Según varias notas aparecidas este martes en el diario de derecha uruguayo El País, la decisión de la jueza penal de Maldonado, Adriana Graziuso, de expulsar de Punta del Este a personas con antecedentes y que no tienen un justificativo para estar en el balneario, reavivó la polémica por la ley de procedimiento policial aprobada bajo este gobierno.
Graziuso actúo, además, basada en una ley sobre “vagancia” y “mendicidad” del año 1941, hoy prácticamente en desuso.
Dos abogados, el constitucionalista Martín Risso y el penalista Diego Camaño, coincidieron en criticar la ley de procedimiento policial y en defender el derecho de libre circulación.
Risso dijo que esta ley tiene una “filosofía inconstitucional” que puede llevar a crear “ghettos”, en tanto Camaño afirmó que la norma es “bastante mala”.
En cambio, la jueza Graziuso cuenta con el apoyo de los operadores turísticos de Punta del Este.
“Acá se cumple con la ley. No puede ser que por 200 personas, a los 140.000 habitantes del departamento que viven del turismo se les vaya el negocio a la ruina”, dijo el presidente de la Liga Comercial de Punta del Este, Héctor Araújo.
En el mismo sentido, se pronunció el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Luis Borsari.
“El sector privado reclamó esto desde siempre. Ahora hay alguien que tiene las polleras bien puestas”, sentenció.
La Jueza Adriana Graziuso observó que personas que llegan a Maldonado tienen asuntos judiciales pendientes en su lugar de origen, lo que habilita a obligarlos a regresar.
El penalista Camaño dice que la jueza no tiene “base legal” para impedir la libre circulación de personas, aunque éstas tengan antecedentes judiciales.
Varios lectores de El País digital, que dejaron sus comentarios, piden que la misma medida de retirar a personas con antecedentes penales e indocumentados de Punta del Este, se aplique en el resto del país.
Una mujer de 69 años expresó que “el mismo sistema tiene que haber en Montevideo. Hay protección para los que van a Punta y a nosotros ¿que nos parta un rayo?”.
Por su parte, un hombre de 67 años, exigió la aplicación de la medida en todo el país, especialmente en Montevideo. “La autoridad policial en el marco de la ley, tiene el deber de observar y prevenir la comisión de delitos, faltas o infracciones. Entonces pregunto: si la ley es clara, y es un deber de las autoridades, ¿por qué no se piden documentos en las calles de Montevideo?”.
Lo mismo pide otro lector de 68 años. “Estamos de acuerdo con Libertad en el Orden, consecuentemente el `orden` debe ser en todo el territorio nacional y no con fechas ni días marcados en el calendario como vacacionales”.
Un médico de 60 años, también apoya que la medida sea a nivel nacional. “Lo justo es que cada departamento se haga cargo de sus chorros. Y si Montevideo tiene la mayor producción de chorros que se la banque y se hagan cargo. ¡La gente de otros departamentos no se tienen por qué hacer cargo!”, escribió.
De forma similar piensa un artista de 55 años, que también cuestionó que no se aplique la ley para todo el país. “¿Los delincuentes sólo son indeseables en Punta del Este? Sólo les preocupan los de la clase pudiente. Al resto que nos siga ganando la inseguridad y que nos roben, nos copen y nos maten”, afirmó.
En la misma línea, escribió una lectora de 47 años: “¿Por qué no lo hacen en todo el país? Me parece que esto es sólo para defender a los cajetillas. Y además esto de pedir documentos por la pinta, me parece una barbaridad y un retroceso a los años de dictadura. Son prácticas de gobiernos fascistas”.
Uno de los más jóvenes en comentar, de 24 años, expresó que “cumplir la ley y preservar la paz y la seguridad son funciones privativas del Estado, independientemente de la orientación de los gobernantes de turno. Si en la presente situación, se hace necesario recurrir a controles en vía pública, entonces que se proceda en tal sentido. Es una pequeña molestia a cambio de una mayor seguridad”.
El criterio aplicado por la jueza penal de Maldonado de retirar del departamento a personas que tengan antecedentes y carezcan de trabajo y residencia fija, reaviva los cuestionamientos hacia la polémica ley de Procedimiento Policial.
La nueva norma permite a los efectivos policiales requerir la identificación a una persona en la vía pública. Según lo que prevé la ley, en los casos donde el sospechoso se niegue a dar a conocer sus datos personales, deberá ser trasladado hasta la seccional más cercana y luego darse cuenta a la Justicia.
