En los últimos años, Puerto Rico ha estado en el centro de atención debido a la devastación causada por el huracán María y la respuesta federal terriblemente inadecuada, así como por las exitosas protestas de 2019 que obligaron a Ricky Rosselló a abandonar la gobernación. Actualmente, persisten las luchas contra la privatización de la red eléctrica y la continua gentrificación en la isla.

Maria Franzblau, de Reform & Revolution—un grupo marxista dentro de los Democratic Socialists of America (DSA)—, conversó con Jorge Lefevre y Manuel Rodríguez Banchs, activistas de Democracia Socialista de Puerto Rico. Democracia Socialista participa activamente en el Movimiento Victoria Ciudadana, una coalición que se presentará en las próximas elecciones del 5 de noviembre en conjunto con el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y que está compitiendo voto a voto por la victoria electoral. Ayer cerraron su campaña ante 50 000 personas, en un evento que contó con la participación de destacados artistas de la isla, como Bad Bunny y Residente.

MARIA FRANZBLAU

¿Cuál es la situación de la lucha de la clase obrera en Puerto Rico y qué papel desempeñan hoy los socialistas?

JORGE LEFEVRE TAVÁREZ

En nuestro análisis nos enfrentamos a un nuevo momento en la historia de Puerto Rico que comenzó en 2006, cuando empezó nuestra recesión económica. En más de 15 años, Puerto Rico sólo ha tenido 5 años de crecimiento económico positivo, cifras que usualmente sólo se ven durante economías de guerra. Ha habido una contracción del 20% de la economía puertorriqueña y alrededor de 500.000 personas han abandonado la isla, de una población de 3,8 millones en 2006.

Sin embargo, la reacción política a esta crisis económica no fue inmediata. En las elecciones de 2008 y 2012 los principales partidos políticos, los partidos neoliberales, seguían siendo favorecidos en términos políticos. El movimiento sindical estaba siendo fuertemente atacado durante esos años a través de políticas neoliberales muy agresivas.

No fue hasta las elecciones generales de 2016 que empezamos a ver un punto de inflexión en términos políticos. En las elecciones para gobernador, el cargo más alto en el gobierno de Puerto Rico, casi el 20% de los votos no fueron para los dos principales partidos neoliberales, sino que fueron para dos candidatos independientes. En aquel momento, estos dos candidatos no eran necesariamente antineoliberales o progresistas, pero demostraron que la población puertorriqueña buscaba un cambio.

En 2016 la Junta de Supervisión y Administración Fiscal fue aprobada en el congreso de los Estados Unidos a través de una ley llamada PROMESA. Puerto Rico quedó excluido de la ley de quiebras de Estados Unidos. El gobierno puertorriqueño intentó crear su propia ley de quiebras, pero rápidamente fue llevado a los tribunales y el Tribunal Supremo de EE.UU. falló en contra, declarando que iba en contra de la ley federal. La respuesta del Congreso estadounidense, con el apoyo de los partidos neoliberales puertorriqueños, fue la promulgación de una ley que creaba un mecanismo para la quiebra en Puerto Rico y también creaba una Junta para hacerla cumplir. La junta no sería elegida, y en su lugar sus miembros fueron elegidos directamente por el Presidente de EE.UU., por el Senado de EE.UU. y por la Cámara de Representantes. El nombre oficial de la junta es Financial Oversight and Management Board, pero la mayoría de la gente la llama «La Junta». La Junta controla realmente la economía a través del control del presupuesto de Puerto Rico y su distribución. Tiene la capacidad de anular las leyes que se aprueban en la legislatura, por lo que ahora hay una contradicción más visible con la relación colonial entre EE UU y Puerto Rico porque existe esta nueva estructura política que realmente dicta cómo es nuestra política pública y que ha aplicado políticas neoliberales aún más agresivas. Privatización de las corporaciones públicas, recortes presupuestarios en salud, recortes presupuestarios en el sistema universitario de Puerto Rico.

Tuvimos una movilización muy grande el Primero de Mayo de 2017 durante una huelga general de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Esa fue la mayor movilización que habíamos visto hasta la fecha, y en parte fue también una movilización contra La Junta. 2017 fue también el año del huracán María. María no solo fue un momento muy traumático en la historia de Puerto Rico, sino para las luchas del pueblo trabajador. Interrumpió ese movimiento que se construyó durante el Primero de Mayo por todas las nuevas necesidades que tuvimos que afrontar para sobrevivir. El Verano 2019, que terminó derrocando a un gobernador electo es otro momento de movilizaciones increíbles, ya que hubo movilizaciones casi continuas durante semanas. Algunas de ellas superaron al Primero de Mayo de 2017, sobre todo la manifestación del 22 de julio de 2019.

Aunque nuevamente vemos dificultades en las movilizaciones para el movimiento obrero, también sabemos que otro punto de quiebre podría volver a crear grandes movilizaciones. Ese es el contexto de nuestra organización política y de nuestros intentos por crear una importante organización revolucionaria y socialista en Puerto Rico. Luchamos por ello no sólo a través de Democracia Socialista (DS), sino a través de nuestra creación y participación en el Movimiento Victoria Ciudadana, que es un partido político antineoliberal más amplio que participa en las elecciones puertorriqueñas.

