emitimos una simple demanda al Gobierno Bolivariano de Venezuela: el fin a la política colaboracionista de entregas. Ayer fue el periodista sueco Joaquín Pérez Becerra, hoy el cantor y luchador Julián Conrado, por no hablar de los cuando menos seis revolucionarios entregados a Colombia en los últimos nueve meses. ¿Qué hay de nuevo con la noticia de la captura de Julián Conrado? Que se ha confirmado oficialmente la entrega de revolucionarios a sus verdugos y la participación en la “política de seguridad” de Colombia como política del Estado en la República Bolivariana de Venezuela. En una rueda de prensa del 2 de junio, el Presidente Chávez dijo que la detención y próxima entrega de cantor, que caracterizó como un “asunto de Estado”, se realiza en “cumpliendo con nuestra obligación y seguiremos haciéndolo”.
En lo concreto –porque a veces simplemente levantar la bandera del internacionalismo puede sonar un poco abstracto– esto quiere decir que los niños de la calle en Colombia, los desplazados, los desaparecidos, los hambrientos no son nuestros hermanos, su situación no nos preocupa. Nuestra preocupación es lo nuestro, nuestra paz, nuestro petróleo. En esto Santos es nuestro aliado y nuestro mejor amigo… solo que ahora los venezolanos tenemos pesadillas, los malos sueños de los verdugos.
Para cualquier persona con un corazón en el pecho y para un grupo de intelectuales “preocupados e indignados” que incluye Istvan Meszaros, el encarcelamiento y extradición de Julián Conrado es inaceptable. El reciente comunicado firmado por el filósofo húngaro y unos treinta intelectuales de alto perfil –documento en la tradición de otro comunicado en rechazo a la entrega de Pérez Becerra, suscrito por más de cien intelectuales incluyendo Adolfo Pérez Esquivel y Luis Brito García– reza “la actitud asumida por Venezuela se inserta en la continuidad de una cooperación espuria con las policías colombianas que se tradujo recientemente en la entrega a Juan Manuel Santos del periodista sueco Joaquín Pérez Becerra, director de la agencia ANNCOL, y de destacados combatientes de las FARC”.
El alegato de Chávez sobre la normalidad (o la banalidad, para usar el término de Hannah Arendt) de los trámites de entrega de revolucionarios a sus verdugos quizás no pondrá en peligro la estabilidad del Estado venezolano, pero esta política que ya ha dejado de lado todo principio de humanidad sí ha puesto en jaque a la revolución en la Gran Colombia. Algunos ilusos tratan de justificar los hechos hablando de la precariedad del Proceso Bolivariano. Recordemos aquí, por vía de una larga cita a un artículo del compañero chileno Roberto Ávila con el título “¡Desde Chile: Venezolanos no se entrega a un compañero! ”, la posición digna y consecuente de un Presidente Allende que se encontraba ante una situación de mucha más presión, y en la que Nuestra América estaba prácticamente hegemonizada por el Plan Cóndor:
En medio de un mar de conspiraciones, las que llegaron a causar la muerte del general Rene Schneider jefe del ejército chileno, asumió Salvador Allende la presidencia de Chile el 4 de Noviembre de 1970. Los norteamericanos se habían propuesto su derrocamiento como tarea de estado. Una de las posibilidades para agredir a Chile era utilizar a Argentina, entonces con dictadura militar. (…)
El 15 de agosto de 1972 los 114 prisioneros políticos de la base naval Almirante Zarsita en la Patagonia argentina, casi todos ellos guerrilleros, se tomaron el penal. Por descoordinaciones sólo algunos alcanzaron a llegar a Trelew donde se hicieron de un avión de pasajeros y enfilaron rumbo a Puerto Montt en territorio chileno.
Entre los fugados venían: Roberto Santucho, jefe máximo del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), Fernando Vaca Narvaja y Roberto Quieto de la Conducción Nacional de Montoneros; Marcos Osatinsky de las FAR, Víctor Fernández Palmeiro una leyenda de la guerrilla argentina, Enrique Gorriarán Merlo y otros de la misma significación política. De Puerto Montt llegaron a Santiago, la realidad jurídica era que habían entrado ilegalmente al país, venían armados y con un avión secuestrado. Esa era la legalidad formal, lo real era su condición de luchadores por la libertad de su patria.
Depusieron las armas y pasaron a la calidad de retenido en el cuartel central de la Policía Civil chilena, una suerte de huéspedes forzados. La petición de extradición se anunció de inmediato por el gobierno argentino, al que una revolución con tantos enemigos y que luchaba en solitario como la nuestra no podía desatender sin más. Argentina nos había dado hasta un préstamo para comprar trigo.
La derecha chilena tocó de inmediato las campanas del escándalo: “Chile el santuario de los extremistas latinoamericanos”, “se perjudica la relación con Argentina “, “se viola el estado de derecho”. (…)
El presidente Allende se reunió con los abogados de los jóvenes argentinos en el Palacio de La Moneda y pidió a su ministro de Relaciones exteriores su opinión. La relación del ministro fue desoladora: todo el derecho en contra, el nacional y el internacional.
(…) Cada nuevo consultado acumulaba argumentos legales y políticos en pro de la extradición. Los abogados de los fugados veían venir lo peor. Sorpresivamente el presidente de la República de Chile, el jefe de la Revolución chilena, se puso de pié y dando un golpe de puño sobre la mesa dijo con voz clara y determinación. “Así serán las cosas, pero este es un gobierno socialista mierda, y no entregamos a ningún compañero” (…).
Reflexionando sobre la revolución que se nos escapa cuando nos miramos al espejo y vemos no la cara de humanidad de Allende, sino la mueca horrenda del torturador, emitimos una simple demanda al Gobierno Bolivariano de Venezuela: el fin a los acuerdos de Cartagena, el fin a la política colaboracionista de entregas, el fin a toda colaboración política con países imperialistas y sus lacayos.
¡REVOLUCIÓN NO ENTREGA REVOLUCIONARIOS!
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