Por: Miguel Badillo
Acaso no han sido los gobiernos panistas y priístas los que han metido al país en una aguda crisis económica, una ola de violencia sin freno y una desigualdad social, en donde la mayoría de la población (más de 60 millones de mexicanos) vive en pobreza y millones de niños no pueden ir a la escuela porque tienen que trabajar para sobrevivir. Entonces por qué Aurelio Nuño utiliza la violencia verbal en contra del magisterio disidente y busca la confrontación en lugar de sentarse a dialogar y convencer con argumentos, tal como lo haría un secretario de Educación Pública. Criminalizar la protesta social y meter presos a líderes de los maestros puede provocar acciones más violentas y nadie en el gobierno quiere verlo.
Un juez federal a modo ha liberado órdenes de aprehensión en contra de líderes magisteriales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por el delito inventado de lavado de dinero. Para acompañar esta reacción gubernamental violenta en contra de aquellos que piensan y actúan de manera diferente –maestros que se oponen a las formas de instrumentación de la reforma educativa a cargo de Nuño Mayer–, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha salido a los medios para “aclarar” que esas detenciones no son políticas, y quienes así lo crean “están equivocados”.
Ahora que el responsable de la política interna ha entrado al debate sobre las protestas magisteriales y el gobierno privilegia la cerrazón al diálogo, Osorio Chong puede explicar a todos los que “están equivocados” por qué en los 3 años de gobierno de esta administración no se ha actuado en contra de líderes sindicales priístas y corruptos que han abusado del erario y han desviado recursos de sus agremiados, y cuyos fondos otorgados por el gobierno se guardan en fideicomisos.
Cómo pueden entender, los que “están equivocados”, la impunidad en la que viven dirigentes como Carlos Romero Deschamps y Víctor Flores Morales –sólo por mencionar a los dos más representativos líderes charros de los sindicatos petrolero y ferrocarrilero–, quienes han “desaparecido” transferencias por cientos de millones de pesos que les pertenecen a los sindicalizados. Para estos dos priístas no hay investigación alguna y mucho menos órdenes de aprehensión de un Poder Judicial sumiso y obediente. ¿En esto también estamos equivocados?
Esa práctica de acusar falsamente por lavado de dinero ya se utilizó en contra de la exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo, a quien a pesar de tenerla presa hace más de 2 años y de las muchas tropelías que hizo con el dinero que le entregaba el gobierno, la Procuraduría General de la República (PGR) aún no le ha podido probar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como lo establece el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Así que la procuradora Arely Gómez y el subprocurador Gilberto Higuera tendrán que inventar otros delitos menos absurdos por los cuales puedan mantener presos a los líderes de la CNTE.
Porque si nos atenemos a los resultados que en los últimos años la PGR ha tenido en materia de actuaciones por lavado de dinero, pues simplemente es un ridículo, por lo menos en lo que toca a perseguir a empresarios, banqueros, casabolseros o inversionistas del sector turístico que utilizan sus empresas y cuentas bancarias para mover grandes cantidades de recursos ilícitos y a quienes la autoridad simplemente no investiga. Por eso llama la atención que la procuradora trate de cuadrar ese delito a los maestros disidentes cuando sabe que no se ha cometido y que sólo responde a motivaciones políticas.
Para que pueda haber lavado, primero el dinero debe ser sucio; es decir que dichos recursos deben proceder de algún delito previo y después ingresarlos a los circuitos financieros con la finalidad de blanquearlos o limpiarlos para su uso en actividades lícitas. Y por lo que sabemos hasta ahora, los recursos provienen del sueldo de los maestros –es decir el dinero es legal–, quienes pagan créditos por diversos bienes que adquieren de empresas privadas en una transacción comercial que ellos aceptan. La razón de que esas compañías proveedoras entreguen comisiones a la CNTE por cada venta de un producto, según la misma PGR ha informado, es un acuerdo del cual los maestros están enterados. ¿Dónde entonces se comete el delito de lavado?
De lograr Nuño su propósito de criminalizar la protesta social, la población quedará indefensa y dócil ante un gobierno represivo que amenaza con la cárcel a todos aquellos que se atrevan a manifestarse y a disentir de las decisiones y de la aplicación de políticas públicas impopulares.
Puntos suspensivos… Coincidentemente, en las regiones donde las protestas sociales del magisterio incorporado a la CNTE son las más intensas, es en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas donde se registra el mayor porcentaje de menores que trabajan, de acuerdo con el último informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre México que proporcionó con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Estimó que son 2.5 millones de menores entre 5 y 17 años, quienes en un 50 por ciento no pueden asistir a la escuela. El secretario Aurelio Nuño debería atender a este sector infantil que se suma a los casi 6 millones de mexicanos analfabetas que hay en el país.
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