En 2020, este cambio en los términos políticos continuó. Movimiento Victoria Ciudadana obtuvo el 13,95% en las elecciones generales. El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), que en elecciones pasadas no logró reunir el 3% necesario para mantener su afiliación como partido político reconocido por el estado, experimentó un crecimiento increíble y también llegó al 13.58%. Los principales partidos políticos neoliberales obtuvieron respectivamente el 33,24% y el 31,75%. Fue la primera vez en la historia reciente de Puerto Rico en que, si se suma el voto progresista, éste habría rondado el 28%, a sólo cinco puntos del candidato que ganó.

MANUEL RODRÍGUEZ BANCHS 

Para más contexto, Puerto Rico es colonia de Estados Unidos desde 1898, y la estructura colonial ha cambiado tres veces. La primera estructura colonial fue el gobierno militar inmediatamente después de la ocupación. Después hubo un gobierno de «tutela» con cierta participación local a través de la Ley Jones.

Luego, en 1952, comenzó el «status» actual con la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ese estatus ganó apoyo y cierta legitimidad porque hubo crecimiento económico durante el auge de la posguerra en todas las economías capitalistas. También hubo avances democráticos, ya que Puerto Rico adoptó su propia constitución y se le concedió una autonomía local limitada en el gobierno. Creo que eso ha cambiado desde la adopción de PROMESA, donde como se ha mencionado antes, la Junta puesta en marcha por PROMESA quitó al gobierno local todos los poderes sobre el presupuesto. Y ha ido más allá: la Junta se opuso e impugnó en los tribunales una modesta reforma laboral que se promulgó a principios de esta legislatura.

Creo que estamos ante una nueva estructura o momento de la relación colonial con Estados Unidos que vemos como una oportunidad para impulsar nuevos avances para la clase trabajadora. El papel que desempeñamos ahora es contribuir a la lucha de la clase obrera articulando o enmarcando lo que llamamos demandas de transición, que pueden fomentar la radicalización de sectores más amplios de la clase obrera. Estamos en una posición defensiva desde la perspectiva de la lucha de clases. Pero después de más de 40 años de políticas neoliberales que han sido impulsadas aún más por la Junta, combinadas con todos los otros factores mencionados por Jorge, la gente está siendo llevada al límite. Más gente está rechazando esas políticas, e identificando correctamente esas políticas con los dos partidos políticos que han gobernado Puerto Rico durante los últimos 50 años o más. Ahí es donde creo que se está produciendo la nueva organización del sistema político de Puerto Rico. Por ejemplo creo que toda la rabia, las movilizaciones y la lucha del 2019 se reflejó electoralmente a favor tanto de Victoria Ciudadana como del PIP. Para este nuevo ciclo Victoria Ciudadana hizo una alianza con el PIP, y creo que hay una fuerte posibilidad de aumentar los miembros de ambos partidos en la cámara y el senado, de ganar la contienda por la alcaldía de San Juan y probablemente otros municipios también. También existe la posibilidad de que la Alianza gane las elecciones a gobernador.

MF

¿Cuál es el papel político de La Junta y cómo se relacionan los partidos neoliberales con su supervisión?

JLT

En 2016, cuando finalmente se aprobó la ley en el Congreso de Estados Unidos, la población puertorriqueña favoreció mayoritariamente la creación de esta junta. La idea era: «estamos cansados de los políticos puertorriqueños, necesitamos algo fuera de ellos que maneje nuestra economía». Así lo expresaron incluso 4 de los 6 candidatos a gobernador en 2016, lo que convirtió las elecciones en una competición de cuál de estos cuatro trabajaría mejor con la junta. Sólo el Partido del Pueblo Trabajador, que fue un partido político electoral anterior del que Democracia Socialista formó parte, junto con el Partido Independentista, estuvieron en contra de la junta desde el principio.

Rápidamente después de la creación de la junta fue muy evidente que era tan mala como la izquierda había dicho. Era una junta creada para hacer que los tenedores de bonos obtuvieran el mejor trato posible de una posible bancarrota en Puerto Rico, y la forma en que controlan la política pública es principalmente a través del presupuesto de Puerto Rico, porque tienen que aprobar el presupuesto, y son muy meticulosos sobre cómo se aprueba. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, no es solo que el sistema universitario público reciba 500 millones de dólares, sino que la Junta decide cómo se utilizan esos 500 millones, y ese es su principal mecanismo. PROMESA también creó su propio tribunal de quiebras bajo Laura Taylor Swain, la jueza de distrito, que es donde se ven las disputas legales.

En teoría, podría haber una gran contradicción política si la legislatura de Puerto Rico aprueba leyes que la Junta no aprueba. Eso no ocurre mucho porque la mayoría de los votos está en manos de los dos principales partidos neoliberales, pero aún así se han producido conflictos. Por ejemplo, una ley laboral que fue aprobada con condiciones de trabajo ligeramente mejores en cuanto a días de vacaciones y días de enfermedad pagados fue posteriormente anulada en el Tribunal de Distrito de Laura Taylor Swain. La Junta había apelado la ley y dijo que iba en contra del plan fiscal puertorriqueño, que es el plan amplio que aprobó la Junta y que debe seguir el presupuesto y la política pública.

