El “cementazo”: El escándalo de corrupción que empaña la campaña presidencial en Costa Rica

Costa Rica está a pocos meses de celebrar elecciones presidenciales, que están programadas para el 4 de febrero de 2018. Sin embargo, el camino a las elecciones parece oscurecerse a causa de un complejo escándalo político que implica a los tres poderes de la República en una trama de influencias políticas que desvela la presencia y el alcance de la corrupción en Costa Rica.

El punto de partida del escándalo, conocido popularmente como “El cementazo“, lo constituyen varios elementos: un supuesto negocio de importación de cemento desde China, un préstamo de estructura dudosa, un cambio en las normas de importación y una complicada red de personas implicadas que asciende hasta la presidencia de la república.

A mediados de 2017, el “Cementazo” se dio a conocer a través de investigaciones sobre las irregularidades un préstamo $31,5 millones de dólares que hizo el Banco de Costa Rica (BCR, banco estatal) al empresario constructor Juan Carlos Bolaños y a su empresa, Sinocem Costa Rica.

El medio CRHoy.com divulgó el audio de unos 20 minutos de duración de una conversación que aparentemente involucraba al empresario Bolaños y al entonces subgerente del BCR, Guillermo Quesada:

Esta grabación […] explica un supuesto plan para evadir el pago de un préstamo de $20.000.000 que hizo el Banco de Costa Rica con fondos públicos a un empresario importador de cemento y cuya garantía -en caso de no pagarse- son miles de toneladas de cemento importado desde China. El audio […] según varias fuentes, tendría a algunos políticos, diputados y empresarios diseñando estrategias para lograr una salida “honrosa”. [Como consecuencia] La presidenta del BCR [renunció] al puesto.

CRHoy agregó también que las investigaciones han arrojado luces sobre un complicado tráfico de influencias. Al parecer, no ha habido información alguna sobre el cemento importado, que era también la garantía que se dio al BCR para poder conceder el préstamo. Se cuestiona además, “la relación del empresario con miembros de los tres Supremos Poderes, incluidos diputados, la Corte Suprema de Justicia y la Casa Presidencial, así como miembros de diferentes partidos políticos”.

Un escándalo de altas complicaciones

Bolaños se ha defendido argumentando que el préstamo y la presentación de garantías en cemento importado tenían como intención “romper un duopolio” sostenido por la industria cementera nacional. En este duopolio, según Bolaños, las empresas Cemex y Holcim fijaban los precios del saco de cemento en el mercado y manejaban los hilos del sector.

El duopolio, en efecto, se vio amenazado con la importación de cemento de China. Sin embargo, el Gobierno cambió la reglamentación para su importación cuando el cargamento ya estaba en camino al país, lo que hacía que el cemento importado por Sinocem desde China no cumpliera con las formalidades para entrar en Costa Rica. Esto constituyó otro elemento más en las irregularidades del préstamo y de la importación, pues figuras políticas de altísimo nivel intercedieron ante aduanas para obligar a desalmacenar este cemento, a pesar de no cumplir con las condiciones legales.

Bolaños insistió haber sido víctima de las multinacionales y haber tenido como interés principal brindarle a los costarricenses cemento de calidad más barato y terminar con el duopolio. Sin embargo, sus defensas no se sostuvieron. Juan Carlos Bolaños fue detenido en la madrugada del 3 de noviembre, cuando se disponía a viajar para descansar a una finca de su propiedad ubicada en Santa Eulalia de Atenas, a unos 40 kilómetros de San José, capital de Costa Rica.

Con Bolaños, otras figuras que formaban parte de los poderes de la república cayeron también. Además de la renuncia de Paola Mora Tumminelli a la presidencia del BCR (aunque no de la Junta Directiva) y de varios ejecutivos de la misma entidad, el 18 de octubre de 2017, la Corte Suprema suspendió por tres meses al magistrado de la Sala III, Celso Gamboa, para investigar sus relaciones con el empresario Bolaños. Días antes, el 13 de octubre, el mismo órgano había suspendido, también por tres meses, al fiscal general, Jorge Chavarría, para investigar el aparente ocultamiento de pruebas en el proceso.

Y mientras tanto, en las redes…

La indignación inunda los espacios de discusión en línea. En Twitter son tendencia, entre otras, las etiquetas #cementazo, y yo no tengo amigos, frase que pronunció el presidente Solís ante la Comisión Legislativa que lo visitó para conocer su versión de los hechos:

Las noticias cambian casi todos los días, y cada vez se descubre que hay más gente de alto nivel involucrada con relaciones comerciales o de amistad con Bolaños:

Sobre la discusión en sí y las implicaciones del caso, el espacio en Medium “! Seás Tinta!, dice ver en las etiquetas que llevan la discusión en las redes una simplificación del escándalo. Sostiene que casos como este necesitan de reflexiones más profundas y de menos titulares que desvíen la atención de consecuencias más duraderas:

Rebajar la discusión, identificar culpables, simplificar un fenómeno complejo, destruir reputaciones, esconder el verdadero tráfico de influencias y promover intereses ajenos a los de las mayorías. ¿Quién va a confiar en un banco público ahora? ¿Quién va a querer pagar más impuestos después de que se ve “regalar plata” a un empresario? ¿Cómo sostener la obra pública a través de un fideicomiso? ¿Cómo vamos a seguir modernizando la economía con duopolios que ya no están en discusión?

Recientemente, en plena convalecencia por una cirugía, el presidente Solís publicó un video donde repite que no tiene amigos, y que si alguien actuó a nombre de él, lo hizo sin su consentimiento:

Publicado por Luis Guillermo Solís Rivera, el martes 7 de noviembre de 2017.

Queda claro que la opinión pública sobre los representantes costarricenses ha sido la primera víctima del escándalo. El informe de resultados de la encuesta de opinión realizada en octubre de 2017 lanzó resultados que muestran un notable cambio de opinión en la percepción que tienen los costarricenses de la corrupción gubernamental. Así, aunque el desempleo continúe siendo considerado el problema principal de Costa Rica, la corrupción se impuso entre los primeros puestos de la lista de preocupaciones de los costarricenses.