Esta ley más algunos artículos del Código Penal y una norma sobre “Vagancia, Mendicidad y Estados Afines” que está vigente desde 1941, fueron el sustento de la jueza penal de 2° Turno de Maldonado, Adriana Graziuso, que ordenó el traslado a Montevideo de un hombre con varios antecedentes penales y la internación de un adolescente de 17 años en dependencias del INAU.
La posición de la magistrada reaviva la polémica por la legalidad de la ley de Procedimiento Policial, que fue duramente discutida en el Parlamento y que, en principio, incluía la posibilidad de realizar allanamientos nocturnos sin orden judicial, lo cual fue desestimado tras una férrea oposición del Partido Nacional.
El abogado constitucionalista y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Martín Risso, dijo que el hecho de obligar a una persona de retirarse de un departamento “es una forma de restringir la libertad”.
Risso explicó que esa situación tiene lugar como consecuencia de la Leyes de Vagancia y Procedimiento Policial. Dijo que esta última tiene “una filosofía inconstitucional” porque restringe algunos derechos.
Por su parte, el abogado penalista e integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, Diego Camaño, dijo a El País que la resoluciones tomadas por la jueza Graziuso “parecería que no tienen base legal” porque “las personas tienen derecho a circular por cualquier departamento más allá de que tengan antecedentes penales”.
Camaño dijo a El País que la ley de Procedimiento Policial es una norma “bastante mala” y eso queda demostrado en función de este tipo de situaciones, explicó el abogado.
En tanto, un juez penal de Montevideo que en su momento ejerció en Maldonado, dijo que el criterio de su colega pena el “porte de cara” porque se castiga de antemano a una persona por su aspecto o por lo que hizo anteriormente.
“En Montevideo no se castiga a la gente por ser peligrosa, sino por cometer un delito. ¿Por qué lo van a hacer en Maldonado?”, se preguntó el magistrado consultado.
En los casos en los que intervino la jueza Graziuso, ninguno de los dos involucrados tenía trabajo ni un domicilio fijo. Se dedicaban a pedir dinero a los turistas. Se consideró podían implicar un riesgo para la seguridad de la temporada de verano, que se está iniciando a muy buen ritmo en toda la zona este del Uruguay.
La vetusta norma de 1941 habilita a las autoridades a disponer el traslado de una persona que no justifique su presencia en un departamento. Y por eso es que se hizo “el contacto con las empresas de ómnibus y se les da la oportunidad de salir del departamento”, explicó ayer el jefe de Policía Maldonado, Eduardo Martínez.
Ayer, en la Seccional 10ª de Punta del Este se presentó un hombre que vivía en forma irregular en un predio de OSE. Pidió un pasaje de ómnibus para volver a Cerro Largo. Cuando los policías chequearon sus datos, constataron que estaba requerido por un juzgado de ese departamento por incumplir una caución que se le había fijado en el marco de un juicio penal.
En tanto, La Liga Comercial de Punta del Este cerró filas detrás de los operadores judiciales y policiales. El presidente de la institución, Héctor Araújo, recordó que las medidas fueron adoptadas por los planteos de los empresarios que manifestaron su preocupación por la llegada de delincuentes y personas con antecedentes penales.
“Acá se cumple con la ley. No puede ser que por 200 personas, a los 140 mil habitantes del departamento que viven del turismo se les vaya el negocio a la ruina”, aseveró Araújo.
En tanto, el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Luis Borsari, dijo que solamente se está ejerciendo la autoridad por parte del Ministerio del Interior y la Justicia.
“El sector privado reclamó esto desde siempre. Por fin alguien escuchó nuestros reclamos. ¡Vamos arriba la jueza Graziuso!”, afirmó Borsari en diálogo con El País.
La Ley de Procedimiento Policial habilitó a los efectivos a reclamar la identificación a cualquier persona que circule por la vía pública. A criterio de la jueza, esa modalidad lleva a que la Policía “tiene el deber de observar y prevenir como forma de impedir la comisión de delitos, faltas o infracciones”. Muchas veces las personas carecen de documentos para delinquir.
Graziuso observó que muchas personas que llegan a Maldonado tienen vigente cauciones juratorias en juzgados de otros departamentos donde lograron ser excarcelados en otros procesos judiciales. Eso hace que, quien se encuentra en esa situación no puede estar Maldonado, sino que tiene que encontrarse donde fijó domicilio a los efectos de ese juicio que ya está en marcha.
