Por: Thierry Meyssan
Los Tribunales de Nuremberg y de Tokio permitieron a los Aliados exponer los crímenes que las potencias del Eje habían perpetrado durante la Segunda Guerra Mundial y, al mismo tiempo, justificar el precio de su propia victoria y su dominación sobre el mundo. Bajo ese mismo esquema, Washington creyó poder juzgar y condenar a 120 dirigentes sirios, incluyendo al presidente Bachar al-Assad, para justificar su propia guerra y el derrocamiento de la República Árabe Siria. No tenía más que inventar los crímenes…
- Jean-Marc Ayrault et Sergey Lavrov
En abril de 2012 –o sea, después de la retirada francesa de la guerra (que habría de reanudarse en julio) y antes del acuerdo del 30 de junio, en Ginebra, entre rusos y estadounidenses– los «Amigos de Siria» tenían decidido juzgar al presidente sirio Bachar al-Assad ante una instancia internacional. Lo que pretendían era montar –con carácter retroactivo– el guión de la Pax Americana, cuando ya existían como precedentes el asesinato de Slobodan Milosevic en su celda de La Haya, el ahorcamiento de Sadam Husein y el linchamiento de Muammar el-Kadhafi.
Para alcanzar ese objetivo, Estados Unidos creó en La Haya una asociación: el Syria Justice and Accountability Center (SJAC). Durante 2 años, varios juristas acumularon testimonios sobre «las torturas que practica el régimen».
La oficina del Departamento de Estado a cargo de «la Justicia Global», en aquel momento bajo la dirección del embajador Stephen Rapp, recurrió entonces a Arabia Saudita, Qatar y Turquía para que financiaran un «Tribunal Especial de la ONU para Siria», según el modelo del «Tribunal Especial de la ONU para el Líbano». Es importante recordar que este último, a pesar de su nombre, no es un tribunal en el verdadero sentido de la palabra ya que fue creado por dos responsables ejecutivos –el secretario general de la ONU y el primer ministro libanés– sin haber obtenido nunca un aval del Consejo de Seguridad de la ONU, ni del Parlamento libanés. El nuevo seudo tribunal podía así saltarse las reglas del derecho y condenar al presidente sirio sin necesidad de pruebas.
El principio de los tribunales creados para el Líbano y Siria es cosa de Jeffrey Feltman –ex embajador de Estados Unidos en Beirut, posteriormente subsecretario de Estado a cargo del Medio Oriente y actual director de Asuntos Políticos en la ONU. A su paso por Beirut, Jeffrey Feltman había creado el Tribunal para el Líbano después de haber organizado él mismo el asesinato del ex primer ministro libanés Rafic Hariri, para juzgar y condenar a los presidentes del Líbano, Emile Lahoud, y de Siria, Bachar al-Assad, a quienes esperaba atribuir ese asesinato. Según un documento interno de su oficina –documento que hemos podido consultar– la OTAN tenía previsto, después del derrocamiento de la República Árabe Siria, juzgar y condenar a 120 dirigentes sirios, 80 de los cuales ya figuraban en las listas de personalidades sirias sometidas a las sanciones de Estados Unidos y/o de la Unión Europea.
El 20 de enero de 2014, o sea 2 días antes del inicio de las negociaciones denominadas Ginebra 2, la firma londinense de abogados Carter-Ruck acusaba a Siria de haber torturado y asesinado más de 11 000 personas durante el transcurso de la guerra. Esa firma publicaba entonces un informe donde 3 juristas internacionales autentificaban 55 000 fotos supuestamente tomadas por un fotógrafo militar sirio que había desertado. Aunque la credibilidad de 2 de los 3 juristas ha sido ampliamente cuestionada debido a su probada parcialidad en casos anteriores, pese al hecho que el tercero de los 3 juristas fue encargado por la CIA de crear el Syria Justice and Accountability Center (SJAC) y a pesar de los desmentidos de Siria, el jefe de la diplomacia estadounidense John Kerry no vaciló en citar el informe en la apertura de la conferencia Ginebra 2.