Pero también es cierto que a veces los partidos neoliberales no implementan medidas porque piensan que la Junta no las aprobaría. Por ejemplo, el sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha recibido algunos de los peores recortes presupuestarios bajo el control de la Junta. En Puerto Rico, como en muchos países latinoamericanos, el principal sistema universitario es el público y es más antiguo que el privado. Hay 11 recintos del sistema de la UPR alrededor de la isla, y no sólo es el sistema de la UPR históricamente un lugar de movimientos estudiantiles y algo de activismo sindical, sino que desde el comienzo del siglo XXI ha sido uno de los principales, si no el principal, lugar de lucha contra las políticas neoliberales. Los estudiantes protagonizaron huelgas en toda la isla en 2010, en 2017 y hasta en 2021, siendo esa última una huelga muy política porque era contra un nuevo plan de pago para los bonistas que estaba negociando la Junta. Como la UPR es un lugar de tanta resistencia, usualmente le han impuesto recortes presupuestarios de alrededor de la mitad de lo que debería recibir según las leyes universitarias que se supone que estén vigentes pero que no se están respetando. Los políticos neoliberales te dirían, cuando se les pregunta por qué no cumplen con esa ley universitaria que establece cuál debe ser el presupuesto de la UPR, que la Junta no lo aprueba, así que ni lo intentan. No ha habido un intento de desafiar estos recortes presupuestarios por parte de estos partidos neoliberales porque no creen que la Junta los apruebe.

Nuestra visión, la visión del MVC y la visión del PIP, es que la legislatura pueda ser un lugar de lucha. Aunque es una legislatura colonial porque vivimos en un gobierno colonial, creemos que una legislatura con una mayoría de legisladores de la Alianza, por ejemplo, podría crear una lucha contra la Junta, y sería no sólo una lucha económica sino también una lucha política y anticolonial, porque el poder de la Junta es poder colonial. La Junta es ahora mismo el representante más descarado de los poderes coloniales en Puerto Rico.

MRB

También la Junta ideológicamente está alineada con la ultraderecha aquí en Puerto Rico, en términos de separar las decisiones económicas de los cuerpos electos. La lógica detrás de esto es que una estructura como la junta no electa es inmune al proceso electoral. Así que no pueden ser expulsados, incluso si promueven una mala legislación. Y eso es cierto hasta cierto punto, pero la junta no es inmune a las movilizaciones y hemos visto buenos ejemplos de ello.

Los jubilados fueron uno de los objetivos de la Junta cuando empezó a reestructurar la deuda de Puerto Rico. El primer plan propuesto para el ajuste de las pensiones era realmente agresivo, y los jubilados consiguieron un acuerdo mejor mediante movilizaciones masivas. Así que cuando hay movilizaciones contra las decisiones o recomendaciones de La Junta, tienen que pensárselo dos veces. Otro ejemplo fueron los camioneros de Puerto Rico. La Junta y los propietarios de las empresas de transporte estaban presionando para eliminar las tarifas reguladas por el Estado para transportar mercancías. Los camioneros convocaron una huelga, y además consiguieron un mejor trato y se mantuvo la normativa. Eso demuestra que podemos hacer frente a La Junta mediante movilizaciones y a través de la legislación.

El presupuesto de La Junta lo aprueba la legislatura, y una de las propuestas que tanto Victoria Ciudana como el PIP (ahora la Alianza) están impulsando es que no se apruebe el presupuesto de la Junta, que se detenga el desvío de fondos a La Junta a través de la legislatura. Sabemos que eso va a ser impugnado en los tribunales, y probablemente nos vamos a enfrentar a una sentencia adversa, y existe la posibilidad de encarcelamiento para los cargos electos que desafíen esas sentencias, por desacato a los tribunales, y eso tiene que ser parte de la estrategia. Tenemos que decirle al gobierno de Estados Unidos que lo que está pasando en Puerto Rico es inaceptable, y podríamos estar en mejor posición si combinamos el desafío a las decisiones judiciales injustas y el trabajo legislativo con movilizaciones de masas.

MF

¿Qué lecciones se pueden extraer de la lucha en torno a la red eléctrica, incluida la cuestión del aumento de los cortes de electricidad y la cuestión más amplia de la privatización?

JLT

En Puerto Rico, parte del proyecto de industrialización de los años 40 y 50 consistió en nacionalizar todas las compañías eléctricas privadas y ampliar el acceso a la electricidad en toda la isla. Antes de que se creara la empresa pública sólo las ciudades como San Juan y Ponce tenían electricidad y de forma muy limitada. La electrificación de la isla es algo que ocurrió cuando se creó esta corporación pública, y no quedó ningún rincón de la isla sin acceso a la electricidad. Y hay muchas historias y anécdotas sobre este proceso (el primer lugar que puso postes eléctricos con el uso de helicópteros, por ejemplo, fue Puerto Rico). Así que estamos hablando de una empresa pública muy importante, un monopolio, la única empresa eléctrica que distribuye energía.

El plan de privatización de esta empresa pública comenzó en los años 90, por lo que ha sido un proceso largo. Primero se empezó privatizando de manera muy limitada la generación de electricidad, y luego finalmente la privatización que se ha dado en estos últimos años que implicó concesiones de la generación y distribución de electricidad en su conjunto. Es importante decir que una de las cosas que incluía la Ley PROMESA era que la Junta promoviera reformas estructurales, y la única reforma estructural que han promovido es la privatización de esta empresa pública. Primero a través de la privatización de la distribución de la energía eléctrica, y después a través de la privatización de la generación de energía eléctrica.

Usualmente se promueve la privatización como un tipo de negociación en la que el sector privado aporta algún dinero, algún apoyo, y recibe un servicio público transformado en una mercancía. En este primer contrato, Muma Energy recibió todo, es un contrato de 1,500 millones de dólares por 15 años, y probablemente será más que eso, porque cada año LUMA ha pedido más dinero de lo que le corresponde recibir.