Según la visión de la jueza, otra situación que amerita la adopción de medidas es cuando hay personas que ocupan espacios públicos. En esos casos, se le intima a que deje el lugar, en función de los artículos 358 y 359 del Código Penal. Graziuso dijo que se ha comprobado que muchas de estas personas han incurrido en delitos como hurtos y rapiña en la temporada de verano.
¿De donde provienen estas leyes represivas?
En marzo de 1931 fue elegido presidente, Gabriel Terra.
El nuevo gobierno apoyó a las clases ricas, pero ese año los precios de la carne bajaron cuando Inglaterra, principal comprador, restringió las importaciones.
El peso uruguayo se devaluó y el desempleo creció aceleradamente. Con el apoyo de algunos partidos políticos Terra dio un golpe de estado el 31 de marzo de 1932, que fue respaldado por los militares, aunque sin participación directa en los hechos. El gobierno inició una fuerte represión contra los partidos de izquierda y los progresistas y para legitimar su permanencia en el cargo convocó a elecciones para elegir una asamblea constituyente en 1933.
En 1934 la nueva constitución fue aprobada mediante un plebiscito y pese a que la reelección era anticonstitucional Terra fue reelegido para un nuevo mandato. La oposición trató de organizarse para resistir firmemente la represión del gobierno. Hubo intentos de golpe de estado promovidos por civiles y militares pero no tuvieron éxito al ser conjurados antes de ocurrir. En 1935 Terra sufrió un intento de asesinato seguido de un intento de establecer un frente de izquierdistas y disidentes de los partidos Colorados y Blancos.
El problema de la deuda externa fue resuelto en 1937 mediante acuerdos con EEUU e Inglaterra y una reestructuración del pago de los intereses. Las empresas estadounidenses de refinación de petróleo, cemento, plantas de refrigeración y automóviles recibieron ciertos beneficios económicos. De la misma forma, las empresas británicas de servicios públicos, ferrocarriles, agua, gas y tranvías obtuvieron tratamientos preferenciales. Como compensación el gobierno creó “puestos de trabajo de emergencia” para los desempleados y fue regulado el trabajo de menores de edad para los mayores de 12 años.
También otorgó descanso post natal y mejoró el régimen de pensiones.
Durante los años de pre guerra, el gobierno fortaleció las relaciones con EEUU, el presidente Roosevelt visitó Uruguay en 1936 y firmó un acuerdo con Inglaterra, ratificando el pago de la deuda y comprarle carbón, a cambio de darle un tratamiento generoso a las empresas británicas.
En 1935 Uruguay endureció sus relaciones con la URSS y con España. Sin embargo estableció una fuerte relación con Italia y Alemania. Gracias a un generoso crédito alemán en 1937 comenzó la construcción de la represa hidroeléctrica del Paso de los Toros Río Negro, creando el más grande lago artificial de Sudamérica.
En 1938 por primera vez en su historia, a la mujer uruguaya le fue permitido acudir a las urnas. El presidente Terra presentó como candidatos a la presidencia, al padre de su hijo político, Eduardo Blanco Acevedo y a su cuñado el General Alfredo Baldomir. Las elecciones fueron ganadas por el general Baldomir que asumió la presidencia en 1938.
La presidencia de Alfredo Baldomir terminó con la dictadura, pero inmediatamente tuvo que debelar un golpe de estado. Poco después, anunció su intención de reformar la constitución de 1934, pero luego la decisión fue postergada. Luego, la oposición se organizó y demandó una nueva constitución y el regreso a la democracia. Presionado por el Partido Nacional y los gremios de trabajadores Baldomir apoyó unas nuevas elecciones, y decidió dar libertad de prensa y promover una nueva constitución.
El Gobierno progresista resucita una vieja ley discriminatoria de los tiempos de dictaduras fascistas. En la Cuba de Batista existía una amplia zona donde vivían los potentados cubanos llamada “El Vedado”, por que por ella le estaba impedido circular a los negros y cubano0s pobres de La Habana.
Lo mismo esta ocurriendo en nuestro país, durante el gobierno del Frente Amplio.
La caída del comunismo mundial ha provocado una gran cantidad de daños y barbaridades colaterales en particular en la manera de pensar y actuar de la vieja izquierda.
