San Cristóbal de las Casas, la cabecera municipal que los indígenas de Chiapas tomaron el 1 de enero de 1994, mantiene pocas huellas de aquel hito determinante de la historia contemporánea. Modelada para recibir turistas, la ciudad reserva a la identidad zapatista un puñado de centros sociales y culturales que funcionan como redes de apoyo; allí se venden productos cooperativos y se ofrecen algunas postales que propagandizan la causa insurgente. Los espacios funcionan, además, como lugares de encuentro y autoorganización urbana. Hay que salir del casco histórico para toparse con algún mural o cartel que reivindique al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, ese particular ejército irregular que decidió seguir existiendo solo a condición de dejar de lado las armas. No hay mucho más que recuerde la insurrección indígena en una ciudad sostenida por el trabajo de los mismos que, hace casi 30 años, empuñaron los fusiles y los palos y se rebelaron.

El pasado 8 de agosto se cumplieron 20 años de la fundación de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno. En los próximos meses confluyen otras conmemoraciones significativas: el 17 de noviembre serán 40 años desde que comenzó a organizarse la insurgencia clandestina en el sureste mexicano y el 1 de enero del año entrante se cumplirán 30 años del levantamiento que resquebrajó la hegemonía neoliberal y sacudió conciencias adormecidas a lo largo de todo el mundo. La cultura zapatista es bien propensa a los símbolos y al aprovechamiento de las fechas: los Caracoles nacieron el día del cumpleaños de Emiliano Zapata; el EZLN se dio a conocer en simultáneo y en resistencia a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (y en sintonía con el aniversario de la Revolución Cubana); cuarenta y tres es la suma de los Caracoles y los municipios autónomos conformados a lo largo de estos 20 años y la cifra, explican, busca reivindicar la memoria de lxs 43 jóvenes normalistas desaparecidxs en Ayotzinapa.

Sin embargo, este año, el cumpleaños de Zapata y la conmemoración redonda de dos décadas de Caracoles pasaron desapercibidos. En Chiapas explican ese silencio con más silencio. En medio de un contexto de violencias contra las comunidades que recrudeció en los últimos meses, nadie arriesga una pista sobre las decisiones futuras del zapatismo.

Un Caracol es una comunidad autoorganizada y autogobernada. En 1996, después de la traición a los acuerdos de paz de San Andrés por parte del Estado mexicano, los pueblos zapatistas decidieron darse su propia organización por medio de las Juntas de Buen Gobierno, en confrontación ideológica con el neoliberalismo y al margen de cualquier injerencia del Estado. Esas instancias resultaron útiles, además, para recibir la solidaridad nacional e internacional y para dar a conocer la voz de las comunidades más allá de las fronteras. En palabras del por entonces subcomandante Marcos, cada Caracol buscó ser «una pequeña parte de ese mundo a que aspiramos hecho de muchos mundos. Serán como puertas para entrarse a las comunidades y para que las comunidades salgan; como ventanas para vernos dentro y para que veamos fuera; como bocinas para sacar lejos nuestra palabra y para escuchar la del que lejos está».

«No sé si se conmemoran 20 años, o se hubieran conmemorado», dice, con cierto misterio digno de la enigmática filosofía zapatista, un integrante de las redes de apoyo en San Cristóbal. Solo cuando avance la conversación comprenderemos a qué se refiere. Es que, en la actualidad, los Caracoles están cerrados. Las comunidades ya no hacen pública la existencia de las Juntas de Buen Gobierno, esas instancias delegativas y rotativas donde quien cumple funciones lo hace sin recibir remuneración alguna y, sobre todo, honrando la máxima de gobierno zapatista, el «mandar-obedeciendo».

Hasta hace poco, quien quisiera entrar en contacto con las comunidades —por lo general, integrantes de las redes de apoyo con que cuenta el zapatismo en México o en otros lugares del planeta— podía acercase a San Cristóbal y, tras las gestiones correspondientes, ser recibido en algún Caracol. Pero ahora eso ya no es posible. «Es que hay un proceso de remilitarización a través de las nuevas bandas criminales que nos tienen bajo ataque», explican.

«Se viene una guerra civil»

Diana Iztu Luna nos recibe en Sendas, un espacio cultural en el centro de San Cristóbal «para aquellas personas que caminamos en búsqueda de la justicia y que nos inspiran las luchas de los pueblos originarios». Allí se combina el arte indígena con la comercialización de productos cooperativos de las comunidades. Diana integra distintos espacios organizativos que adhieren a La Sexta Declaración de la Selva Lacandona, como la Red de Resistencia y Rebeldía y el Movimiento de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio.