Pero otra cosa importante es que uno de los sindicatos históricos en la lucha de la clase trabajadora de Puerto Rico fue el sindicato de la corporación pública eléctrica, la UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego), así que la privatización también fue un mecanismo de destrucción de un sindicato clave de trabajadores.

Se podría decir que había dos sindicatos importantes a principios del siglo XXI, la Federación de Maestros y Maestras de Puerto RIco y la UTIER. La Federación de Maestros fue descertificada tras la huelga magisterial de 2008, y ahora la UTIER ha quedado muy debilitada, primero porque las políticas neoliberales no crearían más empleos en este sector, y después porque la mayoría de los empleados de LUMA no provienen de las filas de la UTIER. Se quedaron en el gobierno, desplazados a diferentes partes del gobierno. La UTIER pasó de tener entre 6.000 y 8.000 miembros hace 10 o 15 años a 120 miembros en la actualidad.

A los miembros de la UTIER se les preguntó si querían o no entrar en LUMA, pero las condiciones para entrar en LUMA eran que tendrían que dejar sus puestos como empleados del gobierno, por lo que los miembros más antiguos podrían perder lo que habían conseguido con respecto a su jubilación y pensiones. Además, el sindicato hizo una campaña para que los trabajadores no entraran en LUMA. Fue una estrategia para intentar que el contrato de LUMA no fuera operativo. Una gran cantidad de trabajadores de UTIER no entraron en LUMA, la mayoría fueron recolocados dentro del gobierno, otros se jubilaron, y eso significaba que los empleados de LUMA eran empleados nuevos o probablemente miembros de UTIER que no habían asegurado sus planes de jubilación u otros beneficios. Ahora hay un sindicato, IBEW, que representa a los trabajadores de LUMA.

En cuanto a la vida cotidiana, la privatización ha conllevado nueve subidas de tarifas en un periodo de tres años, y algo que no era nada común en Puerto Rico, constantes apagones. Uno de los argumentos a favor de la privatización era que los costes eléctricos eran demasiado caros y la privatización mantendría los precios eléctricos baratos. Ha ocurrido exactamente lo contrario, y la Junta ha estado muy callada al respecto.

MF

¿Cuál es la historia de Democracia Socialista y qué papel ha desempeñado en las recientes luchas en Puerto Rico? ¿Qué relación tiene con Movimiento Victoria Ciudadana?

MRB

Democracia Socialista se fundó en 2014. Aunque hay un hilo rojo como lo llamamos nosotros. Creo que buena parte de los miembros fundadores de Democracia Socialista venimos de lo que fue inicialmente el Taller de Formación Política, que en 2008 se unió a otras organizaciones revolucionarias y fundó Movimiento al Socialismo, MAS. Creo que uno de los mayores aportes del MAS fue la fundación del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), que participó en las elecciones de 2012 y 2016.

El grupo de personas que vinieron del Taller, junto con otros nuevos miembros del MAS, fundaron la tendencia de la cuarta internacional dentro del MAS. El Taller fue la sección de la Cuarta Internacional en Puerto Rico. Entonces, nuestra tendencia dentro del MAS fue reconocida como la sección. En el 2014 se disolvió el MAS, y esos miembros de la cuarta dentro del MAS fundaron Democracia Socialista.

Aunque nos fundamos en el 2014, no salimos públicamente como Democracia Socialista hasta el 2020 por diferentes razones. La mayoría de ellas tenían que ver con la construcción del partido más amplio y las tareas que asumimos dentro de la construcción primero del PPT y, luego, de Victoria Ciudadana.

Jugamos un papel importante en el proceso de creación de Victoria Ciudadana. Después de las elecciones de 2016, donde dos candidatos independientes recibieron un enorme apoyo en las elecciones, la política realmente comenzó a cambiar rápidamente en Puerto Rico. Una de esas candidatas independientes, Alexandra Lúgaro, comenzó a organizar eventos junto con Manuel Natal. Manuel Natal, que también es uno de los líderes de Victoria Ciudadana y actual candidato a la alcaldía de San Juan, dimitió del Partido Popular Democrático (PPD) tras las elecciones de 2016. El PPD es uno de los dos partidos que ha gobernado Puerto Rico durante los últimos 50 años. Natal era representante, miembro de la cámara de representantes por acumulación del PPD. Renunció al PPD pero mantuvo su escaño en la cámara. Alexandra Lúgaro y Manuel Natal comenzaron a organizar una alternativa política para las elecciones de 2020. Al mismo tiempo, había varios grupos de izquierda y militantes de diferentes organizaciones y movimientos sociales que estaban discutiendo la posibilidad de crear una alternativa para las elecciones de 2020. Eran 3 o 4 esfuerzos concurrentes, todos discutiendo y evaluando lo que se podría hacer para las elecciones de 2020.

Participamos en la mayoría de estos esfuerzos. Nuestros miembros junto con líderes sindicales fueron instrumentales en la integración de esos diferentes esfuerzos que eventualmente se unieron para crear Movimiento Victoria Ciudadana. También tuvimos una participación importante en la adopción de lo que se llama la Agenda Urgente, el programa mínimo que fue lanzado por este esfuerzo de Victoria Ciudadana. La Agenda Urgente se desarrolló posteriormente en un programa político que se presentó para las elecciones de 2020. Nosotros también participamos en este proceso. Ahora tenemos un miembro de la organización que es senador en Puerto Rico por Victoria Ciudadana, y para estas próximas elecciones tenemos 10 miembros que se presentan a diferentes cargos como candidatos de Victoria Ciudadana y La Alianza.

