Por: Alfonso Insuasty Rodríguez
Los Iguana Papers han destapado lo que muchos sospechaban, pero pocos podían probar: Ecopetrol ha ocultado más de 300,000 violaciones ambientales mientras promovía una imagen de sostenibilidad.
La filtración más grande sobre desastres ecológicos en Colombia expone la doble moral de la industria petrolera, que proclama responsabilidad ambiental mientras profundiza el extractivismo en un país que sufre las consecuencias de su propio modelo de desarrollo.
El precio del progreso: ríos envenenados y comunidades olvidadas
El río Meta ya no es el mismo. Antes, los pescadores sacaban bagres y nicuros; hoy, solo encuentran manchas aceitosas y peces flotando panza arriba.
«Esto empezó cuando llegó Ecopetrol», relata Luis, ribereño de 62 años que ha visto durante tres décadas cómo el agua que bebía se convirtió en veneno. Su testimonio no es un caso aislado. Representa el rostro humano de lo que los Iguana Papers confirman con cifras irrefutables: 300,000 violaciones ambientales ocultas, relacionados con las operaciones de Ecopetrol, estos registros incluyen casi 90,000 incidentes específicos que se relacionan con el manejo del agua y otros aspectos de las operaciones de la empresa, dejando miles de vidas afectadas y ecosistemas destruidos.
El problema no es solo la contaminación, sino el encubrimiento sistemático. La petrolera, en lugar de mitigar los daños, ocultó derrames, minimizó impactos y manipuló informes. Clasificó como «incidentes menores» verdaderas catástrofes ambientales, mientras sus campañas publicitarias mostraban jaguares y selvas prístinas.
En Barrancabermeja, donde el aire huele a petróleo las 24 horas, los hospitales registran casos alarmantes de niños con plomo en la sangre. “Nos dicen que es el precio del progreso”, murmura una enfermera mientras revisa los resultados de un menor de cinco años. Lo que no dicen es que Ecopetrol lo sabía. Desde 2018, documentos internos advertían sobre filtraciones en las tuberías que atraviesan el acuífero local, pero la empresa prefirió el silencio.
El patrón es claro, derrames no reportados, líderes comunitarios amenazados y acuerdos ambientales incumplidos. Mientras tanto, en foros internacionales como Davos, sus ejecutivos hablan de hidrógeno verde y neutralidad de carbono, una retórica vacía que los Iguana Papers desmontan con un solo dato: el 92% de sus inversiones siguen destinadas a petróleo, fracking y expansión extractiva.
Ecopetrol: entre la desinformación y la impunidad
El informe de la Environmental Investigation Agency (EIA) expone cómo Ecopetrol no solo oculta su verdadero impacto ambiental, sino que también manipula la opinión pública mediante estrategias de desinformación diseñadas para desviar la atención de los crímenes ecológicos documentados. Mientras la empresa proyecta una imagen de sostenibilidad y responsabilidad social, en la práctica ejecuta políticas sistemáticas de encubrimiento y represión.
Uno de los aspectos más alarmantes revelados por los Iguana Papers es la implementación de mecanismos de vigilancia y coerción contra activistas y líderes comunitarios que denuncian sus prácticas. Lejos de actuar como una empresa comprometida con la ética y la transparencia, Ecopetrol opera con tácticas propias de regímenes autoritarios, debilitando la rendición de cuentas y generando un clima de miedo e intimidación que silencia la oposición a sus actividades destructivas.
El informe también expone la connivencia entre Ecopetrol y las entidades reguladoras. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), organismo encargado de supervisar y sancionar a la industria petrolera, solo penaliza el 2% de los delitos ambientales cometidos, permitiendo así la impunidad sistemática. Esta omisión institucional no solo legitima los abusos de la empresa, sino que también profundiza la crisis ecológica del país, dejando a comunidades enteras expuestas a la contaminación y el deterioro ambiental sin protección alguna.
En este contexto, Andrés Felipe Olarte Peña emergió como un denunciante clave en el caso de los Iguana Papers. Durante su trabajo en Ecopetrol (2017-2019), tuvo acceso a información sensible sobre contaminación, violaciones ambientales y abusos a los derechos humanos. En el marco de una investigación interna sobre el uso del agua, descubrió que la empresa contaminaba gravemente fuentes hídricas en Colombia. Sin embargo, al presentar sus hallazgos, fue presionado para abandonar la investigación, amenazado, expulsado de la empresa y finalmente obligado al exilio.
Este caso ilustra no solo la gravedad de los daños ambientales causados por Ecopetrol, sino también la falta de mecanismos de protección para quienes denuncian estos crímenes. Con la complicidad del Estado y una estructura de impunidad bien enraizada, la empresa sigue operando sin restricciones, poniendo en riesgo no solo el equilibrio ecológico del país, sino también la seguridad de quienes intentan hacer justicia.
Colombia y su ¿liderazgo climático?
El gobierno colombiano ha intentado posicionarse como un líder en la lucha contra el cambio climático, promoviendo iniciativas bajo el lema “Paz con la Naturaleza”. Sin embargo, la falta de acción frente a los abusos de Ecopetrol pone en entredicho su credibilidad internacional.
Según la EIA, la inacción estatal y la falta de supervisión efectiva refuerzan la urgencia de exigir mayor transparencia y responsabilidad a la petrolera. No solo está en juego la reputación del país, sino el bienestar de sus comunidades y la estabilidad de sus ecosistemas.
El caso de Ecopetrol es una advertencia ineludible para el país y para los actores de la industria energética. Colombia necesita un modelo de gestión de lo público que salga del entrampamiento corporativo, incluye un modelo regulatorio ambiental más estricto y una postura crítica frente al discurso de sostenibilidad corporativa. Sin transparencia, rendición de cuentas y prácticas empresariales responsables, el desarrollo económico seguirá basándose en la destrucción ecológica.
Además del Estado colombiano como accionista mayoritario de Ecopetrol, existen varios accionistas minoritarios que aún no han respondido a las inquietudes planteadas sobre la gestión y el impacto ambiental de la empresa. Entre estos accionistas minoritarios se destacan, BlackRock Inc. Vanguard Group, JP Morgan Chase & Company, Colpatria Investments, Grupo Aval, Banco de Bogotá, Compañía de Inversiones en Infraestructura S.A. (CII)
¿Hasta cuándo?
La pregunta resuena en los campos áridos de La Guajira, en los pozos clandestinos del Putumayo, en las oficinas de la ANLA, regulador que solo multa el 2% de los delitos, donde las sanciones son simbólicas y la corrupción es estructural.
Los Iguana Papers no son solo documentos, son la radiografía de un ecocidio permitido. Una evidencia de que cada barril de petróleo exportado se paga con agua envenenada, impunidad y otra mentira verde.
Las denuncias contra Ecopetrol no solo ponen en evidencia su falta de transparencia, sino que también socavan los esfuerzos de Colombia por posicionarse como un país comprometido con la lucha contra el cambio climático en lo que a modo de titular ha llamado “Paz con la Naturaleza”.
Y como siempre, Colombia asume el costo real.
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