Por: Franco Morales Lara
Es típico de gobiernos reformistas que ante su renuencia a transformar la estructura socioeconómica pretendan hacerlo a plan de decretos y leyes. Por ello es que siguiendo su “coherencia ideológica” mediante el nuevo código penal boliviano, que se encuentra todavía como proyecto de ley, se procure conseguir ciertos cambios que intenten darle a la justicia un rostro nuevo para captar la atención del ciudadano y crea éste que aquel ideal tan anhelado conocido como justicia, le permitirá vivir en paz y armonía.
Dentro de estos cambios en el código penal, se encuentran las propuestas de las nuevas causales que admiten recurrir al aborto sin que se incurra en alguna forma de delito, nueve casos en total, tres de los cuales ya son reconocidos por la actual legislación boliviana. El proyecto contempla que las mujeres con menos de ocho semanas de gestación puedan abortar en caso de pobreza extrema o no cuenten con recursos propios para la manutención de su familia. Pero esta situación debe ser demostrada ¿Cómo? me imagino que se manejarán criterios que permitan delimitar pobreza de extrema pobreza, o tal vez se deje simplemente a criterio del juez quien deberá aplicar la “sana crítica”. Pero lo indudable es que el creciente número de niños abandonados que vemos en las calles de nuestras ciudades es la muestra indiscutible de la penosa situación de la madre boliviana. Por lo tanto, como publicaba hace muchos años el Pravda “el nacimiento de un hijo es para muchas mujeres una seria amenaza” mientras se encuentre en situación de miseria y opresión familiar, de ahí que en la revolución rusa, la mujer consiguió el derecho al aborto, claro que después el estalinismo en 1936 nuevamente lo ilegalizó salvo en casos extremos.
No se vaya a confundir o creer que a los socialistas les gusta abortar, no es así, incluso el mismo Trotsky mostraba su pesar cuando se refería a éste como “un triste derecho” muy peligroso en una sociedad estratificada en clases sociales, pues este derecho es transformado por la desigualdad social en un privilegio. Cada año muchas mujeres eran mutiladas en la URSS por abortos mal practicados, porque no existían instalaciones sanitarias en condiciones adecuadas para proporcionar esta práctica médica a las mujeres que se veían obligadas a recurrir al aborto, salvo por supuesto las que podían pagar un “buen servicio”.
En Bolivia, la salud es un tema pendiente postergado permanentemente por los gobiernos de turno que nunca lo consideraron seriamente como una política de estado, por la lógica razón que para ellos la salud pública no es rentable, por eso, lamentablemente estas distan mucho del servicio que prestan los centros de salud privados. Esta problemática se hace visible frecuentemente, en largas filas desde altas horas de la madrugada que tienen que hacer los pacientes para obtener, si es que tienen suerte, una ficha de atención médica, pero esto solamente es la punta del iceberg, pues también se manifiesta en la falta crónica de medicamentos, en los precarios equipos médicos, en la insatisfacción por el trato recibido, en el insuficiente presupuesto destinado y otras muestras de ineficiencia e insuficiencia que derivan finalmente en ineficacia en los servicios que se prestan.
Por ejemplo actualmente el hospital de niños “Germán Urquidi” de la ciudad de Cochabamba se encuentra saturado de pacientes a la espera de atención médica, de acuerdo a los medios de comunicación existen 300 niños en lista de espera para ser intervenidos quirúrgicamente, muchos de ellos desde el 2014. Ya el alcalde de esta ciudad manifestó que su municipio no está en condiciones de dar atención a todos esos niños, por lo que pidió la colaboración de la gobernación, se prevé destinar un presupuesto para que muchos de estos niños sean atendidos en clínicas particulares, medida que es un parche pues obviamente no dará solución al problema estructural de la salud.
Cabe deducir entonces que en estas condiciones la vida de muchas mujeres estará en riesgo, no todas podrán efectivizar su derecho al aborto, pues el que una mujer pueda acceder o no a un aborto va a depender de los ingresos económicos con los que cuente. Por ende la gran mayoría de mujeres trabajadoras, campesinas, estudiantes que conforman el conjunto de mujeres empobrecidas, serán quiénes continúen en riesgo de perder sus vidas; si bien ya no por abortos clandestinos, pero si por abortos realizados en condiciones precarias, pues no encontrarán en los servicios públicos de salud las condiciones necesarias para hacerse practicar el aborto, o estarán en “lista de espera” lo que llevará que clínicas particulares ofrezcan este servicio que indudablemente no estará al alcance de aquellas mujeres que se encuentran en situación de extrema pobreza, sino de aquellas que puedan pagarla.
¿Asombra esta situación? No, pues al igual que hay cientos de niños en nuestro país que no pueden ser atendidos, cientos de mujeres que mueren por complicaciones en el parto, cientos de ciudadanos que se endeudan con los desorbitantes costos por la atención médica que reciben, que en muchos casos cuando fallece el enfermo se ven dificultados a retirar el cuerpo porque no logran pagar la elevada cuenta hospitalaria incluso en centros hospitalarios públicos, de la misma manera habrán varias mujeres que se ven obligadas a abortar a esperar su turno sin la seguridad de ser atendidas en condiciones adecuadas, o al verse imposibilitadas de recurrir a clínicas privadas se verán obligadas a acudir a “métodos caseros” que pondrá en riesgo su salud y vida. Por lo tanto el derecho a un aborto seguro en nuestra sociedad tan marcada por la desigualdad de clases sociales, será un privilegio para aquellas que puedan pagarlo, y las que se encuentran en extrema pobreza tendrán que arreglárselas como lo han venido haciendo hasta ahora para subsistir.
La emancipación verdadera de la mujer, la materialización justa del derecho al aborto, no serán posibles mientras subsistan las condiciones sociales, culturales y económicas que siguen privilegiando a unos pocos en desmedro de la mayoría.
Ya Trotsky lo había previsto: el poder revolucionario debe dar a la mujer el derecho al aborto, como uno de sus derechos cívicos, políticos y culturales esenciales mientras duren la miseria y la opresión familiar, pero que este triste derecho es transformado por la desigualdad social en un privilegio.
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