Nuestros miembros participan en las diferentes luchas en Puerto Rico y a nivel internacional. Los cuadros de DS participan en el movimiento ambientalista, en el movimiento de mujeres, en el movimiento obrero, en las luchas LGBTTQi+, en el movimiento estudiantil, etcétera. Los líderes de la organización también son líderes en estas luchas. Los militantes de Democracia Socialista también son miembros de sindicatos, y tenemos miembros en la dirección de al menos dos sindicatos importantes. A pesar de que el movimiento obrero y los movimientos estudiantiles y juveniles son relativamente débiles en este momento, en comparación con otros períodos, tenemos una fuerte presencia, así como en el movimiento de mujeres.

MF

¿Cuáles son los otros partidos políticos de Puerto Rico y cómo afrontan estas próximas elecciones?

JLT

Aunque somos una colonia de Estados Unidos, nuestros partidos no están estructurados en torno al Partido Demócrata o al Partido Republicano de Estados Unidos. En teoría existen en Puerto Rico, pero sus únicas actividades son cuando ocurren las primarias del Partido Republicano y del Partido Demócrata, que también se celebran aquí aunque no tengamos la oportunidad de votar en las Elecciones Presidenciales. Hemos tenido partidos políticos independientes desde antes de la intervención estadounidense en Puerto Rico, y desde entonces.

Ahora mismo hay dos partidos neoliberales principales, partidos neoliberales históricos. El PPD es básicamente el partido que creó el Puerto Rico contemporáneo, con todas sus contradicciones incluidas, así que estamos hablando del partido que de alguna manera formó parte de los proyectos de industrialización de los años 40 y 50 y el arquitecto del Estado Libre Asociado, que ahora la mayoría de la población sabe que no fue más que el reordenamiento del acuerdo colonial en Puerto Rico. Debido a esta historia, con respecto a la cuestión colonial, el PPD ha favorecido el statu quo o un nuevo tipo de estatus de Estado Libre Asociado. El otro partido neoliberal es el Partido Nuevo Progresista (PNP), fundado por capitalistas industriales de la época. Se articuló en torno a la estadidad ( el movimiento por la statehood o estadidad busca transformar el estatus político de Puerto Rico de territorio no incorporado a estado número 51 de Estados Unidos, con los mismos derechos y obligaciones que los otros estados de la Unión).

Estos partidos neoliberales modernos, que adoptaron el neoliberalismo en los años 80 y 90, articularon su apoyo principalmente en torno a cuestiones de estatus, ya fuera a favor del statu quo o a favor de la anexión. Estos son los dos partidos políticos que han gobernado durante los últimos 60 años. El otro partido histórico, más antiguo que el PNP, es el PIP, un partido independentista, que se fundó tras una escisión del PPD una vez que empezó a oponerse a la independencia de Puerto Rico. Y ha tenido sus altibajos, relacionados con las luchas ambientales, con las luchas obreras, con las luchas de las mujeres… No tuvo mucho éxito en el siglo XXI en cuanto a política electoral hasta el 2020, cuando, como dijimos, llegó casi al 14%.

Como hemos dicho, hay un nuevo movimiento político, antineoliberal, progresista, que es Movimiento Victoria Ciudadana, fundado en 2019. Participó por primera vez en 2020.

Pero, también en 2019, se creó otro partido, Proyecto Dignidad, que es un partido político fundamentalista neoliberal conservador. Obtuvo el 7% de los votos en 2020, para sorpresa de la mayoría de la población puertorriqueña, aunque en Democracia Socialista, como vemos este giro conservador como parte de una tendencia general internacional de partidos fundamentalistas conservadores neoliberales, nunca lo subestimamos. Fue capaz de elegir a un senador y a un representante, por lo que tiene representación en la legislatura. También ha conseguido hacer crecer su base.

Así que, como hemos visto en otros países, vemos una polarización de la política puertorriqueña que también se ha expresado en las elecciones, a través de la creación de La Alianza, que agrupa a los dos principales partidos progresistas antineoliberales, pero también a través de la creación de un Proyecto Dignidad, que también ha tenido un éxito relativo a la hora de reclutar a algunas figuras de los partidos neoliberales históricos. En particular, su candidato a gobernador es un importante alcalde de un pueblo de Puerto Rico, que antes se presentaba como candidato del PNP.

Es difícil ver qué pasará con Dignidad en las elecciones de 2024, pero nuestro análisis es que, si los intereses corporativos puertorriqueños siguen viendo que el PPD y el PNP están en una crisis irreversible, entonces podrían muy fácilmente empezar a apoyar a Dignidad, y empezar a crecer hasta convertirse en una fuerza importante en cuestión de nada, muy rápidamente. Vemos también que hay nuevas instituciones corporativas o que promueven intereses corporativos, hay un super PAC (Political Action Committee) creado llamado «Democracia es Prosperidad» que tiene un nombre bonito, pero que es un superPAC fundamentalista de mercado. También hay un conocido think tank, el Instituto para la Libertad Económica, y sus programas políticos están incluso más cerca del programa político de Dignidad que de los principales partidos neoliberales. Así que estamos viendo una nueva configuración de la derecha en Puerto Rico con algunas de las viejas figuras, pero con muchas figuras nuevas implicadas.

