Después de 14 años de tecnicismos y chicanas jurídicas, los familiares de las víctimas, lograron llevar ante la justicia norteamericana, a los principales autores de la Masacre de Octubre, acaecida en la lejana Bolivia. País con una larguísima historia de genocidios y masacres impunes.
Obnubilados con el relato de que por fin había llegado “el fin de la historia” que “no existía alternativa” que “Bolivia moriría, sino vendía sus empresas”: Entre 1985 y el año 2003, los gobernantes bolivianos, vendieron al 20% de su valor, 212 empresas del Estado, por lo que el 20 de septiembre del 2003, a Bolivia, fuente inagotable de recursos naturales; no le queda nada que ofrecer al mundo, salvo las reservas de gas, elemento volátil y escurridizo, como la suerte de los bolivianos.
A través de los medios de comunicación, los mercaderes vuelven a entregar al pueblo espejitos de colores, cascabeles y ofrecimientos de un pronto alivio a los ayunos. Pero el futuro que prometen es una copia tosca del pasado.
La clase política no supo interpretar los signos que tres años antes anunciaban que los vientos de la historia habían cambiado a favor de “los nadies”. La Guerra del Agua, acabó con la maldición de quince años de derrotas del movimiento popular. Cualquier aprendiz de analista hubiera caído rápidamente en cuenta, sin embargo, los años de discurso unísono, les aturdieron el entendimiento, creyeron que se trataba de un hecho aislado que difícilmente volvería a repetirse, nada que una buena operación de comunicación, acompañada del ensordecedor argumento de las armas, no pudiese corregir.
A diferencia de los demás países de la región, la propuesta económica neoliberal boliviana, consistía en dejar al Estado, sin una sola prenda para cubrirse las vergüenzas; vender las joyas de la abuela e incluso a la abuela. Pero había que tener sangre de pato, para robarle al país más pobre del continente y ellos la tenían de sobra. Sin embargo, el pueblo que había vivido de las migajas del banquete, no estaba dispuesto a continuar siendo el convidado de piedra de esta larguísima jarana neoliberal.
Entonces salió a bloquear las calles y las carreteras, el gobierno sacó los tanques y la sangre volvió a brotar como otras tantas veces, pero esta vez sería diferente.
El domingo 12 de octubre de 2003, el vicepresidente Carlos Mesa advirtió a Sánchez de Lozada: “Los muertos te van a enterrar” le dijo amablemente. El comentario estremeció al presidente y le recordó sus años de estudiante de literatura en EEUU. Mientras ambos mandatarios conversaban sobre una saludable dieta vegetariana y bebían whisky con vainilla y coca-cola; en la ciudad de El Alto, 26 personas son acribilladas y más de un centenar resultaban heridas.
Al día siguiente “Carlitos” como le encanta que lo llamen, por fin tomó la decisión de renunciar, pero ya había 40 cadáveres en las calles polvorientas de El Alto.
Gracias al noble trabajo de los medios de comunicación, una opinión pública desmemoriada, le perdona la vida a Carlos Mesa. Cuesta entender, por qué no ha sido procesado junto a los otros genocidas. La justicia tiene sus razones que el corazón se resiste a entender.
El martes 14 de octubre, Sánchez de Lozada recibe el espaldarazo que estuvo aguardando desde el inicio de la Masacre. La secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, declara que su país: «apoyará decididamente al gobierno constitucional de Bolivia».
Condolezza, alta ejecutiva de la petrolera Chevron, no lo sabe, pero su relación con Bolivia, comenzó 20 años antes de que ella hubiera nacido (14 de noviembre de 1954). La Chevron, surge de la fusión, entre la Standard Oil y la Kentucky. La antigua Standard Oil, una de las “hijas” más queridas de John D. Rockefeller, la misma que en los años 30, financió la carnicería de miles de soldados bolivianos en la Guerra del Chaco.
En enero de 1935, el senador de EEUU, Huey Long, denunció que la Guerra del Chaco, era sufragada por la Standard Oil. Seis meses después, fue acribillado en las gradas del Capitolio; Como diría Sergio Almaraz, cuando hay petróleo de por medio, no existen los accidentes ni las casualidades. Si no se puede ser sutil, un par de tiros pueden ayudar a solucionar, cualquier problema.
El mismo día martes, el secretario general de la OEA, César Gaviria, con tono ceremonioso, anunció que el organismo, rechazaba cualquier intento de golpe de Estado en Bolivia.
Tres años antes, César Gaviria, ya le había echado un cable a Goni, cuando desestimó un informe sobre la masacre de 15 campesinos en la localidad minera de Amaya Pampa y lo absolvió de responsabilidad ante la Masacre de Febrero Negro.
14 años después, el 3 de abril de 2018, los diez miembros que componen el jurado del tribunal federal en Fort Lauderdale, hallaron al expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y a su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín: culpables. Exactamente a la misma hora, en que se emitió el veredicto contra Los Sánchez, el actual secretario general de la OEA Luis Almagro, se sacó una fotografía, con el ex Ministro de Defensa, que había autorizado abrir las puertas del infierno y ordenado disparar contra Marlene Rojas.
Este es un juicio civil, por lo que los genocidas no podrán ser extraditados a Bolivia. Luego de 45 horas de deliberaciones, el jurado llegó a la conclusión de que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, son responsables de las muertes extrajudiciales y que deben compensar a los familiares de las víctimas, con un pago de 10 millones de dólares.
Los medios de comunicación de la ciudad de La Paz Bolivia, consideran que todo se compra que todo se vende, por eso les preguntaron a los familiares de las víctimas que se abrazaban llorando: ¿y ahora cómo se van a repartir la plata? ¿Cuánto le tocará a cada uno? ¿En qué se la van a gastar?
Este histórico juicio, tiene exactamente el nombre que debe tener: “Mamani vs. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín” se llama, es el juicio entre “los nadies” y los dueños del mundo.
Sin embargo, en el banquillo de los acusados hay dos grandes ausentes: Francis Fukuyama y Carlos Mesa. Ambos escribieron libros sobre lo bueno que era para la humanidad, “la muerte de la historia”, ambos fueron por la vida anunciando la derrota del futuro y armaron de impunidad a cuanto desalmado neoliberal quiso escucharles. Ningún crimen es posible sin las razones que proporciona el autor intelectual. Según el actual ordenamiento jurídico penal boliviano, no existe diferencia entre el autor material e intelectual y determina responsabilidad compartida entre el autor intelectual y/o material del hecho.
En septiembre de 1998, Francis Fukuyama, admitió públicamente que “al FMI, no le importa la corrupción oficial”, esos son los valores del libre mercado que hoy pugnan por regresar.
Bolivia ha pagado caro por recuperar sus recursos naturales, por el pan y la alegría, por esta modesta racha de esperanza y continúa pagando, mientras observa sin entender cómo se aproxima esa nube de lluvia que trae la Epidemia del Olvido.
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