Lejos del caciquismo y los fusiles: nuevas formas de hacer política en Colombia

Un hombre mayor, rollizo, con la camisa sucia, cubierto por un poncho y un típico sombrero vueltiao a rayas claras y oscuras, se acerca a la mesa donde un chico de apenas 20 años, con gorra y piercing en la ceja, ayuda a comprobar quién tiene inscrito su documento de identidad para votar en las próximas elecciones municipales. Se trata de un ejercicio para ayudar al campesinado a manejarse con el complejo sistema electoral colombiano.

En un intento de ganarse la confianza del viejo, el joven registra su propia cédula en el ordenador donde se realiza la confirmación, para mostrarle cómo funciona el proceso. Los resultados le sorprenden, ya que en su historial de votaciones se puede ver que ha ejercido su derecho en los dos comicios anteriores, en una localidad del departamento de Nariño. Desconcertado, explica que no es ya que nunca haya votado –se considera abstencionista– sino que jamás en su vida ha estado ni remotamente cerca del lugar en cuestión. El hombre mayor le mira, con la socarrona gravedad propia de quien está acostumbrado a bromear sobre los temas más serios: “Profesor, usted ya sabe que acá hasta los muertos votan”. 

Estamos en Hacarí, pequeño municipio del Norte de Santander. La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) ha convocado una asamblea municipal bajo el lema “por las nuevas formas de hacer política”. En este espacio, además de ofrecerse el citado taller, se elegirán mediante voto popular candidatos a la alcaldía y al gobierno departamental, comprometidos a cumplir con una serie de premisas éticas para alejarse de la tradicional corrupción de las zonas rurales del país.

El hombre mayor le mira: “Profesor, usted ya sabe que acá hasta los muertos votan” 

Además de la suplantación electoral a la que se refiere la frase del viejo –en 2006 la Registraduría Nacional denunció cédulas de personas fallecidas dadas por válidas en mesas de todo el país– , la compra de votos –a veces, a cambio de cantidades cercanas a los 50.000 pesos, unos 20 euros; otras, por bienes a la comunidad como un tejado de zinc para la escuela del pueblo–, los chantajes, el entorpecimiento del voto rural y otras formas más creativas de engaño están a la orden del día. La Misión de Observación Electoral cifró en 410 los municipios en alto riesgo de sufrir prácticas fraudulentas en las últimas presidenciales. El fraude sistemático es uno de los problemas a superar en la política colombiana. Pero no el único.

Marcha por la salida negociada y justa del conflicto armado en Catacumbo. / Miguel Sangüesa
Según proclaman con orgullo sus dirigentes, Colombia es la democracia más antigua de América Latina. Si bien es cierto que hace más de un siglo que su población acude regularmente a las urnas, la falta de garantías de participación ha hecho que muchos de sus habitantes cuestionen abiertamente ese título.

Bipartidismo fratricida al más puro estilo Cien años de Soledad. El asesinato de líder renovador liberal Jorge Eliécer Gaitán, por su discurso contra las oligarquías a mediados del pasado siglo. Represión violenta sistemática de los partidos y organizaciones de izquierda, que alcanzó su punto álgido del “genocidio político” de la Unión Patriótica en los años 80 en que asesinaron a más de 5.000 militantes, pero que, lejos de haberse detenido, sigue dejando un macabro goteo de víctimas. Vínculos del gobierno de Álvaro Uribe con grupos armados de extrema derecha en lo que se conoce como escándalos de la “parapolítica”. Si sumamos esta deriva histórica al actual personalismo electoral, en el que Juan Manuel Santos y sus políticas neoliberales compiten con el uribismo, que, aún estando el país a las puertas de acabar con un conflicto armado de más de medio siglo, sigue abogando por una solución estrictamente militar, no es de extrañar la desconfianza de muchas personas contra lo que llaman politiquerías. Sobre todo por parte de quienes viven en el campo, donde el Estado apenas llega en forma de policías y militares, convirtiéndolos en protagonistas de una guerra en la que no quieren participar.

Esta sensación de ruptura con las instituciones ha dado lugar a numerosas expresiones de autoorganización social

Esta sensación de ruptura con las instituciones ha dado lugar a numerosas expresiones de autoorganización social que día a día luchan por ver reconocida su capacidad de decisión en temas clave para su supervivencia, como la extracción de petróleo y carbón en sus tierras o la resolución de los diálogos de la Habana. Las consignas recurrentes en muchos de los espacios de debate, de formación o de protesta de estas asociaciones campesinas y sindicatos agrarios no dejan lugar a dudas sobre sus reclamos. “Por la paz con justicia social”. “Alto al fuego bilateral ya”. “Por la soberanía alimentaria y la defensa del territorio”. “El campo lo dice, y tiene la razón, primero lo primero: salud y educación”. La cuestión de la tierra y el respeto a los derechos humanos son sus señas de identidad. Acercarse a sus actividades e intentar entender sus estructuras supone descubrir una compleja red de alianzas y colaboraciones que se tarda un tiempo en asimilar.

