Por: Laura Oszust
Le Monde Diplomatique
Con la llegada de Evo Morales al poder, las organizaciones indígenas conquistaron derechos políticos y sociales y el reconocimiento de sus instituciones. Más allá de la presencia del presidente indígena en el Palacio Quemado, las comunidades deberán continuar defendiendo sus logros.
Ubicada en el corazón de América del Sur, Bolivia cuenta con una población de 10.700.000 habitantes, siendo uno de los países con menor densidad poblacional de la región. Pero no es ésta la única característica demográfica particular del país. Su composición social es por demás interesante. Más del 60% de sus habitantes se autoidentifica como indígena, frente al 24% de habitantes indígenas en Perú, siendo aymara la comunidad que predomina. La misma tuvo (y aún hoy sigue teniendo) una intervención de gran relevancia en la vida política y social del país, que se remonta a la historia del siglo XVIII.
Si bien esta tierra le debe su nombre a Simón Bolívar, considerado el “Padre de la Patria” por su destacado papel en la gesta de la independencia, la comunidad aymara también participó en la lucha por la emancipación de España. Mucho antes de la Declaración de Independencia el 6 de agosto de 1825, la corona española recibió los embates de los habitantes originarios de la región. En 1781 Bartolina Sisa y Túpac Katari iniciaron el levantamiento del ejército aymara en lo que actualmente es el municipio de Ayo Ayo en La Paz. Sisa, hija de comerciantes de coca que sufrieron la dominación colonial, y Katari, vinculado en la lucha al líder indígena de Perú, Túpac Amaru, lograron conformar un ejército de 80 mil personas con el objetivo de romper las cadenas de sumisión y esclavitud a las que los condenaba la corona española. A pesar de la magnitud de su milicia, la sublevación tuvo el peor desenlace: traicionados por uno de sus colaboradores, Sisa y Katari fueron apresados y condenados a la pena de muerte.
Las comunidades originarias de Bolivia continuaron viendo avasallados sus derechos por parte de distintos gobiernos, pero no por ello abandonaron la disputa por un espacio en la arena política. Los aymaras, los quechuas, los chapacos, entre otros, lograron hacerles frente a las privatizaciones que comenzaron con el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en 1985 y a las medidas económicas impulsadas por organismos internacionales como el FMI. Estas organizaciones indígenas llevaron a cabo revueltas en contra de estas políticas, pero también en defensa de los recursos naturales, en el marco de la protección de la Pachamama y el “Vivir Bien”.
Refundar el Estado
Luego de la ola del neoliberalismo nuevos horizontes se fueron vislumbrando. Líder del movimiento cocalero y miembro de la comunidad aymara, Evo Morales fue elegido diputado en 1997 y ganó las elecciones presidenciales en 2005, con Álvaro García Linera, sociólogo y ex militante del Ejército Guerrillero Túpac Katari, como vicepresidente. La defensa de los recursos naturales, la nacionalización de los servicios públicos y la refundación de Bolivia, en el marco de un Estado Plurinacional, fueron sus promesas de campaña, retomando las banderas de las comunidades originarias. Morales fue ungido en enero de 2006 como máxima autoridad indígena un día antes de tomar posesión de la presidencia. En su discurso en Tihuanacu hizo referencia al respeto que les confería a los indígenas: “Los pueblos aymaras, quechuas, mojeños, chapacos, son dueños absolutos de esta enorme tierra” (1).
En este contexto, los protagonistas de los levantamientos de 1871 volvieron a entrar en escena, no sólo por la pertenencia de Morales a la comunidad indígena, sino porque en 2009 se votó una nueva Carta Magna: la Constitución del Estado Plurinacional. En su artículo N° 3 determina: “La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena-originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano”. En la normativa también se reconoce la autonomía indígena y se respetan las instituciones que pertenecen a las comunidades. De esta manera, en septiembre de 2015 el municipio de Charagua, ubicado en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, votó en un referéndum por el “Sí” para obtener la autonomía indígena, convirtiéndose en la primera del país. Un año más tarde, los habitantes de la autonómica Charagua Guaraní Iyambé eligieron a sus autoridades. Este acto soberano es posible ya que en Bolivia la nueva legislación estableció una democracia intercultural, compuesta por la democracia participativa y directa, la representativa y la comunitaria; esta última introduce la elección de autoridades y representantes propios de las naciones y pueblos indígenas. El respeto a otras formas de organización institucional propició un mayor reconocimiento de las comunidades como actores políticos.
La lucha continúa
La llegada del MAS al Palacio Quemado y la posterior inclusión política de las organizaciones originarias, sin embargo, no terminaron con los conflictos.
Además de los enfrentamientos por el pedido de autonomías departamentales de la “Media Luna” (Santa Cruz de la Sierra, Beni, Pando y Tarija), Morales tuvo que sobreponerse a los reclamos de los “nuevos actores políticos”, que a su vez conforman su gobierno, compuesto por la coalición del MAS con las cinco organizaciones campesino-indígenas. En 2011 el proyecto de construcción de la carretera que atravesaría el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) generó rechazo de parte de algunas organizaciones de la zona, quienes aducen que el camino causaría consecuencias ecológicas y socioculturales negativas. Durante su tercer gobierno surgían nuevas protestas con la construcción de la represa hidroeléctrica de El Bala, ubicada en las áreas protegidas de Madidi y Pilón Lajas. Según explica el sociólogo boliviano Fernando Mayorga, estos conflictos reflejarían la contradicción entre los derechos colectivos de los indígenas y la soberanía estatal (2). El MAS, desde el inicio de estas manifestaciones, vive una relación de mayor tensión con las organizaciones que representa.
Puede observarse entonces que a partir de 2006 los movimientos indígena-campesinos han podido conquistar mayor representación, derechos y participación con las políticas implementadas por el gobierno del MAS, pero se abre un interrogante sobre la continuidad de estas transformaciones sociales ante la posible salida del poder de Evo Morales, ya que en febrero de 2016 ganó el “No” en el referéndum para reformar la Constitución y permitirle presentarse como candidato para un cuarto mandato. Sin embargo, a la luz de la lucha del pueblo boliviano, lo que podría asegurarse es que si las organizaciones continuaron batallando aún frente a un gobierno de las bases, seguirán resistiendo ante otros menos inclusivos.
Notas:
1. “Los discursos de Evo”, Página/12, 30-1-2006.
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