Amnistía denuncia el “encubrimiento” del Gobierno mexicano en la desaparición de los 43 normalistas

                                          

Madres de los estudiantes desaparecidos se manifiestan ante el Congreso de los Estados Unidos en espera de concertar un encuentro con el Papa Francisco EFE

Amnistía Internacional ha defendido este miércoles que el manejo negligente por parte de las autoridades mexicanas de la investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Iguala, Guerrero, hace un año, expone un“escandaloso encubrimiento orquestado en los niveles más altos de gobierno”.

“La tragedia de Ayotzinapa es uno de los peores escándalos de Derechos Humanos de la historia reciente de México“, ha sostenido la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, subrayando que “ha expuesto cómo cualquiera puede desaparecer forzadamente como por arte de magia en el país mientras quienes están en el poder se enfocan en cubrir las huellas”.

En este sentido, ha advertido de que a menos que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, adopte una “acción real ahora va a continuar siendo visto en todo el mundo como el facilitador de estos horrores”.

“La inquebrantable determinación del Gobierno mexicano de convencer al mundo de que los estudiantes fueron asesinados por una banda de narcotraficantes y sus restos quemados en un basurero está actuando como una distracción de cualquier otra valiosa línea de investigación“, ha lamentado.

En este sentido, la responsable de Amnistía ha señalado que “deberían explorar el rol de las fuerzas y cuerpos de seguridad responsables de hacer cumplir la ley en la tragedia después de que no actuaron con diligencia, a pesar de ser conscientes de los abusos contra los estudiantes mientras se estaban llevando a cabo”.

Los hechos

Los 43 estudiantes magisterio de la Escuela Rural de Ayotzinapa“fueron desaparecidos forzadamente”, recuerda Amnistía, después de ser detenidos por la policía municipal mientras viajaban a Iguala el 26 de septiembre de 2014.

Desde entonces, los restos de uno de los estudiantes, Alexander Mora Venancio, de 19 años, fueron identificados, supuestamente en base a los restos encontrados dentro de una bolsa de basura en un río de la zona. Las autoridades recientemente dijeron que un hueso que pertenece a Jhosivani Guerrero de la Cruz, otro estudiante de 20 años, fue encontrado en la misma bolsa.

Sin embargo, expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense dijeron que el examen de ADN hecho sobre estos últimos restos no es concluyente.

Además, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también ha refutado la versión de los hechos del Gobierno mexicano. En un informe publicado el 6 de septiembre, dijeron que era científicamente imposible que ese número de cuerpos fuera incinerado en un basurero en las condiciones expuestas por las autoridades.

Investigación deficiente

Según Amnistía, entre los profundos fallos de la investigación oficial del caso se incluye el manejo negligente de las pruebas forenses, alguna de la cuales nunca fue procesada. Así, los primeros oficiales que llegaron a Iguala la noche en la que los estudiantes fueron detenidos no tomaron fotos, ni recolectaron muestras de sangre, pelos, ropa o huellas dactilares. Además, áreas enteras de la escena del crimen no fueron procesadas.

Por otra parte, las autoridades mexicanas también impidieron que los expertos internacionales entrevistaran a soldados del Batallón de Infantería número 27, localizado en el pueblo donde los estudiantes fueron arrestados. Documentos de Inteligencia desclasificados desde entonces revelaron que militares en Iguala sabían de las detenciones ilegales y de los abusos contra los estudiantes.

“Si el Gobierno está convencido de que los militares no tienen ninguna información relevante que proporcionar, ¿de qué están tan preocupados? Proteger a los soldados de las investigaciones genera alarmantes preguntas”, ha advertido Guevara-Rosas.

Desde que los estudiantes fueron detenidos y desaparecidos forzosamente, más de 100 personas fueron arrestadas en relación a las desapariciones (aproximadamente el 50% de ellas son policías y el 50% supuestos miembros de bandas criminales). Algunos de los detenidos han denunciado que fueron torturados para confesar haber secuestrado a los estudiantes.

Trato a las familias

“La falta de transparencia y la forma en la que los familiares de los estudiantes están siendo tratados es sorprendente, aun bajo los estándares de un país que parece absolutamente incapaz de abordar violaciones a los Derechos Humanos“, ha aseverado Guevara-Rosas.

“Las autoridades mexicanas deben dejar de jugar con los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa. Deben reencauzar las investigaciones de manera urgente y, entre otras medidas, permitir que los expertos independientes puedan acceder a todos los crematorios en y cerca de Iguala”, ha remarcado.

Por otra parte, Amnistía ha denunciado que desde que desaparecieron los normalistas se han descubierto más de 70 fosas comunes con los restos de decenas de personas, la mayoría de las cuales no han sido identificadas todavía.

La desaparición forzada de los estudiantes tuvo lugar en el contexto de una crisis de Derechos Humanos en México, con más de 26.500 personas desaparecidas o cuyo paradero es desconocido en todo el país en los últimos años, casi la mitad durante la administración del presidente Peña Nieto.