El caso colombiano de manipulación e inconsistencia demuestra que los estudios van a engrosar los números para hacerlos atractivos a la causa extranjera. | Foto: misionverdad.com
El fenómeno migratorio en Venezuela, que ha crecido exponencialmente durante los últimos dos años, no ha sido abordado con rigurosidad, por el contrario, se toman los números al azar para instalar la matriz del «éxodo de venezolanos» con el inconveniente de dejar cabos sueltos entre los informes presentados.
Manipuladas, las cifras hacen considerar a cualquiera que consuma incrédulamente las cápsulas informativas de la mediática internacional sobre las condiciones de estabilidad en el país. Las estimaciones van desde cientos de miles hasta 4 millones, comparándolo con conflictos bélicos como el de Siria, que ha desplazado a más de 5 millones de personas durante los siete años de guerra.
Las organizaciones internacionales y empresas privadas que ejercen el control sobre los datos migratorios, presentan cifras en crudo sin un análisis circunstancial y sirven de fuente fidedigna para las notas alarmistas de los medios que le añaden contexto e interpretación interesadas según las intenciones del momento.
En el caso venezolano, las cifras han marcado una inconsistencia entre lo que arrojan instituciones y lo que manifiestan figuras mediáticas. De hecho, pareciera que las primeras estuvieran proyectando a los resultados futuros de las segundas. Si nos trasladamos tres años atrás, en 2015, los medios decían que 1 millón y medio de personas se habían marchado en los últimos 15 años, tomando como fuente a instituciones nacionales especializadas en las tendencias migratorias como el Laboratorio Internacional de Migraciones de la Universidad Simón Bolívar y el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Sin embargo, los datos arrojados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para ese año indicaban que 606 mil 281 venezolanos vivían fuera del país.
En su intento de presionar los tiempos para avanzar en la agenda exterior de EE.UU. contra Venezuela, Almagro publicó en septiembre de 2017 un desgastado informe donde sostenía, con fuentes dudosas, que había más de 2 millones de «desplazados». Este calificativo no es gratuito, pues viene a abonar en la construcción de una percepción internacional de Venezuela como un «Estado fallido».
Inducir la cifra que necesitan para hacer del caso venezolano digno de opacar la realidad mundial de desplazamientos por conflictos desatados bajo la firma de los países del llamado Primer Mundo, ha costado años de ataques al sistema económico nacional y propaganda mediática del terror. Es solo en este año cuando la OIM reconoce la cifra de 1 millón 642 mil 442 de venezolanos en el exterior, que según la organización ACNUR de la ONU no clasifica dentro de la categoría de «refugiados».
Cuando en mayo el presidente Juan Manuel Santos declaró ante Bloomberg TV que existía más de 1 millón de venezolanos dentro de la nación colombiana, tuvo que explicar el gerente para la frontera de ese país, Felipe Muñoz, que la cantidad hacía referencia a «la cifra sumada de toda la población venezolana que puede estar en Colombia. Más de 320 mil venezolanos regulares, otro grupo que tiene visa, otro con permiso especial de permanencia, o pasaporte. Y además de eso hay un grupo que hace tránsito en el país, no necesariamente todos se quedan».
Entre los que hacen tránsito en el país vecino, existe un grupo categorizado como «migración pendular» que se instala en las regiones fronterizas por un periodo corto de tiempo para hacer actividades económicas puntuales para luego regresarse a Venezuela, lo que explica que haya días donde el movimiento migratorio ascienda por encima de los 45 mil.
Por otro lado, la OIM, en su informe de abril sobre Tendencias Migratorias en las Américas y en un proyecto en conjunto con Migración Colombia para conocer el perfil de nacionalidad que componen el flujo migratorio entre Venezuela y Colombia, muestra que de los 600 mil venezolanos migrantes registrados por el organismo, 40% está constituido por colombo-venezolanos, es decir, personas que poseen tanto la nacionalidad colombiana como la venezolana.
¿Por qué enfatizar el hecho de que buena parte de la población que migra hacia Colombia es nacida en ese país o tiene orígenes de allá? Primero porque el Estado colombiano ignora a propósito la realidad migratoria de la población en su territorio producto de la violencia paramilitar y el narcotráfico, que lidera los números de desplazados internos en Latinoamérica, con 7.7 millones de personas. Solo en Venezuela existen 5 millones de refugiados colombianos.
Y segundo, porque así se recuerda que el país fronterizo era hasta hace poco uno de los sitios de menor interés para cualquier migrante. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística colombiano, entre 1985 y 2005, Colombia tuvo saldos netos migratorios negativos.
Eso significa que fueron más personas las que emigraron del país vecino que las que entraron. Que ahora se anuncie como sitio principal de destino para los venezolanos exiliados, cae muy bien a las intensiones de captar los recursos donados por los patrocinadores del «canal humanitario» en Venezuela. Pero lavarle la cara al Estado narcotraficante es un ejercicio mediático de gran aliento.
El caso colombiano de manipulación e inconsistencia demuestra que los estudios van a engrosar los números para hacerlos atractivos a la causa extranjera. Si aún le diéramos el beneficio de la duda a las cifras, desmontarlas radicaría en caracterizar el perfil, los detonantes y el punto álgido de la migración.
Un ejercicio sencillo de contextualización: de ser cierto que 1 millón y medio de venezolanos se ha desplazado, 900 mil de ellos lo habrían hecho en 2017, año en el que la asfixia financiera, bloqueo de alimentos e insumos médicos y sanciones emitidas por el propio presidente de Estados Unidos alteraron considerablemente la estabilidad económica del país.
Desde el punto de vista político, en ese mismo lapso, el sector opositor recibió un racha de derrotas en el plano electoral luego de mitigados los esfuerzos por violentar la gobernabilidad de la dirección chavista (revolución de colores de 2017), lo que trajo suficiente depresión colectiva a una porción del país para movilizarse a las metrópolis que le garanticen los estándares de clase media que disfrutaban en Venezuela, aún a costa de lavar autos y atender puestos de comida rápida.
Los organismos multilaterales se han encargado por años de contabilizar el perjuicio causado en los territorios donde el aparato capitalista deja su huella asentada. Los desplazamientos, como otra de sus consecuencias, pasan desapercibidos ante la mirada pasiva del mundo occidental. La hora estelar que recibe Venezuela en estos momentos arroja candela a la narrativa injerencista y justifica la activación de la destructiva «ayuda humanitaria».
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