Dicen que las imágenes valen más que mil palabras. Mauricio Macri eligió para hablar la sede de la academia policial. Se sentó en un sillón con el escudo de la Policía Metropolitana y, desde allí, ordenó el despliegue de “todos los recursos” sobre Villa Soldati. El jefe de Gobierno se cruzó con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. “Tanta xenofobia nos lleva a más muertes”, le advirtió el funcionario nacional, al tiempo que le exigió que tomara medidas políticas y no policiales. “No voy a permitir que Aníbal Fernández les mienta acusándome de xenófobo y discriminador”, le contestó el líder del PRO, quien volvió a hablar de una “inmigración descontrolada”. Cuando le preguntaron por la embajadora de Bolivia, que le exigió que pidiera disculpas, Macri respondió: “No tengo nada por lo que disculparme”. La presidenta Cristina Fernández lo hizo luego por él. Y dijo: “No estoy dispuesta a que la Argentina se integre al club de países xenófobos”. Por la noche, el jefe de Gobierno y el jefe de Gabinete se vieron en una reunión en la Casa Rosada, de la que también participaron el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y el ministro de Interior, Florencio Randazzo.
Los usos del “diálogo”
Con el rostro más duro y la mirada más nublada que el día anterior, Macri entró al salón de conferencias del Instituto Superior de Seguridad Pública, que tenía como telón de fondo un cartel amarillo con la leyenda “Plan integral de la seguridad”. Lo escoltaban el jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco; el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro; el de Espacio Público, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Algo dubitativo al principio, Macri les comunicó a los “vecinos de Soldati y Lugano” que “no los vamos a abandonar”. Pero pidió que mantuvieran la calma. Por la noche, sostuvo que “los vecinos se sintieron abandonados y tomaron justicia por mano propia”. En la conferencia de prensa, Macri hizo un curioso uso de la palabra “diálogo”, al tiempo que volvía a exigir que volviera la policía a continuar el desalojo. “Vamos a extremar el diálogo para contestar una muy desa-fortunada conferencia de prensa del gobierno nacional”, planteó. Volvió a referirse a las “organizaciones mafiosas combinadas con el narcotráfico”, mientras aseguraba: “Seguimos desarrollando mecanismos de diálogo para convencerlos de que no pueden estar ahí”. Luego remarcó que no les piensa dar subsidios “a los que cometen delitos y usurpan”. Acto seguido, le exigió una vez más a la Presidenta que mande al cuerpo de infantería de la Policía Federal a desalojarlos. “Estamos para apoyar a la Federal –destacó Macri– como en el primer operativo, que fue exitoso.”
Se matan entre ellos
Cuando le recordaron que el anterior intento de sacar a los ocupantes terminó con dos muertos, Macri dio por concluida la investigación judicial y sentenció que la policía no tuvo nada que ver: “La primera muerte sucedió antes de que ingresara la Federal. Tiene que ver con la inseguridad. La segunda muerte tiene que ver con las organizaciones delictivas. La tercera muerte, con la puja interna”. Montenegro, en tanto, le respondió a la esposa del tercer asesinado, quien había dicho que a su marido “lo mató la Metropolitana” “No tenemos ninguna vinculación con el hecho. La Metropolitana apareció después”, afirmó el ministro de Justicia.
Macri anunció que iba a enviar la mayor parte de los policías porteños a la zona “para acudir en defensa de la ley”. Luego intentó matizar sus afirmaciones sobre la inmigración. “Criticamos la mentira de decirles a los hermanos latinoamericanos que tenemos soluciones para ellos”, sostuvo Macri, al tiempo que volvía a la carga: “Esta inmigración descontrolada ha traído gente que viene a instalar la droga en Buenos Aires”. Cuando le preguntaron si se iba a disculpar con la embajadora de Bolivia, soltó: “No tengo ningún mensaje, no tengo nada por lo que disculparme”, a lo que le siguió un párrafo visiblemente trabado e incomprensible. Se ganó, por lo pronto, una denuncia de Proyecto Sur ante el Inadi y otra penal de organizaciones de inmigrantes y de la diversidad.
¿Viviendas? ¿Qué viviendas?
Fueron sugestivos, nuevamente, los intentos por escamotear la problemática habitacional. Ya Macri había eludido una pregunta el miércoles, en su primera conferencia de prensa, sobre la subejecución del 18 por ciento del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Ayer le insistieron y contestó: “No nos dejemos engañar. Las viviendas del IVC no son para resolver el problema habitacional. La Ciudad no se puede hacer cargo de los problemas de los habitantes limítrofes”.
–¿No reconoce que la causa es el déficit habitacional? –le preguntaron a Rodríguez Larreta.
–No, no, no.
–¿No se podía negociar con los ocupantes?
–Cuando hay gente armada, la única solución es la policía.
Algo personal
“Que Aníbal Fernández no discrimine al sur. El gobierno nacional tiene la responsabilidad en toda la ciudad. El sur también existe”, reversionó Macri a Joan Manuel Serrat, en un esfuerzo ideológico de proporciones. Larreta, en tanto, promocionó una llamada que le había hecho el líder de PRO “a Cristina y ella no le contestó”. En ese plan, Macri le mandó a la tarde una carta a la Presidenta, en la que le pidió una audiencia. En otro giro argumentativo original del líder del PRO, le pidió que “en un día como hoy (por ayer), que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, no discrimine a los vecinos del sur”.
Más temprano, Aníbal Fernández recordó el discurso de Macri sobre la “inmigración descontrolada”: “Tanta xenofobia nos arrojó en estos días un tercer muerto, un ciudadano boliviano. Otros resultados no van a dar estas políticas. La violencia jamás trae soluciones a la gente”. Además, mencionó que el ex presidente Eduardo Duhalde había hecho declaraciones desde Estados Unidos en las que instaba a poner “orden” y relacionó esas palabras con el discurso del jefe de Gobierno.