Veamos un ejemplo. La asamblea de Hacarí la organizaba Ascamcat, que desarrolla su trabajo de organización social en la zona del Catatumbo. A su vez, pertenece a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), participa en reuniones junto a otras 25 organizaciones de todo el país en las que toman decisiones conjuntas a la hora de afrontar problemas comunes. El joven que comprobaba la documentación pertenece al Colectivo Siembra, desde el cual universitarios y universitarias de Bogotá prestan apoyo técnico a los campesinos. El evento lo cubría REMA, la Red de Medios Alternativos, donde chicos y chicas formados en facultades de comunicación comparten con otros que apenas han salido de su entorno rural la realización de un periodismo concienciado y crítico.

Seguimos. Todas estas expresiones, junto a otras tantas, forman parte del movimiento político y social Marcha Patriótica (uno de los más perseguidos actualmente por el paramilitarismo, con más de cien muertos en poco más de cinco años), cuyo lema es “por una segunda y definitiva independencia”.

Pero no acaba aquí, sino que Marcha se integra, junto a la otra principal expresión de cambio del país, el Congreso de los Pueblos, en la denominada Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, una mesa de negociación con el gobierno en la que se plantean las reivindicaciones de los sectores rurales, indígenas y afrodescendientes.

Además, muchas de las agrupaciones citadas participan en las Constituyentes por la Paz con Justicia Social, que reclaman una nueva Asamblea Nacional Constituyente, en la que todos los sectores tengan voz y voto a la hora de replantear el país una vez cese el conflicto armado. Por supuesto, dentro de esta amalgama, no faltan las disputas ideológicas o por el liderazgo, dando una vez más por buena aquella escena de la película La vida de Brian que narra las desavenencias entre El Frente popular de Judea y el Frente judaico-popular.

Reclaman una nueva Asamblea Nacional Constituyente, en la que todos los sectores tengan voz y voto a la hora de replantear el país

Debido a esta composición heterogénea hay un intercambio constante en la búsqueda de soluciones que engloben nuevas y viejas dinámicas. Las gorras de Bolívar, Guevara y Chávez conviven con camisetas del EZLN y Anonymous. Los afiches y pintadas en las paredes con campañas de apoyo a presos políticos en redes sociales.

En las asambleas y talleres se habla tanto de “movimiento de base” o “centralismo democrático”, conceptos heredados de la izquierda más clásica, como de agroecología, feminismo y derechos LGTB, que poco a poco son aceptados por los recios habitantes del campo. Las manifestaciones o paros, en los que se bloquean carreteras ysuelen derivar en duros enfrentamientos con la fuerza pública, fuerzan reuniones y mesas de diálogo con representantes el gobierno. En ellas, se tratan temas a nivel nacional, como puede ser la modificación de una ley antinarcóticos que no criminalice al productor, y cuestiones locales, como la entrega de maquinaria para arreglar un camino de tierra del que depende una población para acudir al centro de salud más próximo. Juventud y experiencia, campo y ciudad, pequeña y gran escala, todo cuenta.

9 de la noche. Tras dos días de intenso trabajo, la asamblea ha llegado a su fin. Tras superar alguna situación tensa con el Ejército Nacional, que se encontraba en el mismo casco urbano –no olvidemos que el Catatumbo es una de las zonas del país donde más vivo sigue el conflicto armado– se puede decir que la actividad ha resultado un éxito. Más de 900 campesinos y campesinas se han acercado para escuchar las propuestas y refrendar a los que esperan sean sus próximos representantes. Durante cerca de dos meses, repetirán el proceso en diferentes municipios de toda la región. Los organizadores descansan, se relajan, comentan. En sus conversaciones tienen presente que, probablemente, las urnas indiquen que aún les queda mucho por recorrer –en las elecciones, celebradas en octubre de 2015, los políticos tradicionales volvieron a imponerse–. Pero no les importa. En “las nuevas formas de hacer política”, los votos son una estrategia, no un fin. El trabajo va mucho más allá, lo verdaderamente importante es sumar. Que el viejo del sombrero y el joven de la gorra se den la mano, por un mismo objetivo, lejos de los fusiles, del caciquismo y del miedo.

Durante un año, como miembro de la ONG International Action for Peace (IAP), Miguel Sangüesa ha acompañado a diversas asociaciones campesinas y defensoras de derechos humanos en Colombia. En este tiempo, ha podido convivir con ellos y conocer de primera mano sus propuestas para la defensa del territorio y la soberanía alimentaria. Con esta serie de artículos intenta acercar a los lectores y lectoras europeos parte de esa realidad campesina y algunos de los ámbitos en los que trabajan y sus problemáticas concretas.