Mientras existió el comunismo este forzaba a los partidos y a sus partidarios inclusive a sus adversarios a reflexionar políticamente, es decir a proponer programas a corto plazo, fijando prioridades y a evaluar constantemente los estados de ánimo del pueblo y las fuerzas de cada uno.
Existía entonces una filosofía moral llamada “científica o materialista”, las guerras, los crímenes de lesa humanidad o los más pequeños se analizaban con sus causas y efectos, y se concluía que la condición humana solo podía mejorarse cambiando las estructuras socioeconómicas.
Según el profesor de la Universidad de Lobaina, Jean Bricmont Además de en los comunistas esta manera de pensar se encontraba también en los social demócratas, cuando realmente lo eran, así como en la mayoría de los progresistas.
Toda la elaboración política del derecho internacional y los esfuerzos en busca de la paz, y el desarrollo social estuvieron vinculados a esta filosofía.
En cambio ahora tal como a menudo lo plantea el Presidente uruguayo Tabaré Vázquez y de alguna manera lo repite el nuevo mandatario electo José Mujica, existe una actitud totalmente opuesta casi religiosa y que ha adquirido una gran fuerza a través de los intelectuales y periodistas a sueldo. Su discurso consiste en ver el mal y el bien como una fuerza en si misma, independientemente de las circunstancias actuales o históricas. Los malos son Hitler, Stalin, Ben laden, Sadam Huseim, Milosevic, la ETA o las FARC. Son demonios que surgen sin ninguna causa por generación espontánea. La única manera de combatir el mal es movilizando el bien, armarlo, sacarlo de su tranquilidad, y lanzarlo al asalto como hace Uribe en Colombia, desplegando 18 mil soldados del Ejercito, con apoyo de satélites, aviones invisibles, y rayos láser para asesinar al “Mono Jojoy”.
El Estado uruguayo durante el gobierno progresista de Tabaré Vázquez y el próximo de Mujica va a ser mucho peor utiliza leyes de los periodos represivos con la utilización de la propaganda de la televisión. “Defendé la alegría”, “Defendé los cambios” los uruguayos mayoritariamente están más abandonados que libres. Y esto les convierte en presas fáciles de la televisión que hace que cualquiera que parezca poder cubrir sus necesidades inmediatas, con un plan social, una promesa de trabajo, o una computadora para sus hijos.
El gobierno progresista no solamente copia en lo económico y social siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el BID, también sigue el camino de la filosofía y la técnica que difunden los sociólogos y filósofos del neoliberalismo.
Hablar de clases populares en nuestro país es a la vez hablar de clases peligrosas. Esta gente está concentrada geográficamente en los barrios populares rebautizados ahora como “zonas rojas”. Hasta donde no llegan las ambulancias, los taxis, y muchas veces tampoco lo hacen los ómnibus. Son zonas “sensibles”, refiriéndose concretamente a un tipo de delitos, infracciones, delincuencia callejera, incluso de comportamientos marginales de muchos de esos jóvenes en esos barrios.
La reactivación de leyes de tiempos dictatoriales proviene de criminólogos policiales, donde se considera esas zonas “sin ley”, que cuestionan el sistema democrático y el modelo político dominante y sus sistema de valores, para terminar sien do enclaves de mafiosos y de “pasta base”.
Los jóvenes que viven allí según esta gente han elegido la manera fácil y un sistema de valores de delincuentes frente a los valores convencionales del resto de la buena sociedad, donde le trabajo es lo principal. Son estos jóvenes, los mismos que por cientos de miles votaron a Mujica, a los cuales el electo presidente ha planteado darles una pateadura, ponerlos presos, o internarlos para hacerlos laburar.
Los hechos son variados y van desde el robo de coches, los destrozos de cabinas telefónicas, el tráfico de pasta base, la mala educación, la rapiña callejera, y así comienzan y cierran la mayoría de los informativos de la televisión. Los alarmistas de los grandes medios ocultan mientras tanto intencionadamente las causas sociales de estos fenómenos.
Jueces, politólogos, analistas, periodistas y gobernantes, resucitan un discurso moral, sobre el abandono de las familias de sus hijos en los barrios pobres, y la presunta incapacidad para construir un escenario de superación.
De esta manera la mayoría de la sociedad como demuestra El País pide “mano dura”, justifican la severidad por percibir que esos jóvenes y hasta los niños de los cantegriles ya están perdidos.
