Colombia: El clamor de la Guajira y la nación Wayuu

Para muy tempranas horas del lunes 11 de agosto está anunciado un cese general de actividades en el Departamento de la Guajira. Más de 900 mil habitantes, entre quienes se encuentran 300 mil indígenas de la nación Wayuu, integrados en diversas expresiones de la sociedad civill, expresaran pacíficamente y en forma indefinida, su inconformidad por la situación de caos social y político que los afecta, impidiendo el bienestar, la convivencia y el progreso.

 Las causas específicas de la protesta son diversas y las peticiones son muy concretas para que el gobierno del señor Santos, formule una estrategia eficiente de intervención con recursos fiscales y administrativos, que atiendad las demandas prioritarias de la región.

 La grave crísis de la sociedad Guajira esta asociada con las siguientes problemáticas.

 Primera. La amplia desigualdad y segregación social se manifiesta en el incremento del coeficiente Gini que paso de 0.47 en el 2003 al 0.62 en el 2009.

 Segunda. El acueducto y el alcantarillado registran bajas coberturas, del 50,2% y del 37.2%, respectivamente.

 Tercera. El Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es de 66.2%.

 Cuarta. La desnutrición de la población es crónica y bordea el 32%, ubicandose entre las mayores de Colombia.

Quinta. En la década de los 70, el agro representaba más del 22%, pero en 2011 solo llega al 4,3%.

Sexta. La creciente actividad minera en el departamento sustentada en el 44% de las reservas probadas de gas, que permite atender la demanda nacional en un 62% y las exportaciones a la República Bolivariana de Venezuela; en las reservas probadas de carbón cercanas a 3800 millones de toneladas; y en una generación de 560 MW de nergía eléctrica que alimentan la demanda nacional, solo genera el 2,6% de puestos de trabajo. Lo que significa que los empleos perdidos en el agro, no se traladaron a la mineria. De ahí que el desempleo en 2010 sea del 9,5% muy superior al 5,3% del 2005. El subempleo llegó a 130 mil personas.

 Septima. Hasta el 2012, se habían exportado más de 540 millones de toneladas de carbón, con ingresos para la empresa de 24.000 millones de dólares, pero a Colombia solo le correspondieron por regalías 2.006 millones de dólares, es decir el 8,42%. Mientras las multinacionales obtienen utilidades operacionales del 38%, el 60% de los guajiros sobreviven con menos de 200 mil pesos mensuales y un 38% con menos de 90 mil pesos.

 Octava. La minería no ha sido simbolo de desarrollo, ni de progreso, pero sí de gigantescos pasivos ambientales, sociales y culturales. Siendo que el 87% del territorio es semidesértico se han intervenido 11.488 has de cobertura boscosa y, se ha recuperado suelo en apenas 3.000 has.

 Novena. La oferta hídrica, en 12 municipios, muestra una regulación natural baja, muy baja; una vulnerabilidad alta, muy alta, en el 33% de los mismos. No obstante, la actividad minera ha conllevado la desaparición de más de 8 cuerpos de agua, entre cañadas y arroyos, porque sus acuíferos se destruyeron. En la zona de la cuenca del Rio Ranchería para el 2010 existían oficialmente 15 títulos mineros otorgados con una extensión de 72.852,5 has y en solicitudes existen 275 títulos mineros con una extensión de 653.959,5 has.

Decima. A lo anterior se agrega la gravísima sequía que azota al sector agropecuario con inmensas pérdidas en cultivos y más de 7.000 reses de ganado vacuno muertas. Existe una asimetría en el consumo de agua entre la actividad minera y la población guajira, mientras Albania y Hatonuevo consumen 7.500 millones litros/día, el Cerrejón para irrigar vías, lavado y acopio carbón consume 20,5  millones litros/día. Durante el 2012 los volúmenes de agua subterránea captados por cerrajon fueron mayores a los captados por precipitación; en enero la captación fue de  4000 m3 mientras que la precipitación fue de m3. La captación agua subterránea por la minería genera una desmedida competencia con los demás sectores económicos de la región y con las comunidades cercanas que sufren una grave afectación por esta causa

Once.En la lucha por el control y dominio del territorio más de 20.000 guajiros fueron desalojados de sus propios territorios mediante múltiples arbitrariedades y violaciones, siempre con la complicidad del Estado.

