Siete exintegrantes de las FARC y más de 50 líderes sociales han sido asesinados presuntamente por paramilitares desde que se firmaron los Acuerdos de La Habana. La guerrilla denuncia que existe un plan para asesinar a sus líderes.
Texto y fotografía: Ricardo Grande y Eva Brunner
“Sería triste morir en tiempos de paz”, dice Germán, un guerrillero de las FARC que acaba de llegar a la zona veredal La Carmelita tras salir de una cárcel de Bogotá. Cuando el ejército colombiano lo detuvo, fue a condenado a once años de prisión por el delito de sedición. “Gracias a los Acuerdos de La Habana he estado encarcelado solo dos años”, cuenta.
Germán es uno de los cerca de 1.400 guerrilleros presos que han sido amnistiados por el proceso de paz. “Cuando sales de prisión, temes por tu vida. Uno teme que le jodan, le maten o cualquier vaina. Temes a los paracos, al ejército…”, explica, dejando la frase en el aire, mientras pinta la fachada de la casa de uno de sus compañeros de filas.
En plena transición a la vida civil, Germán y sus compañeros aseguran que “la paz no tiene marcha atrás”. Pero sienten que desarmados son un objetivo más fácil para algunos de sus antiguos enemigos, que aún cargan fusiles.
“Cuando sales de prisión, temes por tu vida. Uno teme que le jodan, le maten o cualquier vaina. Temes a los paracos, al ejército…”
Desde que su líder, Timochenko, y el presidente Juan Manuel Santos se dieran el histórico apretón de manos que selló los Acuerdos de La Habana, siete exmiembros de las FARC han sido asesinadospoco después de salir de la cárcel. Al menos nueve familiares de excombatientes también han muerto como resultado de ataques que la guerrilla atribuye a los paramilitares.
La guerrilla ha alertado sobre la existencia de un plan ideado para eliminar a sus líderes.”Hemos tenido conocimiento de una organización criminal con recursos que ha ofrecido hasta un millón de dólares por cada persona del secretariado de las FARC que sea asesinada”, expresó en un medio colombiano Enrique Santiago, asesor jurídico de esta guerrilla.
El gobierno, en cambio, piensa que esos asesinatos son “casos puntuales”. “No hay un plan para asesinar a dirigentes de las FARC”, declaró el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. “Por el contrario, se están buscando todos los mecanismos para que en cuanto se terminen las zonas veredales se den todas las garantías en materia de seguridad a todos sus integrantes”. El gobierno ha asegurado que se han reforzado las medidas de seguridad.
“Los guerrilleros temen morir ahora que están desarmados. Temen acabar masacrados en una calle como pasó con la Unión Patriótica”, cuenta Yudi Méndez, que lleva en las FARC 18 de sus 34 años. Los asesinatos, torturas y desapariciones de cerca de 5.000 militantes de este partido, formado por exguerrilleros en los años 80, alimentan las inquietudes de los miembros de las FARC. “El principal miedo de la guerrillerada es el paramilitarismo. El gobierno se ha comprometido a combatir los grupos ilegales y los paramilitares y, en cambio, están creciendo con más agresividad”, explica.
“El gobierno se ha comprometido a combatir los grupos ilegales y los paramilitares y, en cambio, están creciendo con más agresividad”
Según la Fundación Paz y Reconciliación, 74 municipios post-FARC han sido ocupados por Grupos Armados Organizados (GAO), la nueva etiqueta que usa el gobierno para denominar a las antiguas Bandas Criminales, que nacieron de la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares a mediados de los años 2000.
La seguridad es uno de los temas claves de los Acuerdos de La Habana firmados en septiembre de 2016. El punto tres destaca que el gobierno garantizará “las medidas necesarias contra las organizaciones criminales” que atenten contra aquellos que defienden este proceso.
Sin embargo, las FARC señalan que este asunto se está quedando, de momento, en el papel. “Desafortunadamente el gobierno dice que esas muertes, al igual que los asesinatos de líderes sociales, no son atribuibles al paramilitarismo, sino casos aislados”, lamenta Olga Marín, una dirigente fariana encargada de la verificación y el monitoreo del cese al fuego.
Los guerrilleros concentrados en La Carmelita en plena asamblea en el Aula.
Las muertes de combatientes desmovilizados han tenido efectos desestabilizadores en los procesos de paz. Ocurrió con el exterminio de la Unión Patriótica planeado por agentes estatales, paramilitares y narcotraficantes. Pero en la historia de Colombia hay más ejemplos. En 1960, el asesinato de Charro Negro a manos de guerrilleros liberales, motivó a su compañero Manuel Marulanda a desempolvar el fusil que había abandonado. Dejó su trabajo como inspector de construcción para continuar con la lucha armada en las montañas. Cuatro años después fundó las FARC.
Los guerrilleros recuerdan al Estado que debe atajar este problema con los mecanismos acordados: la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo, el Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política; además de implementar medidas de prevención y lucha contra la corrupción.
En los 41 años que lleva en la guerrilla, el Comandante del Bloque Sur de las FARC, Martín Corena, ha vivido tres procesos de paz. “Este es el único que ha avanzado tanto. Creo que llevamos como un 80%”, cuenta. Mientras habla, recibe la noticia en su casa de La Carmelita de que un miliciano ha sido baleado. Indignado y dolido, retoma la palabra: “Vamos a apostarle a la paz. Vamos a sacrificarnos. Vamos a dar hasta la vida si toca. A nosotros nos pueden matar, pero vendrán muchos otros a reclamar hasta lograr la paz”.
Juan Fernando Amaya ha sido el último guerrillero asesinado en tiempos de paz. Fue indultado en abril. Pero su excarcelación no estuvo exenta de miedos. A finales de junio, Amaya solicitó un estudio de riesgo con la Unidad Nacional de Protección por “amenazas contra su vida debido a dinámicas criminales comunitarias”. Murió degollado tres semanas después en una vereda de Antioquia.
