Fuente: Resumen Latinoamericano
La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (Capítulo Argentina) denuncia la ilegal detención de Patricia Arce, Alcaldesa de Vinto en el departamento de Cochabamba y militante del Movimiento al Socialismo (MAS) junto con sus cinco hijxs, entre ellxs menores de edad, en el marco de un allanamiento a su casa realizado por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELC) bajo el argumento falso de violar la cuarentena.
Arce, quien en medio del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en noviembre pasado, fue secuestrada por un grupo policial y de la oposición golpista, y paseada por el pueblo manchada con pintura roja sobre su cabeza y su cuerpo en medio de golpes, torturas y humillaciones, estaba en su casa con sus hijxs y la novia de uno de ellos, cuando se produjo la acción policial.
La sacaron de su dormitorio, justificando este nuevo atropello en que lxs vecinxs habían denunciado una reunión en ese domicilio y aunque se comprobó que sólo estaba la familia, con un nuevo argumento de que podían “estar bebiendo”, se lxs llevaron a todxs, separando a su hijo menor para trasladarlo a otro lugar, aumentando la angustia de lxs detenidxs.
Éste es uno de los tantos casos denunciados en los últimos días en el marco de una fuerte ofensiva de persecución política, violando los derechos humanos, bajo el Estado de Excepción dispuesto por los golpistas en función de la “pandemia” del Covid-19 que afecta a ese país y a la región.
De la misma manera se impidió a lxs dirigentes de los sindicatos del Trópico de Cochabamba y otras organizaciones, entregar comidas, frutas y verduras en solidaridad con miles de familias que están pasando hambre en distintos lugares del país, a los que el gobierno no está atendiendo en la emergencia humanitaria.
El representante de los seis sindicatos del trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, anunció hoy la presentación de una denuncia contra el Gobierno por la vulneración de Derechos Humanos ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
“Hemos llegado al extremo de que se ha judicializado la cuarentena y la emergencia sanitaria. El Gobierno utiliza la justicia y ahora todo es amedrentamiento, procesos y amenazas”, sostuvo el dirigente y agregó que están convencidos de “que el país debe precautelar la salud pública frente a la pandemia pero en el marco de la Constitución política del Estado”.
Solidarizándonos con estas denuncias, solicitamos a los organismos internacionales la inmediata intervención para que el gobierno de facto libere a lxs presxs políticxs, levante el sitio violatorio del derecho internacional a la Embajada de México, permitiendo la salida de ex funcionarios del depuesto gobierno asilados en esa sede, y, además, que cese la persecución y las acciones militares y paramilitares que continúan en todo el país persiguiendo a dirigentes, militantes y a lxs candidatxs del Movimiento al Socialismo (MAS) a las elecciones presidenciales anunciadas en principio para mayo próximo, aunque se pospongan por la pandemia. En estas condiciones el gobierno de facto no ofrece ninguna seguridad a la oposición, violando los compromisos asumidos y los derechos humanos en todo el país.
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