Por: Cecilia González
En México, por fin, se despenalizó el aborto.
Así lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un fallo que sorprendió por su argumentación y su unanimidad. De sus 11 miembros (ocho varones y tres mujeres), 10 coincidieron en que la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo viola derechos fundamentales.
Recogió así un reclamo centenario de los feminismos que a nivel mundial siguen enfrentando la férrea resistencias de organizaciones religiosas.
Solo un ministro, Jorge Pardo Rebolledo, no votó, pero no porque estuviera en desacuerdo, sino porque tuvo un problema familiar y no pudo estar presente en una sesión que representó una victoria del potente movimiento de mujeres de México. Si bien la sentencia se refiere al Código Penal de Coahuila, la Corte dejó en claro que aplica para todo el país.
“La Suprema Corte resolvió que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales”, resumió el comunicado que el máximo órgano de Justicia difundió después de haber debatido el lunes y el martes.
Fueron dos jornadas en las que se escucharon posiciones progresistas antes impensables en un país en el que más del 80 % de la población se considera católica y en donde las organizaciones evangélicas han avanzado políticamente hasta lograr incluso alianzas con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es un logro de las mujeres. De la marea verde. Es un homenaje a las mujeres muertas en abortos clandestinos. A las que soportaron prisiones injustas. A las que todavía están encarceladas. Es una defensa del Estado laico.
El proyecto aprobado habló a favor de la libertad, la justicia, la dignidad, la autonomía, el respeto, la salud reproductiva, el derecho al disfrute de la sexualidad y la maternidad como un ejercicio voluntario; y contra la discriminación, la violencia de género, la estigmatización y la noción de las mujeres como meros instrumentos de procreación.
Se refirió, también, a “mujeres y personas gestantes” para incluir a trans, travestis y personas no binarias. Sin excepción, las y los magistrados felicitaron al ministro que elaboró el dictamen, Luis María Aguilar, por incluir la diversidad de géneros que viene a romper con el falso binarismo impuesto en nuestras sociedades.
Apoyo y evasión
Es un logro de las mujeres. De la marea verde. Es un homenaje a las mujeres muertas en abortos clandestinos. A las que soportaron prisiones injustas. A las que todavía están encarceladas. Es una defensa del Estado laico.
Así lo reconoció el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, en una conferencia de prensa en la que explicó los alcances de la decisión.
Lo más importante es que anunció que el Instituto Federal de Defensoría Pública representará legalmente a las mujeres que están procesadas o detenidas por haber abortado. El objetivo es dejarlas en libertad y que todas las causas queden cerradas. Tan sólo durante este año, más de 400 mujeres han enfrentado una acusación penal por una práctica que en la mayor parte del país sigue tipificada como delito.
El ministro también denunció el clasismo y la hipocresía que suele rodear a este debate.
“No sé a partir de qué pureza moral se justifica meter a prisión a las mujeres, cuando las que están en las cárceles son las niñas, las mujeres pobres. Las niñas ricas, y molesta mucho cuando lo he dicho, siempre han abortado, pero ninguna ha caído en prisión”, recordó.
Los discursos de los miembros de la Corte Suprema, la mayoría hombres de más de 60 años, emocionaron. Demuestran el profundo cambio social logrado a fuerza de marchas, protestas, gritos, reclamos, militancias, activismos y organización.
Contrastan con la posición de López Obrador, el presidente peleonero, el mismo que a diario refuerza la polarización en al país, al que le encanta confrontar, pero que con el aborto prefiere no definirse. “Es un asunto bastante polémico”, repite una y otra vez para evadir sentar una posición sobre un tema que debería ser central en la agenda de cualquier Gobierno que se considere progresista.
En pie de lucha
El caso de López Obrador no es una excepción, más bien es la norma, porque en América Latina el único presidente que apoya el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es el argentino Alberto Fernández. Ese respaldo político fue decisivo para que la legalización en ese país se aprobara a fines del año pasado.