En las FARC son conscientes de que las amenazas no tienen un solo nombre y apellido. “Hemos recibido una serie de volantes firmados por las Águilas Negras y las Autodefensas Gaitanistas. Eso está latente. No podemos negarlo. Pero creemos que es parte de la campaña del miedo y de las habladurías que dicen que van a acabar con todos nosotros”, explica Marín.
Amnistía y seguridad
El proceso de paz ha sufrido varios golpes y, aunque no ha descarrilado, sí ha sufrido retrasos. La apretada victoria del ‘No’ en el plebiscito del pasado octubre obligó a modificar algunos puntos de la hoja de ruta. Otro revés vino con la sentencia emitida por la Corte Constitucional, que invalidó el atajo parlamentario para implementar los Acuerdos de La Habana.
Los retrasos en la aplicación de la ley de amnistía llevaron a más de 1.480 presos a declararse en huelga de hambre desde el 26 de junio hasta el 20 de julio. Algunos se cosieron la boca en señal de protesta. Sin embargo, ahora que esta ley ha sido desbloqueada por decreto y se castigarán las resistencias que algunos magistrados mostraron, las FARC esperan que los guerrilleros salgan en agosto. En las cárceles colombianas aún hay más de 1.700 guerrilleros, según cifras oficiales, a la espera de ser amnistiados.
La urgencia de las FARC de reforzar la seguridad se vuelve prioritaria. Alrededor de 7.000 exguerrilleros, que permanecen en las las zonas veredales (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación desde el 1 de agosto), esperan que se levanten los cargos en su contra para salir a hacer pedagogía de paz a las comunidades. Algunos contarán con servicio de escolta prestado, en parte, por compañeros.
Asesinatos de líderes sociales
El avance de los grupos ilegales no sólo preocupa a los guerrilleros. Según la Defensoría del Pueblo, desde enero de 2016 ha habido 186 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. En 2017, registraron 52 muertes y alrededor de 500 personas denunciaron amenazas. “La gran mayoría de los homicidios y amenazas se han registrado en zonas donde antes estaban las FARC. La sociedad y el Estado tendrán que trabajar para que esto no vuelva a ocurrir”, sostiene el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret.
Desde la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el investigador Juan Garzón alerta de que el vacío de poder de las FARC lo están ocupando otros actores armados: “La presencia institucional en estas zonas no es muy fuerte. Están aisladas y muchas de sus necesidades básicas no están cubiertas”. Los grupos armados ilegales que pugnan por el control de las zonas post-FARC mutan y adoptan nuevas caras. “La violencia ahora es más sutil y selectiva”, señala el experto.
Un guerrillero se dirige a su casa en la zona veredal de La Carmelita.
Las estructuras del crimen organizado son cada vez menos verticales. Los GAO, la clasificación oficial que agrupa a grandes actores del conflicto como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), están subcontratando a otros grupos más pequeños e influyentes a nivel local. Son los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO).
Algunos habitantes de las zonas rurales se está organizando para contener la violencia. Están recogiendo la experiencia de pueblos indígenas, como el Nasa, Kisgo o Ambalo, y están creando las guardias campesinas. “Es necesario concienciarnos para entre todos cerrar el paso al paramilitarismo, que cuenta con el apoyo de algunos sectores de la población y políticos que no quieren la paz. También con el de algunos militares”, cuenta la exguerrillera Marín.
En la mesa con los paramilitares
El pasado 19 de julio, Colombia fue testigo de un encuentro insólito. Enemigos acérrimos compartieron mesa y conversación. Tres excomandantes paramilitares de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia y tres integrantes de las FARC se reunieron durante más de tres horas para lograr “un acuerdo de contribución a la verdad histórica sobre el conflicto armado”.
En esta reunión histórica, de la que no se ha filtrado mucha información, se habló de la paz y sobre todo, según cuentan, de la verdad. También se inmortalizó en varias fotografías donde aparecen los exparamilitares Fredy Rendón alias “El Alemán”, Ernesto Báez y Diego Vecino junto a los farianos Iván Márquez, Jesús Santrich y Pablo Catatumbo.
“Los paramilitares dicen que es necesario conocer la verdad en este proceso, cosa que no sucedió durante el gobierno de Álvaro Uribe”, asegura Olga Marín. El exministro Álvaro Leyva, muy implicado en el proceso de paz, declaró que durante la reunión también se destacó la importancia de crear “un pacto nacional para sacar definitivamente las armas de la política y garantizar el debate de las ideas en democracia”.
El salto civil de las FARC
En la zona veredal La Carmelita, los guerrilleros asumen que cambiar el camuflaje por ropa civil no garantiza su seguridad. Saben que muchos de sus enemigos siguen armados y una parte de Colombia no perdona a la guerrilla más antigua de América Latina. Esperan “no morir en tiempos de paz”, pero dicen que están dispuestos a asumir ese riesgo.
Los miedos se cuelan en los planes civiles de la guerrillerada. Muchos dicen que quieren estudiar; la mayoría apuesta por contribuir al partido político en el que se transformarán las FARC el 1 de septiembre. Algunos, como Germán, quieren retomar su vida campesina: “Ahora toca pensar en el futuro. Ojalá el gobierno cumpla con lo pactado”.
Para Marín, que la gente se involucre en este proceso es vital: “Es necesario que ni la sociedad colombiana ni la comunidad internacional se queden apáticas si se siguen cometiendo asesinatos. Ojalá no se vuelva a repetir el genocidio de la Unión Patriótica. Este país no aguantaría una segunda experiencia como ésa”.
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