El corazón revolucionario de Centroamérica no late en Costa Rica. A pesar de la dura resistencia contra la privatización de los puertos Limón y Moín de estos días, la llamada “Suiza centroamericana” tiene fama de ser un país conservador sin demasiada presencia de ideas y movimientos de izquierda. Pocos se acuerdan de los años ‘30 y ‘40, cuando el Partido Comunista de Costa Rica (más tarde Partido Vanguardia Popular, PVP), uno de los primeros partidos comunistas en América Latina, disponía de un gran apoyo entre la población.
Su triunfo electoral más importante se produjo en 1948: en la Asamblea Legislativa resultaron electos 11 diputados de un total de 57 curules [escaños]. Paradójicamente, este momento marca el fin del partido de corte estalinista, que optó por levantar las armas para defender el fraude electoral del gobierno social-cristiano de Rafael Ángel Calderón-Guardia.
La guerra civil, que enfrentó a este bando contra una alianza conservadora duró cinco semanas y terminó con la derrota de Calderón, más de 2.000 muertos y con la prohibición y persecución de comunistas. También con la abolición, que dura hasta hoy, del Ejército.
A partir de ese momento y durante el resto del siglo XX, con una izquierda totalmente desarticulada, la socialdemocracia cristiana se alternó en el poder con los conservadores. Sin embargo, el siglo XXI amaneció en Costa Rica con los períodos de mayor movilización social de su historia.
En 2000 y 2001, el país asistió al desarrollo del movimiento contra la llamada Ley Combo-ICE, una iniciativa que pretendía privatizar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entidad pública estatal que brinda servicios de telecomunicaciones e internet. El proyecto provocó una fuerte reacción por parte de la sociedad civil y la mayoría de la población lo percibió como un golpe mortal contra el “modelo Costa Rica”, un Estado social de derecho que garantiza a todos los ciudadanos salud, educación y otros servicios públicos de calidad. Miles de personas llenaron las calles en todo el país en defensa de esta idea. Reiterados bloqueos y manifestaciones multitudinarias obligaron al Gobierno de turno, el del social-cristiano Rodríguez Echeverría, a retroceder y derogar una ley que ya había sido aprobada. A pesar de este fuerte movimiento social la izquierda costarricense como expresión política quedó marginada.
A día de hoy, colectivos anarquistas siguen teniendo una cierta presencia en la capital, San José, y en San Ramón, los comunistas del PVP, con el partido otra vez legalizado, carecen de un apoyo significativo entre los trabajadores y los jóvenes.
Además, el Tribunal Supremo de Elecciones ni siquiera le concedió permiso para presentar a sus candidatos en los comicios generales del 7 de febrero. Entre los partidos de la llamada izquierda radical dominan varios grupos trotskistas como el MAS, que cuenta con mayoría dentro de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica; el PRT, con fuerte influencia en la Central General de Trabajadores y, por último, el PST. Al margen de estos grupos, actualmente el partido de izquierda con más éxito es la fuerza reformista Frente Amplio (FA) que, con candidatos de los movimientos sociales, logró triplicar su voto en las últimas elecciones. A pesar de esto, sólo logró mantener el escaño que ya tenía en la pasada legislatura. El abogado y activista ecologista José Mª Villalta será el parlamentario del FA para los próximos cuatro años.
La realidad es que la mayoría de las personas activistas costarricenses no se agrupa en partidos políticos sino en organizaciones de base. En los ‘70 destacó el activismo de grupos de ecología popular como la Asociación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza. En 1974 los ecologistas obtuvieron su primer triunfo: impidieron la construcción de un oleoducto de la costa Pacífica a la Atlántica. La herencia de estas luchas se encuentra hoy en la Federación Conservacionista de Costa Rica, que tuvo un gran protagonismo en el movimiento contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU entre 2006 y 2008. Finalmente, el TLC fue aprobado en un reñido referéndum, pero la fuerte movilización y la unión de diversos sectores sociales y sindicales marcaron un hito en la historia del país.
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