Fuente: Resumen Latinoamericano
Nuestra región ha sido históricamente golpeada precisamente por el conflicto y por el paramilitarismo en varias formas.
Desde 2022 hemos venido denunciando el reajuste del paramilitarismo, una nueva forma que se quiere instaurar en el territorio del departamento de Arauca. Lo implementa un grupo que se hace llamar “disidencias de las extintas FARC”. El 19 de enero de 2022, este grupo colocó un carrobomba para asesinar a más de 60 líderes que estábamos en ese momento en un encuentro en nuestro edificio Héctor Alirio Martínez. Han lanzado granadas a proyectos sociales como la empresa comunitaria de servicios públicos, así como a la Cámara de Comercio, a un salón comunal y en casas de varios líderes. Sus acciones son propias de los grupos paramilitares y por eso hemos venido denunciando los asesinatos, la persecución, la estigmatización y la judicialización de compañeros, como parte de un paquete integral del plan de exterminio contra el movimiento social.
Decimos que es un solo paquete y decimos que las llamadas “disidencias” son paramilitares porque identificamos varios hechos que demuestran la connivencia entre la fuerza pública y este grupo que hace presencia en el territorio. En el reciente asesinato de Josué Castellanos en Tame, el 4 de marzo de este año, él estaba cerca de la base militar y estos sujetos entraron, lo asesinaron, duraron más de 20 minutos y nunca llegó la fuerza pública, estando tan cerca. En otros casos han aparecido videos de integrantes de este grupo donde se les ve con prendas militares del ejército y también con el brazalete que se identifica como la disidencia de las FARC.
Ellos usan el mismo lenguaje y los mismos argumentos que la inteligencia estatal hacia el movimiento social, con los mismos puntos y las mismas comas, las mismas justificaciones para atacar al movimiento social. Al mismo tiempo se dan las montadas judiciales, persiguen a los líderes, los señalan y cometen asesinatos en lugares donde la fuerza pública mantiene una fuerte presencia. Hemos presentado todos estos casos a las autoridades judiciales y a la fiscalía del departamento de Arauca, pero el seguimiento a nuestras denuncias ha sido casi nulo. Todo esto no puede ser casualidad. Lo entendemos como una sola estrategia, un plan de extinción que usa distintas tácticas que se suman para producir un genocidio contra el movimiento popular.
Hace un año nos declaramos en una crisis humanitaria por toda esta situación que ha puesto en riesgo a líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos en el departamento de Arauca. En ese entonces, al principio de 2024, los diferentes movimientos en el país decidimos de manera colectiva tomar el ejercicio de movilización social. A principios del año se instaló una mesa de cumplimiento de los compromisos, pero no tuvo seguimiento por parte del gobierno. La movilización que iniciamos el 25 de noviembre consistió en el bloqueo de 10 puntos en el departamento de Arauca y el Norte de Santander, incluyendo una planta de gas y varios puntos de explotación petrolera. Exigíamos al gobierno nacional que reinstalara la mesa de cumplimiento para poder avanzar.
Producto de lo mismo, se inicia una interlocución el 29 de noviembre y surge la propuesta de este cabildo. Es importante denunciar frente a las instancias del gobierno nacional encabezadas por el Ministerio del Interior. Se convocó a un espacio abierto en donde nosotros, como comunidades, pudiéramos hacer las denuncias directas de todos los casos: amenazas, judicializaciones, confinamientos, desplazamientos forzados, y todos los hechos que han vulnerado los derechos humanos, las normas y los principios del derecho internacional humanitario. En fin, todas esas acciones que atentan contra la vida y la permanencia de las comunidades en el territorio.
Así es como surgió ese escenario en el que ayer participaron más de 800 personas de todo el departamento de Arauca. Las denuncias estaban estructuradas en los siguientes ejes:
1. Paramilitarismo
2. Afectación a la economía local y popular en el territorio.
3. Estigmatización hacia el movimiento social
4. Persecución hacia el movimiento social
5. Confinamiento y desplazamientos forzados.
Se entregó toda esta información documentada a la delegación del gobierno nacional encabezada por el Ministerio del Interior, con la participación de la Fiscalía y la Procuraduría.
