En los próximos días, en Honduras, la Sala I del Tribunal de Sentencia, que está llevando  el juicio en contra de los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres emitirá su fallo y las posibles condenas que pesaran contra las personas imputadas por este crimen.

Este caso ha sido seguido, con mucha atención, por diversas organizaciones internacionales que luchan por el derecho de las víctimas a la justicia y en solidaridad con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) del que fuera Berta Cáceres su coordinara general.

Por lo mismo, a mitad de esta semana, llegó a Tegucigalpa una delegación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para acompañar a la familia de Berta Cáceres y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en su exigencia por verdad y justicia.

“Desde CEJIL – señaló Karina Sánchez – nos mantendremos vigilantes del proceso en su última etapa; y continuaremos denunciando las graves irregularidades que el Ministerio Público y el Tribunal a cargo del caso han cometido en este proceso. Entre ellas: la falta de acceso completo a información, la exclusión arbitraria de las víctimas, la falta de publicidad de las audiencias, entre muchos otros”.

Recordemos que durante octubre, en una seguidilla de nuevas irregularidades y faltas al debido proceso, un tribunal hondureño retiró a los abogados que representan a la familia de la líder indígena Berta Cáceres y al único testigo ocular del asesinato de Berta, Gustavo Castro, del caso legal contra las primeras 8 personas acusadas del asesinato.

“Esta decisión fraudulenta del Tribunal deja a las víctimas del caso en completa indefensión, pues, por 2 años y medio, el Ministerio Público ha demostrado su incapacidad y falta de voluntad para impulsar de manera diligente el proceso judicial, practicando sistemáticamente ilicitudes que violentan los derechos a la verdad y la justicia”, señaló COPINH en una declaración.

A todo eso se suma, que la Fiscalía no realizó diversos peritajes, por lo cual no entregó todas las pruebas para ser ponderadas en el juicio penal. Entre ellas, no realizó una prueba de balística con un arma incautada en la casa del ex militar Mariano Díaz graduado de la Escuela de las Américas. Ni tampoco examinó la información en una computadora, teléfono y otros aparatos electrónicos que le fueron requisados. Además, y lo más grave, no se examinó la información de las computadoras y otros dispositivos electrónicos incautados en las oficinas de DESA, la empresa contra la que lucho Berta Cáceres y que  sindicada por ser la autora y responsable intelectual del crimen de Berta Cáceres.

SOAWatch, quien ha acompañado este caso, dijo en una declaración que  “Las ilegalidades e irregularidades que han marcado la investigación y el caso legal sirven para proteger a los autores intelectuales y la estructura criminal responsable del asesinato de Berta y una serie de ataques contra COPINH. Los Estados Unidos también tienen la responsabilidad de apoyar al gobierno hondureño y financiar su sistema de justicia mientras construye la impunidad a través de una farsa de un proceso legal, que ha violado repetidamente el debido proceso y los derechos de las víctimas”.

Recordemos que desde el golpe de Estado, del 28 de junio de 2009, contra el presidente Manuel Zelaya, y que fue encabezado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez y por el  jefe de la Fuerza Aérea, general Luis Prince Suazo, ambos graduados de la Escuela de las Américas del Ejercito de los Estados Unidos, han sido asesinados en Honduras más de 154 activistas sociales, defensores de la tierra y del medio ambiente. Estos casos, han quedado en la impunidad.

Finalmente, aunque se condene a las personas que han sido arrestadas e imputadas por el asesinato de la lideresa Berta Cáceres quedaran en la impunidad los autores intelectuales, los que ordenaron este crimen, y sus cómplices en el gobierno y las Fuerzas Armadas.

También, seguirá en la impunidad el gobierno de los Estados Unidos responsable del golpe de Estado en Honduras y responsable de seguir dando asistencia económica y militar a los sucesivos gobiernos de factos y corruptos que han seguido gobernando este país.