MF

¿Cuál es el significado de La Alianza, la alianza entre MVC y el PIP? ¿Y cuál es la situación con respecto a los desafíos legales a La Alianza?

MRB

En las elecciones del 2020, Victoria Ciudadana y el PIP, juntos obtuvieron cerca del 28% de los votos. En la elección, como lo mencionó Jorge, el partido ganador obtuvo sólo el 33% de los votos. Es importante mencionar que en 2020 la gente pidió que Victoria Ciudadana y el PIP se unieran para las elecciones. Esto ocurrió muy cerca de las elecciones. Después de las elecciones, cuando analizamos los resultados, hubo muchos lugares donde los votos para el candidato de Victoria Ciudadana y el candidato del Partido Independentista combinados fueron mucho más de lo que obtuvo el candidato elegido. En términos numéricos, la combinación de ambos partidos podría significar escaños importantes en la legislatura y también en algunos municipios.

El otro aspecto que permitió materializar la Alianza es que las propuestas programáticas de ambos partidos son similares en áreas muy importantes. En cuanto a la descolonización de Puerto Rico, la gran diferencia entre los partidos es que el Partido Independentista promueve la independencia. Y esa fue la forma en que se organizaron los partidos políticos en Puerto Rico durante mucho tiempo, en torno a la relación con Estados Unidos: también hay un partido pro estadidad y un partido pro status quo.

Victoria Ciudadana hace hincapié en el proceso de descolonización y se organiza en torno a otros temas. Aprendimos de la experiencia de los sindicatos, que organizan a trabajadores que están a favor de diferentes alternativas de estatus no colonial no territorial. Los miembros del MVC apoyan diferentes alternativas de estatus, sin embargo están de acuerdo en la descolonización como parte de nuestro derecho a la autodeterminación. Hay acuerdo sobre un proceso democrático: una convención sobre el estatus con representantes de todas las alternativas.

En cuanto a la sanidad, ambos apoyamos la sanidad pública a través de un sistema público de sanidad universal. En educación ambos apoyamos la educación pública y la Universidad de Puerto Rico, y en tantas otras áreas tenemos propuestas programáticas similares.

La otra cosa que debo mencionar es, como mencionó Jorge, el crecimiento potencial de la extrema derecha con Proyecto Dignidad, y la descomposición acelerada de los dos partidos neoliberales tradicionales nos presentó la oportunidad de construir una alianza entre estos dos partidos progresistas. De lo contrario, competiríamos entre nosotros y nos iría mejor que en 2020, pero no lo suficiente como para aumentar nuestras posibilidades, como puede hacerse mediante una alianza.

En Puerto Rico, las alianzas fueron parte del sistema político hasta hace poco, hasta 2011, cuando las alianzas fueron prohibidas por ley. Ambos partidos, MVC y PIP, desafiaron esa prohibición en los tribunales. Lo que se propuso fue una papeleta de fusión, que es muy común en Estados Unidos, es decir, que un candidato pueda aspirar al mismo cargo por diferentes partidos. Esa era la propuesta. Nosotros proponíamos que Juan Dalmau, del PIP, fuera candidato a gobernador en las dos columnas.

Esa prohibición fue sostenida por los tribunales, así que tuvimos que encontrar una forma creativa, aunque no lo permitiera la ley, de poner en marcha la alianza que fue aprobada por los miembros de ambos partidos. Así que acabamos apoyando a distintos candidatos en distintas papeletas. Nosotros estamos haciendo lo mismo, pero arriesgando nuestras franquicias electorales. Para poder mantener la franquicia electoral, hay varios requisitos que tienes que cumplir. Uno de ellos es tener un candidato a gobernador, un candidato a comisionado residente, uno por acumulación para la Cámara de Representantes y uno para el Senado. Ahora estamos proponiendo a Juan Dalmau para gobernador, y a Ana Irma Rivera Lassén, actualmente senadora de Victoria Ciudadana, para Comisionada Residente, que es un miembro sin derecho a voto de la Cámara de Representantes en el Congreso de la Unión. Hay 8 distritos senatoriales, donde estamos presentando un candidato de cada partido por cada uno de esos distritos. Para la Cámara de Representantes hicimos una distribución similar, y hemos hecho un acuerdo en cuatro municipios para apoyar al candidato de Victoria Ciudadana, como Manuel Natal en San Juan, o al candidato del PIP como Jason Domenech en Caguas, otro pueblo importante de Puerto Rico.

La Alianza se presenta como un cambio en la forma de organizar el proceso político y electoral, que antes giraba en torno a la relación con Estados Unidos una vez cambiado el estatus colonial. Ahora gira más en torno a cuestiones sociales. Hay una clara división entre las propuestas de izquierda y de derecha.

Aunque es difícil, creo que una victoria de la Alianza está dentro de las posibilidades para este próximo ciclo electoral. Creo que el PPD está detrás de La Alianza, y estamos dando la pelea con el Partido Nuevo Progresista, que es el partido de los grandes empresarios y el partido del actual gobernador y del comisionado residente, que va a aspirar a la gobernación. Un factor a considerar es que el actual gobernador del PNP perdió su elección primaria contra Jennifer González, que es una republicana partidaria de Trump, que actualmente ocupa el puesto de comisionada residente. Eso también representa un escenario diferente y desde nuestra perspectiva, más oportunidades para la Alianza.

