Un tribunal estadounidense desestimó la acusación contra el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de ocultar inapropiadamente información sobre el papel que tuvieron ciudadanos sauditas residentes en Florida en la financiación del 11-S.

Florida Bulldog, una organización de investigaciones periodísticas, ha estado indagando en los lazos existentes entre sauditas afincados en EE.UU. y los secuestradores que dirigieron los aviones contra las Torres Gemelas y el Pentágono en 2001. De los 19 secuestradores implicados, 15 eran sauditas.

La jueza de Florida del Sur Cecilia Altonaga ha dictaminado que el FBI puede mantener en secreto ciertas partes del documento ‘Overview of the 9/11 Investigation’ (Resumen de la investigación del 11-S), informa ‘The Herald Tribune’.

Excepción a la ley

El FBI hizo pública en febrero la versión redactada de las 60 páginas de diapositivas. En mayo Altonaga determinó, por  demanda de Florida Bulldog, que el documento debía ser abierto al público luego que el servicio secreto no lograra aplicar una excepción a la Ley por la Libertad de la Información diseñada para evitar la “revelación de métodos y procedimientos utilizados para investigaciones o enjuiciamientos”.

El FBI pidió que se reconsiderara la decisión argumentando que, aunque el documento no discutía la metodología, podía revelar algunos de los métodos aplicados en la investigación. Por ejemplo, una foto incluida en el documento fue tomada por una cámara de vigilancia y puede revelar el lugar dónde fue instalada.

Altonaga no ha apoyado que se inicie un proceso para evaluar la necesidad de mantener secretos los detalles vinculados a los ataques. “El tribunal no considera necesario revelar más hechos mediante un proceso”, determinó la juez.

“El papel de Arabia Saudita”

El exsenador Bob Graham, quien copresidió la investigación del Congreso sobre el 11-S, se ha pronunciado en apoyo de los esfuerzos de Florida Bulldog, diciendo que el documento del FBI podría incluir información importante sobre el “presunto papel de Arabia Saudita en la financiación de los ataques“.

“El conocimiento de estos hechos podría cambiar la opinión pública y las medidas del Gobierno acerca de la responsabilidad de los sauditas como aliado y sobre si es racional suministrarles armamento por valor de miles de millones de dólares”, comentó.

La decisión jurídica coincide con un informe del centro analítico británico Henry Jackson Society, que colocó a Arabia Saudita en lo más alto de la lista de los países exportadores de extremismo al Reino Unido.