El 31 de julio de 2014, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos oía el testimonio del fotógrafo sirio. Este personaje mostró sólo 10 de las 55 000 fotos de su colección y, para colmo, esas 10 fotos habían sido voluntariamente pixeladas de tal manera que es imposible identificar a las víctimas.
A pesar de todo lo anterior, Francia presentó un proyecto de resolución que pretendía poner en manos de la Corte Penal Internacional los crímenes supuestamente cometidos en Siria, proyecto que se estrelló contra los vetos de Rusia y China, el 22 de septiembre de 2014. Por su parte, el Departamento de Estado consideraba que el material acumulado –a pesar de ser extremadamente voluminoso– no tenía mucho más valor que los falsos testimonios recogidos por el Tribunal Internacional para el Líbano y suspendía las subvenciones destinadas a la preparación del “Núremberg” sirio.
Pero el mismo Departamento de Estado subvencionó recientemente el Center for Victims of Torture de Minnesota no sólo por el conjunto de su acción sino también por su ayuda a las «víctimas del régimen»… si las encuentra. Por supuesto, no se mencionan las 80 000 personas secuestradas por Estados Unidos y torturadas por la US Navy en la base naval estadounidense de Guantánamo y en barcos –también estadounidenses– convertidos en prisiones secretas en aguas internacionales bajo los dos mandatos del ex presidente George W. Bush.
El Departamento de Estado también apoyó la exposición presentada por Qatar en la sede de la ONU, en Nueva York, posteriormente en el Museo del Holocausto de Washington y finalmente en Roma, la semana pasada, a partir de las fotos de la firma Carter-Ruck. Claro, nadie habla de mostrar las 55 000 fotografías y la exposición sólo muestra las mismas 10 fotos pixeladas acompañadas de imágenes de la guerra. Mientras tanto, el legislador proisraelí Eliot Engel (ya conocido como autor de la Syrian Accountability Act) presentaba en el Congreso de Estados Unidos el proyecto de ley H.R. 5732, destinado à reforzar las sanciones contra Siria.
El 6 de octubre de 2016, Holanda (país con militares ilegalmente desplegados en Siria) organizó en su embajada en Washington una reunión para reactivar el Syria Justice and Accountability Center (SJAC) y financiar el proyecto de creación del Tribunal para Siria. Alemania, Bélgica, Dinamarca, Italia, Noruega, el Reino Unido, Suecia, Suiza y, por supuesto, Estados Unidos anunciaron que contribuirán al financiamiento. El costo del proyecto no debe costar más que unos cuantos millones de dólares al año.
Washington ya tiene claro que la República Árabe Siria no va a desmoronarse y que no será posible juzgar y condenar sin pruebas al presidente Bachar al-Assad. Toda la farsa forma parte del trabajo de acondicionamiento de los occidentales, «defensores del Bien ante los crueles sirios».
Francia, que ha actuado sucesivamente como vocero de los intereses turcos, más tarde de los intereses qataríes, luego de los intereses sauditas y ahora de los intereses de Israel, no tiene intenciones de renunciar. París sigue empeñado en querer juzgar a los 120 dirigentes sirios –ya condenados en el papel– ante la Corte Penal Internacional pero… en ausencia.
El 10 de octubre, el ministro francés de Exteriores, Jean-Marc Ayrault, anunció haber pedido a un grupo de juristas que busquen la manera de implicar a la Corte Penal Internacional, a pesar de la previsible oposición del Consejo de Seguridad de la ONU.
Parece que Washington se prepara para aceptar el fin del mundo unipolar. En ese caso, las acusaciones más aterradoras y absurdas contra Siria serán utilizadas para empañar la imagen del bando ruso.
Documentos:
«A Report into the credibility of certain evidence with regard to Torture and Execution of Persons Incarcerated by the current Syrian regime», Carter-Ruck, 20 de enero de 2014.
«Report sulla attendibilità delle “Foto di Caesar” che si paventa saranno esposte in mostra al Senato della Repubblica italiana», Sibialiria, marzo de 2016.
“The Caesar Photo Fraud that Undermined Syrian Negotiations”, Rick Sterling, marzo de 2016.
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