Es lo que falta en México, porque la lucha no termina con la despenalización. Este es un gran paso, pero todavía insuficiente. Lo logrado hasta ahora es que las mujeres dejen de ser criminalizadas. Ahora sigue la legalización, que el Congreso emita una ley que garantice el acceso a esta práctica en el sistema de salud.
Urge. Porque los logros se celebran pero también demuestran lo difícil que es avanzar. En 2007, el aborto se despenalizó en la Ciudad de México, pero tuvieron que pasar 12 años para que la reforma se aprobara en otro Estado. Fue Oaxaca, en 2019. Para entonces, la marea de pañuelos verdes había estallado de Argentina para el resto de la región.
El impulso ya era imparable, a pesar de los obstáculos, ya que en la última década una ola conservadora logró que en 16 estados del país se reformaran las constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción”.
La histórica despenalización en Oaxaca se concretó el 25 de septiembre de 2019. Solo tres meses después una iniciativa similar se rechazó en Puebla e Hidalgo.
En marzo de 2020 fue el turno de Querétaro, en donde comisiones del Congreso rechazaron incorporar el peligro de vida de la madre y la malformación genética del producto como causales de despenalización. Aquí se aplica una de las legislaciones más restrictivas de todo el país, ya que el aborto sólo está permitido si fue imprudencial o si fue producto de una violación.
Lo mismo ocurrió dos meses más tarde en Guanajuato, que tiene idénticas limitaciones y en donde se presentaron iniciativas para ampliar causales y despenalizar hasta la semana 12 de gestación, pero ambas fueron rechazadas en comisiones.
Empuje
El agitado año de los activismos feministas en México continuó en junio de 2020, cuando el proyecto de despenalizar el aborto en Michoacán fue rechazado por mayoría en el Congreso local.
La discusión llegó un mes después hasta la Suprema Corte de Justicia, que analizó un dictamen para despenalizar el aborto en Veracruz antes de las 12 semanas de gestación. La Primera Sala votó por mayoría en contra, lo que desató protestas masivas.
Que esto ocurra en uno de los países más grandes de América Latina, con mayoría de población creyente religiosa, impacta en una región en donde las luchas feministas se intensifican.
En diciembre, colectivos feministas tomaron los congresos de Puebla y Quintana Roo para exigir que se debatiera y aprobara la despenalización. No lo lograron. En julio de este año, el freno se repitió en Baja California Sur.
Pero el panorama estaba por cambiar. Después de múltiples intentos, el pasado 30 de junio el Congreso de Hidalgo aprobó la despenalización. Se convirtió así en el tercer estado de México en alcanzar esta reforma. El 20 de julio le siguió Veracruz. Ya era el cuarto.
Y ahora, el 7 de septiembre, Coahuila se transformó en el quinto. Solo que no se concretó a raíz de una reforma legislativa sino por una decisión de la Suprema Corte, el órgano de Justicia que determinó que la criminalización de las mujeres y personas gestantes que abortan es inconstitucional no solo a nivel estatal, sino en los 32 estados de México.
Que esto ocurra en uno de los países más grandes de América Latina, con mayoría de población creyente religiosa, impacta en una región en donde las luchas feministas se intensifican.
El caso mexicano lo siguen ahora de cerca en Colombia, en donde la Corte debe decidir si despenaliza el aborto sin restricciones, ya que se sigue criminalizado a quienes no cumplen con las causales vigentes (violación, peligro de vida de la madre y malformación del feto).
En Chile, la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados acaba de rechazar un proyecto que va en el mismo sentido de superar las tres causales, pero se espera que el panorama cambie después de las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre, ya que el candidato de la izquierda, Gabriel Boric, está a favor de la legalización. Además, la Convención Constituyente que está redactando la nueva Carta Magna está integrada en su mayoría por dirigentes progresistas que respaldan las agendas del movimiento de mujeres.
Son apenas algunos ejemplos de las campañas feministas que se fortalecen en la región. Y que continuarán agitando los pañuelos verdes hasta que el derecho al aborto sea ley.
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