Las «sanciones económicas» o la guerra de cuello blanco

                                       

En el pasado, la estrategia de las guerras convencionales incluía el asedio impuesto a una ciudad o un Estado. Se trataba de aislar al enemigo, de impedirle utilizar sus recursos y hambrearlo como medio de vencerlo. En Europa, la Iglesia católica llegó a condenar firmemente esa forma de guerra calificándola de criminal ya que comienza matando a los civiles, antes de afectar a los beligerantes.

Hoy en día, las guerras convencionales incluyen una etapa de «sanciones económicas», cuyo objetivo es exactamente el mismo. De 1990 a 2003, las sanciones decretadas contra Irak por el Consejo de Seguridad de la ONU mataron a más de un millón de civiles. Aquellas sanciones fueron, de hecho, una guerra a través de banqueros, impuesta en nombre de la instancia mundial que supuestamente tendría que promover la paz.

Es probable que algunos de los Estados que votaron a favor de aquellas sanciones no percibieran en aquel momento su envergadura ni sus consecuencias. Cierto es que cuando algunos miembros del Consejo de Seguridad solicitaron el levantamiento de dichas sanciones, Estados Unidos y el Reino Unido se negaron de plano, lo cual hace recaer sobre esos países la responsabilidad por el millón de muertes de civiles en Irak.

Después de despedir a numerosos altos funcionarios internacionales que participaron en la masacre del millón de civiles iraquíes, la ONU reflexionó sobre la manera de lograr que las sanciones fuesen más eficaces en relación con los objetivos anunciados. O sea, cómo garantizar que afectaran solamente a los dirigentes políticos y militares, sin afectar a los civiles. Se habló entonces de «sanciones selectivas». Sin embargo, a pesar de numerosas investigaciones sobre ese tema, no se han aplicado nunca contra un Estado sanciones que sólo afecten a sus dirigentes sin afectar a la población.

Los efectos de esas sanciones dependen de cómo interpretan los gobiernos los textos que definen dichas sanciones. Por ejemplo, gran parte de los textos mencionan sanciones que afectan los productos que pueden ser de doble uso –civil y militar–, lo cual deja amplio margen a la interpretación. Es posible prohibir la exportación de un fusil de caza hacia un Estado en particular por tratarse de un objeto que puede ser utilizado tanto para cazar como para la guerra. Pero una botella de agua puede destinarse tanto a una madre que amamanta a su bebé como a un soldado. Por consiguiente, los mismos textos pueden conducir –según las circunstancias políticas y la evolución de la voluntad de los gobiernos que los aplican– a resultados extremadamente diferentes.

La situación se complica aún más debido a que a las sanciones legalmente adoptadas en el Consejo de Seguridad de la ONU se agregan las sanciones ilegales que decretan Estados Unidos y la Unión Europea. O sea, los Estados y las instituciones intergubernamentales están legalmente en su derecho de negarse a comerciar con otros Estados, pero no tienen derecho a imponer sanciones unilaterales sin entrar en guerra.

El término «sanciones» sugiere que el Estado objeto de esas medidas ha cometido un crimen por el cual ha sido jugado y finalmente condenado. Es ese el caso cuando se trata de sanciones decretadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, pero no con las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea imponen unilateralmente. En este último caso se trata pura y simplemente de actos de guerra.

Desde los tiempos de su guerra contra los británicos, en 1812, Washington dispone de una instancia, la Office of Foreign Assets Control (la OFAC, Oficina de Control de Activos Extranjeros), a cargo de esta “guerra con corbata”.

Actualmente, los principales Estados víctimas de sanciones no están sancionados por decisión de la ONU sino única y exclusivamente por decisión de Estados Unidos y de la Unión Europea. Esos Estados son Siria, Irán y Rusia, o sea precisamente los tres países que luchan contra los yihadistas, que a su vez cuentan con el respaldo de las potencias occidentales.

La mayor parte de esas sanciones han sido adoptadas sin relación directa con la guerra contra Siria.
 Las sanciones contra Damasco están vinculadas principalmente al apoyo de Siria al Hezbollah libanés y al asilo concedido en otra época al Hamas palestino (aunque desde aquel entonces el Hamas se pasó al bando de la Hermandad Musulmana y lucha contra Damasco).
 Las sanciones contra Irán fueron adoptadas supuestamente contra su programa nuclear militar, a pesar de que aquel programa fue cancelado por el ayatola Khomeiny… hace 30 años. Esas sanciones aún se mantienen, a pesar de la firma del Acuerdo 5+1, destinado a resolver un problema inexistente.
 Las sanciones contra Rusia castigan el regreso de Crimea a la Federación Rusa, que tuvo lugar luego de que la población de Crimea rechazara el golpe de Estado nazi en Kiev, calificado por la OTAN de «revolución democrática».

Las sanciones actuales más duras son las adoptadas contra Siria. Un informe redactado por el Buró del Coordinador de Naciones Unidas en Siria, financiado por la Confederación Helvética y publicado hace 4 meses, observa que la interpretación que Estados Unidos y la Unión Europea hacen de los textos priva a la mayoría de los sirios de ciertos cuidados médicos y de productos alimenticios: numerosos recursos médicos están prohibidos porque son considerados de doble uso y las sanciones impiden a Siria el pago de importaciones de alimentos a través del sistema bancario internacional.

Aunque la situación de los sirios no es tan catastrófica como lo fue la situación de los iraquíes en los años 1990, Siria está enfrentando una guerra que le imponen Estados Unidos y la Unión Europea, que a su vez están utilizando medios financieros y económicos exclusivamente contra la población que vive bajo la protección de la República Árabe Siria. Y el objetivo es matarla.