Hay posibilidades de aumentar la presencia en la legislatura a través de los acuerdos, para el senado, y para la cámara en los distritos, aunque enfrentamos un reto enorme. Los candidatos de Victoria Ciudadana para el senado y la cámara por acumulación fueron descalificados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en un caso presentado por miembros de los partidos PNP y PPD, y ahora se presentan, con el apoyo de Victoria CIudadana, como candidatos por escrito.

Pensando en el día después de las elecciones como mínimo Victoria Ciudadana tendría más miembros en la cámara de representantes, más miembros en el senado, ganaría la ciudad de San Juan, y eso sería un gran avance para nosotros. También hemos estado pensando en cómo sería el gobierno de la Alianza. Sabemos que si la Alianza gana, va a enfrentar no sólo la oposición de los otros partidos políticos, sino también la oposición y el sabotaje de los intereses corporativos, como mencionó Jorge, o, en términos más tradicionales, de la burguesía. Debemos pensar en formas de mantener el gobierno mientras nos enfrentamos al sabotaje de los otros partidos y de la burguesía. Necesitamos organizar a los trabajadores, necesitamos ser capaces de movilizar a la población para que la Alianza tenga éxito en impulsar las propuestas que está presentando. Estas propuestas van a ser resistidas no sólo por la oposición y la burguesía, sino también por la junta de control fiscal y por el gobierno federal.

MF

¿Cuál es la situación de la actual campaña electoral, los principales temas y la respuesta de los electores?

JLT

Yo diría que, a diferencia de las elecciones anteriores, los principales partidos neoliberales han intentado que ningún tema sea importante en las elecciones, aparte de si Victoria Ciudadana tiene un programa comunista, o si seguimos o no correctamente las leyes electorales. Ha habido sobre todo ruido en torno a las cuestiones políticas. Sabemos que es un esfuerzo consciente. Nuestros candidatos dicen a menudo en los medios de comunicación «preferiríamos hablar de cuestiones económicas, sociales, en lugar de todo este cotilleo político». Pero eso es lo que estamos viendo desde hace al menos un año.

Parte de estas distracciones también tienen que ver con la guerra jurídica contra la Alianza. Manuel mencionó el caso que inhabilitó a nuestros candidatos a diputados, ambos en funciones, pero también hubo una ofensiva de lawfare contra Mariana Nogales, quien actualmente está en la Cámara de Representantes y también fue una de las inhabilitadas. Porque no hay un periódico progresista, porque no hay un noticiero progresista en la televisión, porque hay muy pocos espacios para que nuestros partidos participen en los medios de comunicación, ha habido mucha neblina en torno a lo que deberían ser los temas reales que vienen en noviembre de 2024.

Nosotros hemos seguido planteando nuestro programa: a favor de la reconstrucción económica, a favor de los derechos LGBT, a favor del rescate de las empresas públicas, de las instrumentalidades públicas, de los organismos públicos, a favor de la vida, a favor de la salud, a favor de los derechos de las mujeres, a favor de los derechos LGBT. Pero a diferencia de las elecciones de 2016, donde la Junta de Supervisión Fiscal fue un tema central, el tema central en este momento han sido las controversias entre la Victoria Ciudadana y la Alianza. Eso y LUMA, que también ha sido un tema central.

MRB

Se está impulsando básicamente una campaña de miedo rojo, como decía Jorge, y estamos proponiendo a la Alianza como la alternativa democrática a la amenaza de la ultraderecha en Puerto Rico. Para detener a la ultraderecha, la única alternativa viable es la Alianza. Además, de cara a las elecciones en Estados Unidos, donde no participamos pero que tienen un efecto enorme en Puerto Rico, también pensamos que el gobierno de la Alianza sería el más efectivo. En cualquier caso si Donald Trump gana las elecciones, y tenemos un gobierno de Jennifer González en Puerto Rico, ella será servil a Donald Trump como lo ha sido en el pasado. Y un gobierno de la Alianza definitivamente mitigaría el impacto de una administración Trump a través de la confrontación directa y movilizaciones masivas.

Lo mismo si Harris gana las elecciones de Estados Unidos, creo que la Alianza será la alternativa para que el Partido Demócrata rinda cuentas. Hay muchas promesas y propuestas en el programa de Biden/Harris que involucran a Puerto Rico, ninguna de las cuales se ha cumplido. Había propuestas de deshacerse de La Junta, de devolver poderes al gobierno de Puerto Rico, de impulsar medidas económicas para la población, y esos compromisos concretos no se han cumplido. Pase lo que pase en las elecciones de Estados Unidos, la Alianza sería el mejor gobierno para proteger al pueblo de Puerto Rico.

MF

La cuestión del estatus de Puerto Rico está muy disputada en la isla y en la diáspora entre independencia, estadidad y libre asociación con EE.UU. Estas elecciones habrá un referéndum no vinculante sobre el estatus de Puerto Rico.¿Qué relación tiene Democracia Socialista con este debate?

MRB

En primer lugar quiero decir que Democracia Socialista es una organización independentista con una perspectiva internacionalista. Creemos que el pueblo de Puerto Rico tiene un derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia, en una orientación leninista si se quiere. Pero también somos conscientes de que la mayoría de los trabajadores y el pueblo de Puerto Rico no son independentistas; aunque esas cifras han aumentado en los últimos años, el apoyo a la independencia no es mayoritario. Por eso, cuando nos dedicamos a la construcción de organizaciones de masas, de partidos políticos, tenemos una estructura en la que el tema de la relación colonial se aborda a través de una demanda de descolonización. Nos hemos centrado en un proceso, en el aspecto procedimental de cómo se puede materializar eso. La propuesta es convocar una convención constitucional donde se elegirían delegados de cada una de las alternativas, y esa convención tendría como tarea central desarrollar las propuestas de estatus, redactarlas y negociar con el congreso esas alternativas. Habría varios pasos dentro de la propuesta que estamos manejando, pero una vez redactadas las alternativas en la convención deberían ser sometidas a la población para la aprobación de esas definiciones en referendos.