«La violencia ya no viene solo del Estado, ahora el crimen organizado nos pone en un nuevo desafío. Antes nosotros, nosotras, hablábamos de la guerra integral y de desgaste por parte del Estado hacia las comunidades autónomas; ahora lo que estamos viendo es una guerra también propiciada desde grupos de poder, pero ejecutada por personas comunes, eso ya nos mete en una dinámica donde, si antes hablábamos de mal gobierno, ahora hablamos de des-gobierno», explica Diana.

A pocas cuadras del espacio cultural Sendas se encuentra la oficina del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Frayba, fundado en 1989 por el mítico obispo católico Don Samuel Ruiz, amigo de las comunidades indígenas aún antes de la rebelión. Desde allí parten las Brigadas Civiles de Observación que buscan, con su presencia en los territorios en conflicto, prevenir y documentar las agresiones a las comunidades. «El gobierno federal es cómplice de la violencia», dicen desde el Frayba, y apuntan sin eufemismos al presidente mexicano. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, es visto desde América Latina como parte de los gobiernos progresistas que se proponen construir alternativas al mismo neoliberalismo que los zapatistas siempre buscaron combatir. Sin embargo, comunidades y gobierno chocan y no se ven puntos de contacto, más bien todo lo contrario. Zapatistas y defensorxs de derechos humanos afirman que «el presidente de la República miente y encumbra la violencia en Chiapas». Acusan a AMLO de difamar a las organizaciones de la sociedad civil en Chiapas «en medio de una profunda violencia que se ha agudizado en los últimos años».

A partir de 2019, distintos grupos paramilitares atacaron a las comunidades en más de 110 oportunidades, según documentó el Frayba. Los hechos se extienden a lo largo de todo el sureste mexicano: fueron sus principales víctimas las regiones zapatistas de Moisés y Gandhi, las Juntas de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, el Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, la zona Patria Nueva y el municipio oficial de Ocosingo, en Chiapas. Los ataques incluyeron quema de escuelas y bodegas de café, secuestros, torturas y heridos de armas de fuego.

A esa violencia paramilitar el Estado mexicano sumó la criminalización de las víctimas: en los últimos años fueron encarcelados Manuel Gómez Vázquez y José Díaz, miembros de las bases de apoyo del EZLN, y otras cuatro personas de las comunidades en resistencia cuentan con órdenes de aprehensión por acusaciones que «carecen de sustento y son una forma de intimidación y acoso a nuestra autonomía», denuncian los zapatistas.

En el informe « Chiapas, un desastre. Entre la violencía criminal y la complicidad del Estado», el Frayba sistematiza sus investigaciones sobre las consecuencias de la remilitarización y el impacto de la contrainsurgencia en Chiapas, el punitivismo y la continuidad de la tortura como práctica sistemática.

«El 21 de mayo de este año entró un grupo paramilitar a una comunidad autónoma zapatista, y entraron disparando. Hirieron casi de muerte a un promotor de salud, el compañero Jorge, un jovencito de 22 años, que recibió una bala que le entró por la espalda y le perforó el pulmón. Están entrando a matar», grafica Diana, que viene acompañando a las comunidades en sus procesos de resistencia. «Por eso ahorita hay un ´hacia adentro´ por parte de los compañeros y compañeras zapatistas; esos grupos usan armas exclusivas del ejército, están uniformados. Ante eso, Andrés Manuel López Obrador se hace el que no ve nada, el que no escucha nada. Recientemente declaró que lo que estaba pasando en Chiapas no era grave, que eran conflictos intercomunitarios… Ese fue el discurso que tuvo el PRI, que tuvo después la ultraderecha. La guerra integral y de desgaste sigue, pero con este desgobierno lo que se viene es una guerra civil», concluye.

En el Consejo Nacional Indígena de México coinciden: «Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas [actual gobernador de Chiapas] y Andrés Manuel López Obrador», declararon en junio de este año.

Acusan al gobierno de AMLO por hacer la vista gorda ante la violencia que padecen las comunidades, pero no se quedan solo en eso. El zapatismo cuestionó desde el primer momento lo que considera que está detrás de esa complicidad con los ataques a sus comunidades: los megaproyectos en los que se sustenta el plan de gobierno de López Obrador, la «cuarta transformación» que tiene como uno de sus emblemas la construcción del Tren Maya. Cuando se hizo el anuncio, el subcomandante Moisés cruzó al presidente mexicano con dureza: «no dijo de todas las desgracias que traen esos megaproyectos para la gente y para la naturaleza», «desprecia a los pueblos originarios», y alertó que los zapatistas defenderán a la Madre Tierra «hasta morir si es preciso».