¿Cuál fue la participación de la Fiscalía en el Cabildo?
Exceptuando la Fiscalía, que envió una representación local, llegaron representantes de las instancias nacionales. Este vacío de la Fiscalía era grave porque nosotros esperábamos, y seguimos esperando, respuesta sobre el estado actual de las investigaciones en casos como el atentado con carrobomba de 2022, el asesinato de Josué, el asesinato del compañero Alveiro, el asesinato de Tulia Carrillo, y las amenazas que hemos recibido varios líderes en el departamento.
Frente a eso, no hubo una respuesta que pudiera evidenciar que realmente el Estado está avanzando en la búsqueda de la verdad de estos hechos. Nosotros queremos que estos casos no queden en la impunidad y queremos garantías de no repetición. En Arauca hay altos índices de impunidad frente a cada uno de estos hechos que han ocurrido y que siguen ocurriendo a la luz del día y a los ojos de las entidades del Estado, como es la fuerza pública.
Cuando se trata de montar procesos judiciales contra líderes sociales que participan en movilizaciones, se arma todo lo necesario para adelantar las capturas de estos hombres y mujeres en menos de un mes. Pero, en el caso de armar los procesos contra quienes nos atacan, no hay la misma agilidad. Han pasado más de dos años desde el atentado con el carrobomba y hoy no hay ni siquiera un informe de cómo va el proceso, si han capturado a las personas que cometieron el hecho, pero también a los autores intelectuales. El comandante que se hace llamar Antonio Medina, de las llamadas “Disidencias de las FARC”, grupo de actuación paramilitar, salió a decir públicamente que él fue el autor de ese hecho. Hay muchas denuncias y pruebas. Y aún con todo esto no hay un avance en un caso que es emblemático para nosotros. Entonces, pensamos que lo que falta es voluntad política.
¿Qué esperaban ustedes del Cabildo?
Primero, lo que nosotros hemos planteado es que el Estado colombiano debe diseñar una estrategia para el desmonte del paramilitarismo. Porque, en últimas, es a través de estas estructuras que se concretan la mayoría de las acciones contra el movimiento social y contra todas aquellas personas o procesos que se atreven a oponerse al modelo económico que actualmente está implantado en el país.
Segundo, queremos ver parte del gobierno nacional la voluntad de avanzar en las investigaciones pendientes, de esclarecer los hechos y de poder hacer la reparación de cada una de estas afectaciones a las comunidades.
Sobre todo, queremos que brinden las garantías para que no vuelva a suceder este tipo de hechos, porque es responsabilidad del Estado garantizar la vida y la labor social que ejercemos las comunidades en cada uno de los territorios.
Estos eran los objetivos de ese escenario y, pues, si bien fue un evento muy importante donde pudimos presentar toda la información, vamos a ver en las mesas de seguimiento si realmente se puede avanzar en estos procesos.
Entonces, lo importante fue que la gente, la comunidad, pudo participar, pudo hacer sus denuncias, se pudo documentar los casos y entregarlos. Esperamos que realmente esto dé resultado en el avance para esclarecer cada uno de estos hechos cometidos contra el movimiento social.
¿Por qué escogieron la figura del Cabildo Abierto para hacer la denuncia?
Los Cabildos Abiertos son un escenario de amplia participación. Es poder tener la atención de todos los funcionarios del orden nacional para que escuchen de primera mano y atiendan a las comunidades que han sido vulneradas. Porque muchos de los funcionarios locales dan la impresión de estar involucrados en los hechos cuando no quieren recepcionar las denuncias.
Unos días antes del Cabildo, en la vía entre Tame y San Salvador, quemaron un camión que llevaba una carga de plátano. Los afectados fueron a hacer las denuncias y, cuando el personero llamó al comandante del batallón, él dijo que era mentira, que eso no había sucedido. Luego se difundieron las imágenes y hubo cobertura mediática, y se vio que el mentiroso era el comandante.
¿Qué viene después?