Al mismo tiempo, tiene que haber una negociación con el Congreso para que el resultado del proceso sea vinculante, y para que ellos expresen su aprobación o desaprobación de las alternativas, distintas a la independencia, y cuáles serían los términos de esas alternativas. A continuación, esas alternativas tendrían que someterse a la aprobación o el rechazo general. Habría rondas; si ninguna de las propuestas obtiene la mayoría de los votos, las dos más votadas pasarían a la segunda ronda.

La experiencia de organizarse en torno a temas y no en torno a una alternativa de estatus específica ha sido posible, y eso lo aprendimos de los sindicatos. Organizan a trabajadores que están a favor de tendencias diferentes, tienen la capacidad de unirse y presionar para conseguir reivindicaciones más comunes. Ese es el modelo que intentamos replicar en el proceso electoral y hemos tenido éxito.

Este nuevo referéndum que se va a celebrar el mismo día de las elecciones tiene varios problemas. El primero es que fue convocado por el gobernador sin acción legislativa. El PIP lo ha impugnado en vano. Pero aparte de las formalidades, creo que la razón principal de convocar otro referéndum para las elecciones es que el Partido Nuevo Progresista pueda movilizar a los electores. De lo contrario, un enorme sector de sus simpatizantes no se movilizaría, así que están utilizando el movimiento pro estadidad y el plebiscito como excusa para movilizar al electorado pro estadidad hacia el PNP. Eso no les fue bien en 2020. Hicieron lo mismo, pero los que votaron por la estadidad en el plebiscito fueron el 51%, mientras que sólo el 33% votó por su candidato a la gobernación. Así que eso también nos dice que muchos partidarios de la estadidad no son miembros exclusivos del PNP, y probablemente votarían por la Alianza. Eso es parte de los votos que tuvimos en 2020.

JLT

Junto con el miedo rojo, uno de los sustos que los intereses corporativos están lamentando en la prensa es que la Alianza es una alianza independentista. De nuevo, es una forma de intentar que la gente que está a favor de la estadidad no vote por Alianza, y quizá vuelva a votar por el PNP, o quizá incluso por Proyecto Dignidad. Pero como dijo Manuel, hemos visto que estos intentos de tratar de movilizar al sector pro estadidad para favorecer al PNP no han tenido éxito. En los últimos 30 y tantos años, hemos tenido plebiscitos en 1993, 1998, y luego algunos muy cercanos en el tiempo: 2012, 2017 y 2020. Tanto el plebiscito de 2012 como el de 2020 se celebraron el día de las elecciones. La gente que está a favor de la estadidad ve esto como otro truco del partido pro estadidad, y una cosa que la gente está viendo es que el PNP no está realmente promoviendo la estadidad. Dice que lo hace, puede que tenga una retórica anticolonial, pero no es más que otra fuerza colonial, otro partido colonial, fuertemente neoliberal, fuertemente antipopular.

Como ejemplo, las dos últimas veces que ha habido un aumento federal de salarios para empleados exentos, el Partido Nuevo Progresista, el partido supuestamente pro estadidad, ha intervenido para eximir a Puerto Rico de ese aumento salarial. Así que por un lado hablan de igualdad, por otro lado favorecen políticas que siguen empobreciendo a la población puertorriqueña.

La actual candidata a gobernadora del PNP, Jenniffer González, dijo en 2016 que sería la última comisionada residente en la historia de Puerto Rico porque traería la estadidad en ese cuatrienio. De nuevo fue elegida para ese puesto en 2020, y ahora se postula para gobernadora. Así que ha habido mucha retórica, retórica agresiva por parte del PNP, pero ha habido una creciente independencia de votantes pro estadidad en estas últimas elecciones que han votado diferente (sabemos que hubo una gran cantidad de personas, por ejemplo, que votaron por Juan Dalmau, el candidato a gobernador en 2020 por el PIP, pero que votaron por Jenniffer González como Comisionada Residente, o a favor de la Estadidad en el plebiscito).

Y también hay una fuerza creciente que no hemos mencionado, y es la abstención electoral. Puerto Rico ha tenido históricamente un alto porcentaje de personas que participan en las elecciones. Eso ha disminuido muy rápidamente durante la época de la crisis económica a partir del 2006, y vencer la apatía es una cosa que la Alianza también tiene que hacer para pensar en una posible victoria. La apatía es entonces otro enemigo, no tan codicioso ni tan peligroso como los intereses corporativos o el partido fundamentalista, pero definitivamente algo que tenemos que combatir. Debido a que esta crisis económica se ha extendido tanto, estamos hablando de nuevo de 15 años, con sólo 5 años de crecimiento positivo, la mayoría de la población ha perdido la esperanza. Y esa es una de las cosas que tanto en nuestro programa como en nuestras consignas, los candidatos de Victoria Ciudadana, del PIP y de La Alianza estamos tratando de devolver al terreno político, la esperanza de que podemos triunfar y podemos transformar esta sociedad en una mucho más justa, igualitaria y democrática.

Jorge Lefevre Tavárez y Manuel Rodríguez Banchs