Fernández le insistió a Macri en que “tiene que tener una solución política” y no policial, como proponía Larreta. “Esto sucede porque Macri se niega a tomar medidas políticas, para que nuevamente sus funcionarios se sienten con quienes tiene representación en esos lugares y vayan encontrando una salida”, planteó en una conferencia en Casa Rosada. Fernández le insistió a Macri con que “se siente a tomar las medidas políticas para que no sea necesario sangre, ni heridos”.
Sin permiso para desalojar
Es la misma jueza que había ordenado el primer desalojo a pedido del PRO. Esta vez argumentó que debía cumplirse el protocolo previo, que entre otras cosas contempla la realización de un censo. El caso también estuvo en manos de los jueces Roberto Gallardo y Elena Liberatori.
Por Werner Pertot
La jueza contravencional María Cristina Nazar rechazó un pedido de desalojo que le hicieron los fiscales macristas. Nazar fue la tercera juez de la ciudad que intervino en la toma de Villa Soldati. Temprano, Roberto Andrés Gallardo, del fuero Contencioso, ordenó un “operativo de pacificación” en el Parque Indoamericano, pero el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, le respondió que no tenía recursos para ejecutarlo y apeló la medida. Luego la causa recayó en el juzgado de Elena Liberatori, que convocó a una mesa de diálogo, en la que le reclamó al gobierno porteño que cumpla con la ayuda humanitaria y garantice “la inmediata presencia estatal” en la zona. Por la noche, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) le quitó la causa y se la envió a Nazar, quien ahora deberá resolver en todo lo relativo a la ocupación del Parque Indoamericano.
Ante la tercera muerte, el miércoles a la madrugada a Gallardo le llegó un nuevo pedido de una medida cautelar. Lo hicieron la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; el cura villero Pepe Di Paola; la legisladora de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía y el asesor tutelar Gustavo Moreno. Todos denunciaron que el gobierno porteño “ha incumplido la medida cautelar ordenada en la que se dispuso la provisión de agua, baños químicos, provisiones alimentarias y dos ambulancias” a los ocupantes. El miércoles, la ministra de Desa-rrollo Social, María Eugenia Vidal, había asegurado que se estaban distribuyendo, pero Macri había dicho que no.
Los denunciantes también advirtieron que “el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y el jefe de Gobierno han efectuado ante la prensa discursos violentos y xenófobos que exacerbaron a los habitantes” y que “ninguna fuerza de seguridad se encuentra en la zona para detener el conflicto” en el Parque Indoamericano, donde hay mujeres y niños por “la omisión de los poderes ejecutivos”.
A raíz de esta presentación, Gallardo dictó una medida cautelar en la que declaró “judicialmente el estado de emergencia” en la zona y solicitó al gobierno nacional que haga “un operativo de pacificación”, con un perímetro que impidiera nuevos choques. El jefe de Gabinete salió a responder que la medida es “de cumplimiento imposible”. El funcionario sostuvo que debería desproteger al resto de la Capital para cumplir el fallo y anunció que lo iban a apelar. “Ni locos estamos dispuestos a dejar a la ciudad desprotegida”, afirmó Fernández.
El expediente pasó del juzgado de Gallardo al de Elena Liberatori, que creó un comité de crisis. Ella tuvo un encuentro con Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, el cura Pepe y representantes del Observatorio de Derechos Humanos, de ACIJ y del CELS. Luego de la reunión, emitieron un documento en el que pidieron “la inmediata presencia estatal a fin de garantizar la vida y la integridad física de los habitantes del predio, destacando la responsabilidad personal que les cabe a todos los funcionarios”. También reclamaron al gobierno porteño que se envíen las provisiones alimentarias, los baños y el agua. Y exigieron a la gestión PRO que “convoque a una mesa de diálogo de manera urgente, que involucre a los afectados por el conflicto”. Recordaron que ya los exhortaron a dialogar la defensora del Pueblo porteña, Alicia Pierini; la titular de la Auditoría General de la Ciudad, Sandra Bergenfeld, y la Iglesia Católica. Por la noche, Liberatori resolvió armar una nueva mesa de diálogo y ratificó que se debían enviar fuerzas de seguridad a la zona, pero el TSJ resolvió un conflicto de competencias y le envió todos los expedientes a Nazar, la jueza que ordenó el primer desalojo a pedido de la gestión PRO.
Durante el día, y en paralelo, Nazar también convocó a una mesa de diálogo, a la que citó al defensor general Mario Kestelboim, a la titular de los asesores tutelares, Laura Musa, y a los ministros de Justicia, Guillermo Montenegro; de Espacio Público, Diego Santilli, y de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal. En la audiencia, Montenegro aseguró una y otra vez que la Metropolitana no está en condiciones de hacer el desalojo. La asesoría tutelar solicitó que retiraran a los niños de la zona y Montenegro admitió que eso tampoco lo podían hacer.
En tanto, la defensoría general planteó la nulidad de lo actuado porque no se había identificado a los autores del delito de usurpación, pero la jueza rechazó el planteo. Por orden del titular del fiscal general Germán Garavano, afín al PRO, el fiscal Cristian Longobardi volvió a pedir a la jueza que ordene el desalojo del predio de inmediato. Su Señoría les rechazó el pedido. Consideró que se debe cumplir con el protocolo previo, que implica un censo, la intervención del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y del SAME, además de una evaluación de la salida habitacional para las familias.
11/12/10 Página|12
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