«La oposición no es capaz de organizarse para protestar formalmente por lo menos hasta octubre, que es cuando los estudiantes regresan a las escuelas», reza textualmente el reporte clasificado bajo el código 09CARACAS982, que fue enviado por el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Caulfield.
Y es que, según Caulfield, el propio subsecretario general de Copei, Alejandro Vivas, reconocía que «la oposición no sería capaz de hacer mucho más que tomar nota» si el Gobierno Nacional legislaba en el período de vacaciones escolares.
Por esa razón, en la comunicación firmada por Caulfield en junio de 2009, expresaba su «preocupación» por la aprobación de leyes revolucionarias durante el lapso vacacional.
Para el estadounidense, las normas supuestamente servirían, entre otras cosas, para «debilitar las garantías sobre la transparencia electoral» y hasta «expropiar hogares».
Las mentiras de Caulfield
El encargado de negocios quien, por el tono de sus aseveraciones, parecía no haber revisado de primera mano las leyes que aseguraba debían «combatirse», arremetió en contra de normas aprobadas por la Asamblea Nacional, tomando como certezas las opiniones de voceros opositores como Vivas y Luis Vicente León.
«La oposición debe hacer todo lo que pueda para desafiar estas leyes a través de todos los medios a su disposición», recalcaba Cauldfiel en su informe.
«Esta ley parece debilitar las garantías anteriores sobre la transparencia del proceso electoral y el secreto del voto, y dan además una discreción sin precedentes a Chávez, quien domina el Consejo Nacional Electoral», escribió Cauldfiel sobre la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE), norma que contempla la realización de 17 auditorías a cada uno de los elementos que se utilizan en un evento comicial.
Caulfield parecía ignorar que el instrumento jurídico que «debilitaba las garantías» establece la participación de todas las organizaciones políticas en las auditorías antes, durante y después de cada proceso comicial.
De hecho, el supuesto carácter «discrecional» que denunciaba Cualfield fue rebatido meses después por la misma oposición, que aprobó cada una de las auditorías al sistema electoral y participó en las elecciones parlamentarias en septiembre y en los comicios para gobernadores y alcaldes, realizados el pasado 5 de diciembre, procesos en los que el porcentaje de impugnaciones fue menor al 5%.
Por otra parte, el representante de Washington suponía que la Ley de Propiedad Social «le permitirá al gobierno expropiar la propiedad individual como los hogares y las empresas».
Sin embargo, las acciones del Gobierno Nacional dejaron sin asidero la irresponsable afirmación de Caulfield. Recientemente, sólo por citar un caso, el Estado aplicó diversas medidas para garantizar la propiedad privada de venezolanos que habían sido estafados por constructoras privadas.
Lo venezolanos «no saben»
Otro de los aspectos que consternaba al encargado de negocios, además de las «dificultades de la oposición para movilizar sus tropas», era la «ignorancia» de los venezolanos.
«Los venezolanos no son conscientes de la importancia práctica de la legislación», aseveró Caulfield, juicio con el cual dejaba al descubierto su completo desconocimiento de la realidad venezolana y su desdén hacia la capacidad de organización y participación del pueblo en la toma de decisiones.
En Venezuela, los proyectos de ley y los instrumentos jurídicos aprobados por la Asamblea Nacional se debaten en las comunidades y muchas de las propuestas legislativas son elevadas al parlamento mediante el poder popular.
Incluso, durante la campaña electoral por las legislativas, el lema del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), que encabeza el Presidente Chávez, era «el pueblo pa» la Asamblea», idea sustentada en la participación de las comunidades en la elaboración y ejecución de los instrumentos jurídicos.
Fuente: http://www.avn.info.ve/node/33702
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