Por: John M. Ackerman
La guerra no solamente se hace con las armas, sino también con la ley. En América Latina, el ‘warfare’ se conduce cada vez más por medio del ‘lawfare’, donde se utilizan las cortes y los tribunales para eliminar a los adversarios políticos.
Hace unos días, el periodista Glen Greenwald y el equipo de The Intercept dieron a conocer lo que siempre sospechábamos: el señor Sergio Moro fungió como juez y parte en el juicio en contra de Luiz Inácio Lula da Silva por supuestos actos de corrupción.
Como juez, Moro tendría que haberse mantenido autónomo e independiente pero, en realidad, instruía, aleccionaba y asesoraba al abogado Deltan Dallagnol, que litigaba el caso. Se actuó por consigna para meter a Lula en la cárcel y, así, sacarlo de la contienda presidencial.
Y como premio por su efectivo ‘lawfare’, Jair Bolsonaro nombró a Moro su ministro de Justicia inmediatamente después de las elecciones presidenciales. ¡Más claro ni el agua!
Es el coronel estadounidense Charles Dunlap quien ha ofrecido la mejor definición de ‘lawfare’: «Un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar».
Esto también está pasando hoy en Ecuador. El expresidente Rafael Correa se encuentra refugiado en Bruselas porque el Gobierno del actual presidente, Lenín Moreno, lo ha acusado falsamente de haber orquestado un supuesto secuestro de un periodista en Colombia durante su mandato.
El vicepresidente de Correa, Jorge Glas, ya está recluido en la cárcel y el antiguo canciller de Correa, Ricardo Patiño, ha tenido que abandonar su país para evitar la misma persecución política y judicial.
Cristina Kirchner también se encuentra bajo un permanente acoso judicial en Argentina con el fin de descarrilar su marcha hacia la Casa Rosada, junto con Alberto Fernández, en las elecciones presidenciales de octubre próximo.
En México, la oposición autoritaria también ya prepara sus batallones para hacerle el ‘lawfare’ al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El primer disparo es el cúmulo de amparos e impugnaciones en contra de la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.
¡Ahora resulta que quienes más atacaban a López Obrador por cancelar las obras de Texcoco quieren cancelar también las de Santa Lucía!
¿No es qué México necesitaba «modernizar» su infraestructura y «abrirse» al mundo?
La agenda es clara. No se busca defender al medioambiente o a los pobladores de Santa Lucía sino, simplemente, bloquear por la vía judicial cualquier proyecto de López Obrador.
Los adversarios están enojados por la cancelación de su hoyo de corrupción en Texcoco y quieren desquitarse y derrotar a AMLO a cualquier precio.
Afortunadamente, López Obrador ya tiene una larga experiencia en este tipo de batallas y ha salido victorioso en todas, incluyendo el caso de Paraje San Juan en 2003 y el desafuero de 2005, cuando fungía como jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Pero el presidente necesitará del apoyo de su pueblo para librar las nuevas batallas que se acercan. Abran los ojos y recuerden que la ley no es siempre neutral sino que, muchas veces, se utiliza con los fines políticos más mezquinos.
Comentario