ONG que mostraban violaciones sistemáticas de los derechos humanos entre las fronteras del país euroasiático.
El Golpe de Estado del pasado 15 de julio y la posterior “purga” de Erdogán ha puesto aún más en entredicho la capacidad de Turquia para ser considerado un país seguro para los refugiados que la Unión Europea envía allí de manera sistemática desde hace cuatro meses.
Suspensión de los DDHH en “el tercer país seguro”
En la mañana del martes, el Consejo General de la Abogacía Española ha solicitado la revocación o supresión del acuerdo debido a la “purga sistemática” que están sufriendo jueces, fiscales, médicos, periodistas, profesores y abogados tras el golpe de Estado, y señalaban que «no se puede considerar a Turquia como un país seguro».
“En este contexto, el cumplimiento por parte de Turquía de sus obligaciones legales en materia de refugiados no puede darse por hecho y enviar refugiados a Turquía desde Grecia sólo puede considerarse una temeridad para la libertad, la integridad y la vida de los refugiados”, añadía su presidenta, quien cuestionaba la capacidad de protección del país euroasiático tras el anuncio de la suspensión temporal de la Convención Europea de los Derechos Humanos en todo su territorio.
Las críticas y preocupaciones por las posibles violaciones de los derechos humanos en Turquía tras la intentona golpista han puesto en entredicho aún más la capacidad del país para cumplir con los requisitos de Europa en un acuerdo que se puso en marcha inmediatamente después de su firma.
A todo ello se suman las manifiestas intenciones de Erdogan de recuperar la pena de muerte. El presidente ha destacado en la entrevista de este martes que el 57% de los turcos, según los sondeos, lo apoyaría. “Si el Parlamento turco lo vota, estamos preparados para reintroducir la pena de muerte”, ha concluido.
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