Fuente: Terc3ra
Este domingo 10 de diciembre se celebrarán las elecciones municipales, en las cuales se escogerán 335 nuevos alcaldes para los próximos cuatro años. Es el vigésimo tercer proceso electoral que protagoniza el pueblo venezolano en los últimos 18 años.
Este domingo 10 de diciembre se celebrarán las elecciones municipales, en las cuales se escogerán 335 nuevos alcaldes para los próximos cuatro años. Es el vigésimo tercer proceso electoral que protagoniza el pueblo venezolano en los últimos 18 años.
A esta cita comicial, están convocados a participar 19.740.846 electores, de los cuales 19 millones 514.561 son venezolanos y 226.285 son extranjeros.
Este padrón de electores podrá ejercer su derecho al voto en 14.384 centros de votación, los cuales contarán con 32.775 mesas electorales ya instaladas.
En estos comicios también será electo el gobernador del estado Zulia, cargo que fue declarado en vacante absoluta luego de que Juan Pablo Guanipa -electo el pasado 15 de octubre y postulado por el partido de derecha Primero Justicia- se negara a tomar juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), requisito obligatorio para ser investido por el Consejo Legislativo de la entidad.
Los votantes de esa entidad del occidente del país serán los únicos que emitirán dos votos. Asimismo, se revisó el registro para la escogencia de este gobernante, que arrojó un total de 2.452.432 votantes.
Para las elecciones municipales y del gobernador de Zulia participarán más de 1.500 candidatos de organizaciones con fines políticos nacionales y regionales.
Confianza en un sistema
Para esta jornada comicial de este domingo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció 14 procesos de verificación al sistema electoral, a los que asisten técnicos del ente electoral y de los partidos políticos, auditores externos e incluso acompañantes internacionales.
El ciclo de evaluaciones comenzó el pasado 6 de noviembre con la verificación del Registro Electoral, y se espera que culminen el 10 de enero de 2018 con la segunda fase de la auditoría de datos de electores en máquinas de votación.
Este sábado se realizó la novena y última revisión que se hace, como es habitual, antes del proceso en sí. Se trata de la auditoría de telecomunicaciones, en la que se verificó la red de transmisión de resultados. Esta se repite después del día de la votación.
En las nueve verificaciones realizadas hasta el momento, tanto técnicos como auditores externos han constatado y certificado el pleno funcionamiento del sistema electoral.
Es el mismo esquema aplicado para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que permitieron la participación de sectores sociales en las auditorías, y en las elecciones de gobernadores, efectuadas el pasado 15 de octubre.
El desarrollo de la jornada comicial será presenciada por una misión de acompañamiento internacional de 50 personas, compuesta por miembros del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), así como académicos, comunicadores, alcaldes de otras naciones y personas vinculadas con el tema electoral.
Además, para estas elecciones se contará con la presencia de observadores nacionales.
Seguridad
El Plan República para estos comicios cuenta con un despliegue de 115.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de 140.000 efectivos de órganos de seguridad ciudadana.
De acuerdo con las disposiciones establecidas por el CNE, los funcionarios del Plan República deberán facilitar el acceso a los centros de sufragio de las personas debidamente autorizadas por el Poder Electoral y a los electores.
El Ministerio Público (MP), por su parte, dispondrá de 884 fiscales estadales en 96 puntos de procedimiento para velar por el adecuado desarrollo del ejercicio del voto como un derecho humano. Asimismo, serán activados 18 fiscales con competencia nacional y un equipo multidisciplinario que garantizará durante el proceso electoral la plena operatividad de la sala situacional instalada en el MP.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) activará 1.200 tribunales a fin de prestar servicios especiales en resguardo del estado de derecho en todas las fases del proceso electoral, en aras de garantizar la transparencia del voto.
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