La Fiscalía de Colombia acusó formalmente el viernes al expresidente Álvaro Uribe por delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, por lo que Uribe no solo se convierte en imputado sino en el primer presidente en la historia del país sudamericano es ser llevado a juicio penal.

La jueza 44 de conocimiento penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, aceptó los cargos presentados por el ministerio público contra contra Uribe, quien presidió Colombia entre 2002 y 2010, dictaminando que “a partir de este momento (el expresidente) adquiere la condición de acusado”.

El fiscal Gilberto Villarreal instruyó a Uribe como “determinador del concurso homogéneo sucesivo de tres delitos de soborno en actuación penal”. Igualmente le atribuyó “concurso homogéneo sucesivo de dos curules de fraude procesal” y como “determinador del delito de soborno, al dar dinero a un testigo para que falte a la verdad o la calle”.

La acusación surge después de que la magistrada denegara la petición de nulidad del proceso al considerarla “absolutamente improcedente”, por lo que “se impone su rechazo de plano, decisión contra la cual no procede recurso alguno”. Así, de ser hallado culpable, el premier del Centro Democrático puede tener una pena de entre 6 y 12 años de prisión.

Asimismo, la jurista aceptó como víctimas del caso al senador izquierdista Iván Cepeda y a los exfiscales generales Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre, así como a Deyanira Gómez, exesposa del paramilitar Juan Guillermo Monsalve, involucrado en este.

Esta pugna se remonta a 2012 cuando Uribe, senador en aquel entonces, demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, quien preparaba una denuncia en su contra ante el Congreso por supuestos vínculos con el paramilitarismo. La Corte Suprema de Justicia no procesó a Cepeda sino que inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.

La acusación por soborno surge a partir del presunto pago a Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, quienes están presos en las cárceles de Palmira, y La Picota en Bogotá, respectivamente. Este último, un exparamilitar, asegura que hubo toda una estrategia para aproximarse a él y convencerlo de declarar contra Cepeda.

Uribe lleva años insistiendo en que se trata de un caso contra él por motivaciones políticas y carentes de pruebas. Por eso solicitó en dos ocasiones la preclusión del caso, lo que fue negada por todos los juzgados. El fiscal Villarreal asumió el caso y afirmó que, a partir de las evidencias y elementos probatorios, hay motivos suficientes para acusar a Uribe.