El gobierno progresista del Frente Amplio resuelve al estilo yanqui, o europeo, dotando a la policía de medios más eficaces, nuevos patrulleros con computadoras, mediante las cuales en el lugar de las detenciones el policía tiene de inmediato la “ficha del menor detenido”. Unidades móviles especializadas, policía técnica, anticriminal, Fueras de mantenimiento del orden, policía motorizada, Guardias de Granaderos, Metropolitana, etc.
Lo mismo ocurre con el Ministerio de Justicia donde los jóvenes son procesados los día feriados, con salas de comparecencia inmediata, y tratamiento en tiempo real.
Bajo el nombre de “inseguridad” ahora se convierten en el problema principal de los uruguayos, “el miedo al crimen”.
Esta es la gestión principal que lleva a cabo un sector del gobierno progresista del Frente Amplio, la “política del miedo”, lo que antes estaba en manos de algunos profesionales de la seguridad.
Esto es lo que afirma Laurent Bonelli ya en el año 2001 sobre la “invención del sentimiento de inseguridad” con lo que la opinión pública ha permitido y exige a los políticos y sus representantes que dediquen la atención de todo su tiempo a estas cuestiones antes que los problemas de estructura de la sociedad.
Cuando la izquierda en este país era izquierda, los tupa, tupa, los comunistas, comunistas y los socialistas, socialistas la derecha política como el “Pachequismo”, se ocupaba y era garante de las cuestiones de “seguridad”, y la izquierda frenteamplista era gran defensora de la “libertad”. Los Tupas defendían al “Chueco Maciel” catalogado por la derecha y los mismos periódicos de la burguesía lo catalogaban de “delincuente social”, Daniel Viglietti, le escribía canciones, y se ponía como ejemplo de luchador social en las Facultades a través de la propaganda de los “farolitos de la organización”. El partido comunista llevaba adelante una campaña a través de su diario El Popular, en contra del registro de vecindad de Pacheco Areco. Hoy estos mismos partidos en el poder fomentan la delación de los delincuentes sociales, construyen cárceles, apalean a los jóvenes cuando rara vez protestan por algo, y construyen más cárceles, mientras plantean endurecer las penas por delitos sociales.
Los jóvenes de la periferia de la ciudades molestan en la plaza, en la vereda, en las esquinas, donde se vean, su único lugar permitido es en el cantegril, recogiendo la basura de los contenedores, en el INAME o el COMCAR.
Los operadores turísticos piden públicamente a gritos que Mujica deje en el Ministerio de Turismo a Lezcano, los mismos que aplauden la medida de la Jueza Graziuso. Lo más triste de toda esta historia es que la inmensa mayoría de los perseguidos en Punta del Este son seguramente votantes del Frente Amplio y de Mujica. Son gente expulsada del campo, de los pueblos en ruina del interior, y que van durante la zafra de verano a buscar algún trabajo al este.
ESOS MISMOS JOVENES A LOS CUALES CADA CINCO AÑOS JOSE MUJICA LES HABLA EN SU PROPIO IDIOMA.
EN EL LENGUAJE MITAD PAISANO, MITAD LUMPEN Y CANERO.
Y ASÍ UTILIZARLOS ELECTORALMENTE COMO HICIERON SIEMPRE LOS POLITICOS DE LA BURGUESÍA.
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Nota de Redacción de TINKU:
No podemos obviar los comentarios del “bicho”Bonomi (futuro ministro del nuevo gobierno regresista) avalando los dichos y gestos de la jueza autoritaria, no sólo los respalda sino que además, hace gala y ejemplo de su condición de renegado, tan poco prudente como izquierdista, se olvida que TODOS (o casi todos que no es lo mismo pero es igual) LOS INTEGRANTES DEL GOBIERNO (actual y próximo) TAMBIÉN tienen antecedentes penales y policiales, por secuestros, muertes, robos a mano armada,copamientos, etc…no habría que ser muy sagaz para empezar por prohibirle la entrada en el privilegiado depto. de Maldonado, al futuro presidente. hay que ser demasiado facho para poder sostener lo que sostiene después (y además) de impedir la justica del voto rosa sólo faltaba esto, el delito de portar cara al mejor estilo Lombrosiano, para proteger las propiedades particulares que es, como todo buen socialista y/o comunista sabe, lo más importante del sistema, arrodillarse frente al poderoso, lo contrario de las enseñanzas del mejor y primer “PEPE”(J.Artigas) que pretenden comparar obsecuentemente con el último.
F.S.A.
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