Un Caracol refugiado en su caparazón

A 20 minutos de San Cristóbal, en la Colonia Nueva Maravilla, se encuentra uno de los Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista. Allí funciona la Universidad de la Tierra y el Cideci, Centro Indígena de Capacitación Integral. En 2019, este complejo comunitario y educativo se asumió como parte de los Caracoles zapatistas: en ese año fueron 11 las nuevas comunidades que se integraron a la red de autoorganización y autogobierno que propuso el EZLN en 2003. Aunque hoy mantiene el cartel en la entrada que lo identifica como «Caracol 7- Jacinto Canek», la comunidad en este caso adoptó las mismas medidas de seguridad que todas las demás: la Junta de Buen Gobierno ya no está accesible. Nadie en la comunidad habla del tema. Las respuestas son respetuosas pero esquivas. El silencio zapatista, ese digno y efectivo recurso de autodefensa y muestra de humildad, acompaña las miradas compasivas que nos dirigen cuando preguntamos.

El Cideci que allí funciona es un espacio educativo fundado en 1989. Al igual que el Frayba, se trata de proyectos que nacieron antes que el EZLN se diera a conocer por medio de la insurrección de 1994. El creador de esta apuesta formativa integral dirigida a niños, niñas y jóvenes de las comunidades indígenas de Chiapas es Raymundo Sánchez Barraza, a quienes todos se refieren como «el doctor Raymundo» o simplemente «el doc». Un hombre de unos sesenta y tantos años, tal vez setenta, a quien envuelve cierto halo de misterio y reverencia por parte de quienes lo tratan.

Raymundo nos recibió en la sede del Cideci. El encuentro cumplió con la expectativa que genera su leyenda. El lugar que rodea a la modesta morada donde el doctor recibe a quienes van a su encuentro está cuidadosamente decorado con plantas, flores, pinturas y murales. La espera es matizada con música clásica, que selecciona el doc y se propaga por distintos sectores del predio a través de un sistema de parlantes al aire libre.

La sala donde nos recibe es luminosa y, entre los objetos que la decoran, sobresalen otras plantas, libros y banderas de movimientos indígenas o de liberación de distintos lugares del planeta, desde Colombia a Kurdistán. Nos saluda con amabilidad, conversa con voz pausada. La música clásica, a un volumen que compite con su propia voz, exige una mayor concentración para escucharlo; nos pregunta sobre nuestro interés en la visita, demuestra estar informado sobre quienes lo visitamos y, finalmente, nos ofrece un recorrido por todo el predio donde funcionan los talleres, las salas de estudio y los espacios comunitarios. Preguntamos sobre la situación de violencia que padecen las comunidades y el futuro de los Caracoles. Nos contesta con la amabilidad y la parsimonia que mantiene durante todo el encuentro, aunque se muestra concluyente en la respuesta: «No, eso no es aquí, no somos nosotros quienes debamos tomar la palabra… menos yo». Sabíamos que Raymundo no brinda entrevistas ni expresa las posiciones del zapatismo, pero de todos modos debíamos intentarlo.

Santiago es el joven que nos acompaña en la recorrida por el único Caracol que, aunque no esté «abierto» en la actualidad, puede ser visitado. Él llegó al Cideci a los 12 años, se formó en diversos oficios, aprendió música y ahora es uno de los profesores en esa materia. Combina el español fluido que habla con nosotrxs con las frases en la lengua originaria con las que se dirige a los otros jóvenes de la comunidad. También con él intentamos el diálogo sobre la actualidad de los Caracoles, pero su silencio es inconmovible: con unas simples evasivas nos deja en claro que de eso no puede decirnos nada.

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«En lugar de invertir nuestro esfuerzo en la guerra, lo hemos puesto en levantar hospitales, escuelas y gobiernos autónomos», explican las bases zapatistas. Pero ahora se saben acechados. Hasta que el EZLN y las comunidades decidan que es el momento para dar a conocer los pasos a seguir, los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno seguirán replegadas.

El 1 de enero de este año las comunidades zapatistas se convocaron a deliberar en cada Caracol, aunque ya por ese entonces los encuentros se realizaron a puertas cerradas. Solo dejaron trascender un mensaje: «Aquí seguimos, aquí estamos». Allí, en las comunidades del sureste mexicano, seguirán estando. En silencio, por ahora. Pero sería un error confundir el repliegue con la pasividad. Recordemos, en estas fechas, que la rebelión armada que está por cumplir 30 años fue resultado de una larga década previa de acumulación de fuerzas en la más estricta clandestinidad. Es de esperar que, como entonces, de estos silencios surjan nuevas rebeldías.