Fuente: Prensa Latina
La imagen del líder comunitario, mientras era esposado por una mano en tanto en la otra sostenía la vara de madera que lo distingue como autoridad ancestral del pueblo maya Mam, es recurrente en las redes sociales.
La detención arbitraria de otra autoridad indígena arrecia las críticas hoy contra el Estado en Guatemala, por su incapacidad para frenar la impunidad con que actúan los representantes de la ley y su discriminación contra los originarios. Para dirigentes comunitarios y activistas sociales el apresamiento de Oscar Sánchez, en San Pablos, departamento occidental de San Marcos, es otra muestra del desprecio a estos pueblos y a la lucha que libran por defender sus territorios y estilos de vida ancestrales ante la expansión de proyectos extractivos.
La autoridad del pueblo maya Mam devino el onceavo preso político de ese departamento y su captura se dio en condiciones bien controversiales, pues fue conducido de manera engañosa a la Comisaría de la Policía Nacional Civil y allí esposado a un banco sin considerar su jerarquía.
Esto ocurrió cuando Sánchez participaba en una movilización de las comunidades y pueblos Mam, Sipakapense, K’iché y mestizo de San Marcos, que exigían la libertad de los 10 detenidos antes que él por defender el territorio.
La imagen del líder comunitario, mientras era esposado por una mano en tanto en la otra sostenía la vara de madera que lo distingue como autoridad ancestral del pueblo maya Mam, es recurrente en las redes sociales.
Asimismo, el sitio digital Prensa Comunitaria reproduce declaraciones de Sánchez, quien denunció que continúa sin ser comunicado de las presuntas razones de su detención.
“No me presentaron ningún documento, yo solo les presenté mi vara de autoridad ancestral, les hablé de autoridad a autoridad y ellos tienen que defender mis derechos, no me han dado nada, ni dicho nada ni me han mostrado ningún documento en donde diga el por qué de la detención”, afirmó.
Igual señaló que “si hubiera existido algo, yo tengo casa, tengo la casa de las autoridades comunitarias, ahí debió de haber llegado cualquier citación, de haber sido así estaría de acuerdo, pero aquí nos agarran como a animales”.
“Yo tengo derechos, soy una persona, un ser humano. Estoy defendiendo mi identidad, al prójimo, tengo mis valores y mis costumbres porque yo soy legítima autoridad indígena”, expresó.
Lo sucedido en torno a Sánchez ocurre poco después de concluido el proceso contra los siete presos políticos de Santa Eulalia y Barrillas, en el departamento noroccidental de Huehuetenango, liberados por un sentencia absolutoria en virtud de arbitrariedades similares cometidas en su contra.
Esas autoridades ancestrales enfrentaron prisión por más de un año, en el capitalino Centro Preventivo para Varones de la Zona 18, por defender los derechos de sus comunidades y pronunciarse contra las operaciones de la empresa de capital español Hidro Santa Cruz.
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