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Fuente: Noticias Aliadas
El Salvador es uno de los siete países de América Latina y el Caribe donde el aborto está totalmente prohibido. |
Evelyn Hernández tenía 18 años cuando fue violada por un pandillero en abril del 2016, quedando embarazada. Tenía 28 semanas de embarazo cuando empezó sentir dolores en el vientre y en la letrina de su casa dio a luz a un bebé que murió. Perdió la conciencia mientras sangraba profusamente; su madre la llevó al hospital donde fue acusada de haberse provocado un aborto y quedó detenida.
El 5 de julio fue condenada a 30 años de cárcel por “homicidio agravado en perjuicio de su hijo recién nacido”. La decisión de la jueza se basó en que “no buscó atención prenatal”, aunque Hernández aseguró que no sabía que estaba embarazada porque sangraba periódicamente, que atribuía a la menstruación.
El de Hernández es el caso más reciente de la criminalización de las mujeres que abortan, ya sea en forma espontánea o provocada. El Salvador, Chile, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam son los países de América Latina y el Caribe donde el aborto está prohibido en cualquier circunstancia, incluso cuando la vida de la madre está en peligro.
El abogado Dennis Muñoz anunció que apelará la sentencia porque “a Evelyn se le ha acusado injustamente. Toda prueba es indiciaria, puro prejuicio de lo que debió haber hecho. Por ejemplo, dice la Fiscalía que no llevó control prenatal, pero nunca describen una conducta encaminada a provocar la muerte de su hijo recién nacido”.
El aborto en todas sus formas está prohibido en El Salvador desde 1998 y penaliza con 50 años de cárcel para la mujer que se someta a este procedimiento y 12 años para el médico que lo realice. Los médicos deben informar a las autoridades si consideran que una mujer se ha provocado un aborto.
A fines del 2016 el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) presentó un proyecto de ley para permitir el aborto en casos de violación, cuando la víctima sea menor de edad o de tráfico humano, cuando el feto sea inviable o para proteger la vida de la madre, pero la mayoría conservadora en el Congreso rechazó la iniciativa.
Desde 1998, 17 mujeres han sido condenadas por abortos, de las cuales 15 continúan encarceladas. La mayoría llegó a los hospitales por complicaciones en el embarazo o abortos espontáneos y fueron denunciadas por el personal de salud, ante el temor que fueran también acusados de prácticas abortivas.
Mal procedimiento judicial
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, señaló en un comunicado divulgado el 13 de julio que la investigación sobre el caso de Hernández, realizada por la Fiscalía General de la República “presenta vacíos” y que “durante la audiencia y en el expediente quedó evidenciado el mal procedimiento de los policías que procesaron la supuesta escena del delito”, por lo cual apelarán el fallo.
“En el caso de Evelyn existe una duda razonable y falta de dolo sobre lo que ocurrió durante el parto extrahospitalario que experimentó, esto de acuerdo a los peritajes realizados por el Instituto de Medicina Legal y los doctores y doctoras que realizaron los exámenes, según consta en su expediente”, dice el comunicado.
Morena Herrera, defensora de los derechos humanos, precisó que “los alegatos de representación fiscal y las razones de la jueza para condenarla, pese a la ausencia de pruebas directas claras para sustentar la condena, son suficientes para que la defensa esté convencida de que estos operadores del sistema judicial no investigaron lo necesario para comprender los hechos y con base en ello impartir justicia”.
Según el Instituto Guttmacher, organización no gubernamental estadounidense que trabaja en salud reproductiva, entre el 2010 y el 2014, se produjeron 6.5 millones de abortos por año en América Latina y el Caribe, la mayoría ocurrió en América del Sur (4.6 cada año en ese periodo). La tasa anual de abortos es estimada en 44 intervenciones por cada 1,000 mujeres entre 15 y 44 años. En América Central, la tasa es de 33 por cada 1,000 mujeres y en El Caribe de 65 por cada 1,000.
En América Latina y el Caribe, señala el Instituto Guttmacher, al menos 10% de las muertes maternas se deben a abortos inseguros. Unas 760,000 mujeres en la región reciben tratamiento cada año por complicaciones derivadas de abortos inseguros, que incluyen abortos incompletos, excesiva pérdida de sangre e infecciones. Otras complicaciones menos comunes pero igualmente peligrosas incluyen choques sépticos, perforación de órganos internos e inflamación del peritoneo.
“Algunas mujeres con complicaciones no tratadas experimentan consecuencias de largo plazo a la salud, tales como dolor crónico, inflamación del tracto reproductivo, enfermedad inflamatoria pélvica e infertilidad”, señala el Instituto Guttmacher. “Los servicios post aborto en la región son por lo general de mala calidad. Las deficiencias más comunes incluyen retrasos en el tratamiento, intervenciones inapropiadas, acceso inadecuado y actitudes de censura del personal de salud en clínicas y hospitales. Estos factores probablemente disuaden a algunas mujeres de obtener el necesario tratamiento”.
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