Primero, viene el cumplimiento de los acuerdos pactados producto de la movilización. En enero de 2024 presentamos un pliego de reivindicaciones de las comunidades y del movimiento. Esto incluye temas de salud, educación, agroindustria, vías, temas étnicos, vivienda y servicios públicos. Por cada uno de esos temas hay peticiones puntuales: construcción de infraestructura para el tema de salud, garantizar la alimentación escolar a los estudiantes, el transporte escolar, la universidad, son puntos que están en el pliego.
La jornada de movilización que levantamos el día del cabildo tiene como reivindicación el cumplimiento de todos estos temas pendientes.
Estuvimos en mesas de concertación desde el 29 de noviembre al 3 de diciembre con tres viceministros y otros jefes de carteras pertinentes aquí en Arauca revisando eje por eje, punto por punto, y tratando de revisar los nuevos compromisos que asumen los funcionarios, porque ellos dicen que este gobierno tiene voluntad de cumplir, que es distinto a otros gobiernos. Ojalá que así sea, porque nosotros sí tenemos la voluntad política para hacer lo necesario para que las comunidades sean atendidas, para que el Estado pague su deuda histórica en términos de inversión social con el pueblo araucano.
¿En qué pone la esperanza de que esta vez será diferente y los acuerdos puedan cumplirse?
Hemos logrado el cumplimiento parcial de algunos puntos. De 25 proyectos que están radicados en el Ministerio de Salud, 11 proyectos ya tienen asignación de recursos. Estos proyectos están relacionados con la dotación de equipos médicos, la adecuación y mejoramiento de los puestos de salud en áreas rurales, y con la ampliación de la infraestructura de los dos hospitales de segundo nivel en Arauca. También hemos logrado que se contemple presupuestariamente la ampliación de los equipos médicos para llevar la asistencia médica a las comunidades de las zonas rurales. Ese es un punto fundamental para nosotros, teniendo en cuenta que actualmente hay más de 19 mil pacientes esperando un medicamento porque la EPS no ha pagado al proveedor que surte los medicamentos. Las EPS no autorizan las remisiones de los pacientes que tienen que ser trasladados a hospitales de mayor complejidad.
En términos de educación, hemos logrado avanzar en el modelo de universidad pública que se va a construir en el municipio de Saravena. Esto permitirá el estudio superior para todos esos jóvenes que no tengan la posibilidad de ir a estudiar en otros departamentos.
También hemos avanzado en la asignación de recursos para la tercera fase de la planta de plátano en el municipio de Tame.
Si bien ha habido avances en algunas cosas, los temas fundamentales como el respeto a los derechos humanos, programas de alimentación escolar, transporte escolar, plantas de cacao, lácteos y otros temas, están sumidos en procesos burocráticos. Nuestro balance es positivo en el sentido de que sí hemos logrado que se cumplan cosas a través de la movilización social, pero todavía queda mucho por hacer porque las necesidades siguen latentes en el territorio.
Para finalizar, ¿cómo ve el ánimo de la gente, de la población que participa en esta lucha?
Es de gran satisfacción todo el ejercicio que se ha podido desarrollar, teniendo en cuenta la crisis humanitaria y la amenaza que hay en los territorios. Es bastante importante que la gente salga a movilizarse en medio de esa situación. Se ve la resistencia y también la convicción de lucha y de permanencia en el territorio que tienen las comunidades que arriesgan, o que arriesgamos, nuestra propia vida.
Estamos en épocas que son tradicionalmente para estar con la familia y hemos sacrificado pasar, por ejemplo, un 7 de diciembre con nuestra familia por estar concentrados en cada uno de estos puntos. Esto también demuestra el compromiso y la valentía que tienen las comunidades.
Estar en los puntos de movilización, en la interlocución y la concertación es una responsabilidad que asumimos porque nuestras bases sociales nos han designado esa tarea.
El pueblo araucano es un pueblo heroico. Las comunidades organizadas históricamente, especialmente desde los paros de 1972, han logrado unas condiciones de permanencia que están afectadas actualmente por la reconfiguración del paramilitarismo en el territorio. Y este pueblo ,organizado es la garantía de que, tarde o temprano, sus exigencias serán cumplidas.
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