Doce. La corrupción en las instituciones públicas es generalizada como consecuencia de la captura de las mismas por reconocidas mafias asociadas a la politiqueria tradicional oficialista. Poderosos clanes del narcotráfico y del contrabando, protegidos por sofisticados grupos paramilitares, como la banda de Marquitos Figueroa,  que hacen sanguinaria presencia con la complicidad de los aparatos armados, policiales y judiciales del Estado, son los que controlan entidades, recursos y presupuestos en la Gobernación, en sus Secretarias, en las 15 alcaldias municipales y en las entidades nacionales localizadas en la región.

Trece. Alcaldias de los municipios de Riohacha, Albania, Barrancas, Dibulla, Fonseca, La Jagua del Pilar, Manaure, Hatonuevo, El Molino, Distracción, San Juan del Cesar, Villlanueva, son una espantosa ruina institucional, las poblaciones de esas jurisdicciones viven un verdadero “apartheid institucional”, sin derecho a Estado que les garantice condiciones minimas de existencia y convivencia. Los aparatos administrativos de esos territorios son ámbitos privados de reconocidos caciques que los desvian para su enriquecimiento y acumulación de poder, en la mayoría de los casos mediante el uso permanete de la violencia contra quienes se resisten a sus arbitrariedades y abusos. En esos municipios no impera la legitimidad ni la ley del Estado democrático y social de derecho, sino la imposición del mas fuerte, del mas criminal, como lo evidencia el caso de Kiko Gomez, el homicida exgobernador del Departamento.

A partir de este crudo diagnóstico, las organizaciones que promueven la manifestación cívica y democrática, han elevado un clamor para que se atiendan las siguientes peticiones prioritarias por parte del gobierno nacional y departamental.

Primera. La Guajira debe derivar mayores beneficios del denominado boom minero energético. Se demanda del Gobierno Nacional cumplir con la gigantesca deuda social que tiene con la Guajira y sus núcleos sociales afectados por la segregación social y, de las multinacionales, compensación por los inmensos pasivos dejados por la explotación de los recursos naturales no renovables.

Segunda. Organizar una mesa única de negociaciones con delegados de los Gobiernos Nacional y Departamental y de las multinacionales para discutir un pliego de peticiones que recoge las aspiraciones del pueblo de la Guajira.Se quiere que dicha mesa se integre antes del 11 de agosto, fecha estipulada para la realización de un Paro Cívico y comunal, cuya realización dependerá de la entereza y voluntad del gobierno y las multinacionales para discutir y solucionar el pliego de peticiones de la sociedad civil del departamento.

Tercera. Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, previendo y controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo las sanciones legales y exigiendo la reparación de los daños causados.

Cuarta. Un Plan de choque para la reactivación, el impulso y la promoción de proyectos productivos para los sectores agropecuario, industrial, acuícola, y de turismo, con el fin de generar empleos productivos y estables y garantizar la soberanía alimentaria departamental.

Quinta. Mejorar la calidad de vida de las comunidades guajiras, de tal manera, que la riqueza generada por la explotación de los recursos económicos se comparta y todos los sectores sociales tengan beneficios en empleos dignos, servicios públicos de calidad, alimentación, salud, educación y vivienda.

Sexta.El Estado Colombiano debe garantizar el goce pleno de la democracia a los guajiros, al igual que la promoción y uso de derechos y libertades públicas, mediante la depuracion de la Fuerza Pública plagada de elementos criminales.

Septima. Un plan radical contra la corrupción en las instituciones públicas, que incluya la erradicacion de mafias y grupos paramilitares en la Gobernacion y las Alcaldias de los 15 municipios.

Octava. Un Plan de fortalecimiento democrático de las instituciones municipales para que estas inviertan de manera trasnparente y adecuada los recursos de sus presupuestos en la satisfacción de las necesidades de la población  más pobre.

Novena. Un Programa especial y efectivo de impulso a la democracia participativa, con apoyos presupuestales suficientes, para organizar veedurias ciudadanas independientes, Comites de Control social, Audiencias públicas que le den trasnparencia a la contratación estatal, los sistemas de gobierno en línea con el fin de que los ciudadanos accedan a las instituciones públicas sin las trabas burocráticas conocidas, las Rendiciones de cuentas objetivas y asimilables y los presupuestos participativos.

Esta es la Plataforma que sirve de soporte a esta gran movilización de la nación Wayuu, que requiere del apoyo y la solidaridad de todos los colombianos.