Por: Alejandro Dausá
En los últimos meses del 2017 y los primeros del 2018 el gobierno boliviano se topó con una ola ascendente de protestas. La más notable, un paro del sector médico que duró casi cincuenta días, en los que no hubo atención en el ámbito de la salud pública. El argumento de esa corporación fue que algunos artículos del nuevo Código Penal endurecían las sanciones en casos de mala praxis. Entre otras cuestiones, la protesta evidenció el desprecio de ese sector por la salud de la población que no puede acceder a servicios privados, la profunda y creciente mercantilización de la medicina en el país, y el rechazo a cualquier tipo de control legal o social. Fue además la chispa que encendió la alarma de otros gremios, poco dispuestos a someterse a la ley.
Lo que en apariencia comenzó como una crítica a ciertos enunciados del Código, derivó en un reclamo por su total abrogación. Para complicar el panorama, se conocieron simultáneamente algunos antecedentes sorprendentes del proceso de elaboración del Código: una primera versión copiaba varios artículos de códigos de otros países (incluyendo referencias a instituciones inexistentes en Bolivia); de acuerdo al presidente del Senado, el proceso de socialización de la nueva versión no había sido fructífero y ni siquiera había contado con la colaboración del ministro de Justicia.
En aquella coyuntura desconcertante, diversos grupos de oposición consideraron que estaban dadas las condiciones para el reclamo de fondo. Las crecientes manifestaciones contra el Código derivaron en otra más ambiciosa, centrada en impugnar la repostulación de Evo Morales para las elecciones generales de 2019. Tomó fuerza el plan que plantea la ofensiva desde la sociedad civil, habida cuenta del desprestigio de los partidos políticos, el limitado liderazgo de sus dirigentes, y lo borroso de sus programas. Por eso, el proyecto recurre a consignas (“¡Bolivia dijo no!”, “democracia”, “libertad”) sin mayores contenidos concretos, funcionando como significantes vacíos contra la figura del Presidente, que de esa manera aparece como el epítome de lo abominable (dictador, antidemocrático, conculcador de derechos y libertades, corrupto, amenaza para el futuro del país, etc.).
Eufóricos, dos conspicuos representantes de la derecha ilustrada de Santa Cruz de la Sierra describen la estrategia en sendos artículos publicados en un periódico de alcance nacional, luego del contundente paro y bloqueo realizado a mediados de diciembre en aquella ciudad. En síntesis, afirman lo siguiente:
1.El país entró en una fase de movilizaciones de protesta desde los territorios, con sus propios liderazgos, hacia el fortalecimiento de una agenda común y nacional que se sintetiza en la abrogación del Código Penal y la defensa de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016i.
2.Dichas movilizaciones defienden la democracia con cambios en el discurso (superan el conservadurismo tradicional de lo local) y las actitudes (creatividad en las convocatorias y suma de diversos sectores).
3.Las movilizaciones se caracterizan por ser urbanas, con fuerte participación juvenil, notable presencia de clases medias ampliadas, y potente utilización de redes sociales.
4.Para el caso de Santa Cruz, aprovecharon “lo más valioso de la ciudad” (esto es, la interacción social y humana en espacios públicos, a los que se les ha dado vida y significado ya no desde el consumo, sino desde la protesta).
5.Mostraron el semblante entusiasmado de una sociedad “abierta, libre, moderna, creativa, familiar, alegre, optimista a pesar de sus carencias”. Esto en contraposición con el rostro de un “régimen gris, agresivo, sin creatividad, sin sentido del humor, sin capacidad para mostrar un futuro nuevo ni incorporar los valores de la modernidad”.
6.El marco sociopolítico de todo lo anterior es la percepción del “agotamiento del régimen” por parte de sectores crecientes de la ciudadanía.
En correspondencia con esas maniobras, el reciente segundo aniversario del mencionado referéndum fue ocasión para movilizaciones impulsadas por variopintos grupos de oposición en varias de las capitales departamentales del país, destacándose La Paz y Santa Cruz. Entre los lemas y consignas que citamos antes se cuela con insistencia otro que advierte que Bolivia no puede convertirse en Venezuela. Sin embargo, las formas de protesta escogidas no son simplemente marchas o concentraciones, sino que asumen la forma de bloqueos duros en múltiples puntos de cada ciudad y en sus principales accesos carreteros, lo que impide el derecho al trabajo de las grandes mayorías, que viven con lo que pueden ganar cada día. La táctica, aunque insiste falazmente en su carácter pacífico, violenta en la práctica a los sectores más vulnerables y apunta evidentemente a generar choques y enfrentamientos. Paradójicamente, va materializando la tan aborrecida “venezuelización” de Bolivia…
Nota:
i De hecho, las presiones consiguieron la abrogación total del Código en enero de 2018. En la consulta que mencionamos de comienzos del 2016, un 51.30% de los votantes eligieron no modificar un artículo de la Constitución, cerrando la posibilidad de repostulación para Evo Morales. Posteriormente, en noviembre de 2018 el Tribunal Constitucional Plurinacional falló en favor del derecho de Evo a ser reelegido.
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