Fuente: Global Voices
Fotografía del colectivo “En sus zapatos“, tomada del sitio en Medium de Kurtural. Fotografía usada con permiso.
En Paraguay, miles de campesinos marchan hace más de un mes en las calles de Asunción. Son pequenhos productores dedicados a la agricultura familiar que denuncian el incumplimiento de un acuerdo firmado con el gobierno en abril de 2016 y que estipulaba la refinanciación de las deudas agrícolas de aproximadamente 18 mil productores. Este acuerdo fracasó y los labriegos volvieron a las calles.
En la actualidad, Paraguay cuenta con aproximadamente 2,6 millones de personas viviendo en zonas rurales, más del 30% de la población total. Sin embargo, uno de sus mayores problemas es la elevada concentración de tierras en el campo. El 94% de las tierras cultivables se destinan al agronegocio y solo el 6% a la agricultura familiar campesina, según un informe de Oxfam llamado “Yvy Jará: Los dueños de la tierra en Paraguay”.
Este escenario se agrava con las malas políticas agrarias del gobierno y una burbuja informativa creada por los medios empresariales vinculados a grupos de concentración de tierras.
La campesinos mantiene la atención del Paraguay y recibe solidaridad:
Represión policial:
No es la primera vez que estas marchas tienen lugar para reclamar los derechos de los campesinos. La de este año se origina en un acuerdo no cumplido por parte del Gobierno que fue firmado en el 2016. El acuerdo tenía como objetivo solucionar el endeudamiento de los labriegos. Un endeudamiento originado en una virtual estafa por parte del Estado.
Los campesinos han denunciado que el Ministerio de Agricultura y Ganadería había distribuido semillas en mal estado, que la asistencia técnica prometida no había llegado y que al momento de vender su cosecha, los precios de mercado no eran los proyectados. Esto hizo imposible para muchos campesinos saldar las deudas públicas y privadas contraídas.
Luego de casi un mes de manifestaciones, en 2016, llegaron a un acuerdo con el Gobierno de Cartes. Este acuerdo consistía en la instalación de unas mesas de trabajo para atender sus reclamos y presentar proyectos de leyes de apoyo a la agricultura campesina. En ese entonces, el Gobierno prometió apoyar firmemente al sector campesino.
Un año después, los campesinos denuncian el incumplimiento del acuerdo y a ellos se suman pequeños productores de otros rubros en situaciones similares, afectados por la falta de políticas públicas y la creciente desigualdad en el campo, la ausencia de mercados y asistencia ante inundaciones y heladas.
Acuerdos y responsabilidades que no se asumen
En Paraguay el Estado está obligado a promover la agricultura campesina. En la Constitución Nacional se expresa la necesidad de impulsar una reforma agraria, que consiste en “la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la Nación”. Además, se compromete a adoptar medidas que “estimulen la producción, desalienten el latifundio y garanticen el desarrollo de la pequeña y mediana propiedad rural”.
De no encontrarse una solución, muchos de estos campesinos perderían sus tierras a consecuencia de las deudas, y con ellas su único sustento. Pasarán a engrosar los porcentajes de pobreza, que ha crecido ya durante el último anho en Paraguay.
Las deudas y el problema de los subsidios no son los únicos a los que deben enfrentarse muchos de los campesinos que manifiestan.
Un testimonio recogido por Ápe Paraguay en Facebook da cuenta de las muchas limitaciones de trabajar el campo en Paraguay:
Pasa que lo nacional no les interesa tanto, traen todo del exterior. Por ejemplo estos proveedores, que son millonarios, traen locote y tomate del exterior. Ellos declaran unos pocos, y meten como 20 mil kilos semanalmente. […] Yo traigo por ejemplo 3 mil kilos y no puedo meter en el mercado. Así ellos nos joden porque meten del exterior y nuestra producción nacional no vale. Eso es lo que un gobierno debe ver para ayudarnos. En nuestro país, la plata es lo que vale, por eso el contrabando no se detiene. Yo sé bien, porque traje una vez 5 mil kilos producción nacional y me detuvieron y me llevaron por tres días detrás de los papeles, haciéndome perder gran parte de la producción; luego vino otro de contrabando que pagó dos o tres millones y pasó. Tuve que estar aquí 3 días porque supuestamente no tengo documentos. Imaginen, traer de Concepción, de tan lejos, el gasto que representa
¿Soluciones?
Se busca que las deudas de los campesinos sean condonadas bajo la ley de reabilitación financiera que busca proteger a poblaciones vulnerables contra prácticas crediticias abusivas. La confección de la lista de potenciales beneficiarios estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF). Los beneficiarios deben cumplir los siguientes requisitos: contar con hasta 30 hectáreas de tierra y deudas que no superen los 51 millones de Gs. (hasta 25 salarios mínimos).
Estas deudas deben estar vinculadas a la actividad agrícola necesariamente. Otras deudas no serán reconocidas. Estos indicadores delimitan en gran medida la cantidad de beneficiarios de esta Ley.
Sin embargo, no existe una cantidad precisa de los campesinos afectados hasta el momento. Se calcula que al menos son 17 mil de los 196 mil de pequeños productores campesinos inscritos en el Registro Nacional de Agricultura Nacional, la base de datos que será utilizada para establecer quiénes serán los beneficiarios según la ley.
Subsidios a otros grupos
El Estado paraguayo asumió la deuda de la Azucarera Iturbe por valor de 15 millones de Gs, considerada por el presidente como “la más grande de la historia del Paraguay”. También existen denuncias periodísticas de que el subsidio de gasoil por Petropar a los sojeros alcanza a los 140 millones de dólares, un grupo que parece haber recibido numerosas ayudas económicas incluso antes de la llegada de la democracia. Del mismo modo, el gobierno paraguayo también ha subsidiado la compra de nuevos buses a los empresarios de transporte público, y sigue subsidiando el pasaje.
La decisión de subsidiar a los campesinos fue aprobada por el Parlamento, pero luego fue vetada por el presidente. Para defenderse de las demandas de los campesinos, el presidente Cartes justificó el veto que dio contra la aplicación de la ley de rehabilitación financiera argumentando que el costo del subsidio “puede pasar los 3200 millones de dólares, aproximadamente 25% del Presupuesto General de la Nación”, pero las cuentas lo desmienten.
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