Fuente: TeleSur
La CIDH emitió un informe en el que rechaza la violencia con la que el Estado hondureño reprimió las protestas postelectorales de 2017. Sin embargo, en el mismo no se refleja la situación judicial en la cual se encuentran las personas detenidas durante estas protestas.
El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, repudió este viernes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya omitido reconocer como presos políticos a las personas capturadas ejerciendo el derecho a la protestas durante la crisis electoral del año 2017.
A través de su cuenta en la red social Twitter, Zelaya aseveró que aquellos que conocen la verdad de los hechos sucedidos en la crisis postelectoral de noviembre de 2017 deben continuar luchando por la libertad de estas personas que el actual régimen de la nación aún mantiene tras las rejas.
Estas declaraciones surgen tras la publicación del informe de la CIDH sobre los derechos humanos en Honduras, luego de su visita entre los días del 30 de julio al 3 de agosto, cuando se reconoció que en la nación aún persiste un clima político polarizado.
«Dada la percepción pública sobre la falta de legitimidad de las elecciones, se generaron protestas que fueron reprimidas mediante un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza», citó el comunicado.
Resaltó que durante esta represión también participaron las Fuerzas Armadas en contradicción con los estándares interamericanos en la materia. «En un sistema democrático es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas», señaló el texto.
Asimismo, reconoció que como consecuencia del uso de estas fuerzas de seguridad «por lo menos 22 personas fueron asesinadas; cientos de personas resultaron heridas, incluidos agentes de las fuerzas de seguridad; y más de mil personas fueron detenidas».
La CIDH sostuvo que considerando lo irreversible de las consecuencias del uso de la fuerza, este es un recurso que solo debe usarse como última opción que pretenda impedir un hecho de mayor gravedad que el provoca la reacción estatal.
«El uso de la fuerza debe ser caracterizado por la excepcionalidad, y satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad», indicó el informe.
El escrito omite mencionar la situación judicial en la cual se encuentran las personas detenidas durante estas protestas en la cual no reconocían los resultados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que daban a Juan Orlando Hernández como presidente de la República para el periodo 2018-2022.
Comentario