Hoy culmina la Semana contra la Impunidad. Entre actividades, charlas y coloquios se abordó el futuro legislativo de la ley de caducidad, el papel político del Frente Amplio en el fracaso del Sí y el que tendrá en el Parlamento cuando se impulse anularla, la condena internacional que podría recaer sobre el país y el gobierno presidido por José Mujica por las violaciones a los derechos humanos, la importancia de la memoria social. Además, para los que piensan que este es un asunto del pasado y “típicamente uruguayo”, basta echar una mirada sobre cómo procesan estos temas otros países, como Argentina o España.
El sabor amargo que dejó en los militantes por los derechos humanos la decisión ciudadana de no anular la ley de caducidad en 2009 empieza a revertirse con la esperanza que se redoblen los esfuerzos para hacerlo, esta vez en el Parlamento. El Frente Amplio tiene mayoría en las cámaras y podría encaminar una solución rápida, aunque dentro de la coalición de izquierda hay posiciones que entorpecen esa tarea.
Todavía perdura en la memoria de los uruguayos que pretendían anular la ley las imágenes de televisión que mostraban los resultados y la indignación al ver el proceso de apertura de los sobres de votación y descubrir votos del mpp y la cap-l (es decir las listas de los viejos torturados y encarcelados por la dictadura José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro) sin la papeleta rosada apoyando la iniciativa. Se pensaba que no eran necesarios los votos de blancos y colorados para que se anulara la ley, con los de los frenteamplistas ya sería suficiente. Sin embargo, no lo fue.
A MÁS. Varias organizaciones de derechos humanos habían optado por el 20 de mayo para recordar los hechos sucedidos, pero este año se decidió dedicar una semana (ésta que corre) para informar y sensibilizar a la población sobre el futuro de la ley de caducidad y presionar a los parlamentarios para que resuelvan el asunto en la órbita legislativa. Amnistía Internacional, Asociación de ex Presas y Presos Políticos (Crysol), el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y el Frente por la Verdad y la Justicia, entre otras organizaciones, llevaron a cabo la Semana contra la Impunidad. Las actividades comenzaron con la proyección de la película Destino final, de Mateo Gutiérrez, luego una serie de charlas enmarcadas en el Coloquio Internacional sobre Derechos Humanos y Terrorismo de Estado, y finalizarán hoy con una marcha hacia el Palacio Legislativo.*
Las organizaciones reafirman su lucha argumentando que en octubre del año pasado 49 por ciento de la población dijo Sí a la anulación, y que si hubiese existido una papeleta por el No los resultados serían diferentes. Frente a esta posición está la de aquellos que consideran que la población uruguaya ya dio su opinión dos veces sobre el asunto, también hay quienes si bien repudian los hechos sucedidos en la dictadura están cansados del tema y se sienten saturados con la campaña del año pasado.
SOBRE LA MESA. En la noche del martes 22 se reunió la comisión especial del Frente Amplio para discutir los pasos a seguir respecto al futuro de la ley de caducidad. Los actores políticos analizan la posibilidad de anular la ley por vías legislativas, pero el senador de la 1001 Óscar López Goldaracena, miembro del grupo que estudia el proyecto, prefiere ser cauto y no adelantar los instrumentos que se estudian, para no entorpecer el trabajo.
La derogación de la ley en el ámbito legislativo fue propuesta en varias oportunidades por el Partido Nacional, pero el Frente Amplio siempre se opuso esperando anularla a través de una reforma constitucional. Con la derogación, los delitos que ya fueron amparados por la ley no podrían ser reabiertos. Con la anulación, se eliminaría totalmente la existencia de la ley y se podrían retomar todos los casos. El problema jurídico radica en si la Constitución permite o no la posibilidad de anular una ley, discusión que todavía no está zanjada porque persisten aún varias interpretaciones.
Con los fracasos de 1989 y 2009 como antecedentes, algunos sectores de la coalición de izquierda comenzaron a estudiar la posibilidad de derogarla, poniéndose en su contra a las organizaciones de derechos humanos que manifiestan en sus comunicados que “aquel que pretenda derogar esta ley es por tanto un cómplice de los criminales de lesa humanidad, pues sabe que por ese mecanismo los protege de comparecer ante la justicia, y a la vez vuelve a negarle a las víctimas el derecho a la verdad, la memoria y la justicia”.
Aún se espera la posición del Ejecutivo, que todavía no ha hecho declaraciones sobre el futuro de la ley. El presidente José Mujica ha preferido mostrar una faceta más conciliadora con las Fuerzas Armadas, desviando la atención del tema y haciendo que su idea de que “la paz llegará a Uruguay el día en que todos los protagonistas de aquellos hechos estén muertos” continúe vigente. Esta posición no mejora la imagen de Uruguay en este tema; es más, se espera que a mediados de setiembre la Comisión Interamericana declare a Uruguay como violador de los derechos humanos, sanción que insólitamente recaerá sobre Mujica, víctima de torturas y de prisión en condiciones degradantes.
En Uruguay se esperaba que Mujica tomara una posición más dura frente al tema y no que apostara a un proceso político de larga duración. “Yo fui preso, la pasé muy mal, pero no puedo ser verdugo de mis verdugos”, afirmó Mujica a Brecha poco después de asumir como presidente.
Y si de comparaciones se trata, basta cruzar el charco para ver que la realidad puede ser diferente. La presidenta Cristina Kirchner ha hecho de los derechos humanos uno de los pilares básicos de su gobierno, y ha cubierto el vacío que dejó la administración de su esposo Néstor. Durante su gobierno ha manifestado su apoyo hacia las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, e inversamente a lo que sucede en Uruguay ha sido objeto de fuertes críticas por parte de las asociaciones que defienden el accionar de las fuerzas armadas durante la dictadura, así como por los principales partidos de oposición.
OTRA VEZ LOS MEDIOS. Con el argumento de una desorganización por parte de la Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicaciones (Ursec), los canales privados de la televisión uruguaya no emitieron en tiempo y forma la cadena nacional organizada por la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad prevista para el 22 de octubre de 2009 convocando a votar por la anulación de la ley. Los medios lanzaron el spot en forma cortada y dentro de la veda electoral. Las organizaciones de derechos humanos suman este episodio al malestar por la despreocupación de algunos medios de comunicación en la campaña por el Sí. El periodista Roger Rodríguez, uno de los panelistas de un coloquio esta semana, se mostró más preocupado por el rumbo que se le quiere dar a las estrategias de comunicación: “la responsabilidad es más de los políticos que de los medios, estos últimos siguen manteniendo la misma actitud antes, durante y después de la dictadura”.
Para Rodríguez los informativos dan sólo la noticia, lo que sucede como hecho puntual, pero en esos treinta segundos que destinan al informe no da el tiempo para profundizar sobre el asunto: “Si vos tenés un juez que interroga a Sara Méndez y le pregunta ‘¿Usted es la señora que se le desapareció un hijo?’, es un problema muy serio. No me quiero imaginar lo que puede pasar en los pueblos recónditos del país. Estamos teniendo una dificultad muy seria porque estamos haciendo charlas para los convencidos y los medios nos tienen silenciados, por eso la sociedad en su conjunto no tiene los detalles del problema”.
RECUPERACIÓN DE CENTROS CLANDESTINOS. Las ponentes argentinas María Rosa Gómez y Stella Calloni detallaron los procesos por los cuales los centros de detención clandestinos de desaparición y tortura en Argentina han sido transformados en espacios del recuerdo y la memoria. Desde su organización Espacio para la Memoria han encontrado más de 520 centros clandestinos de detención en todo el país, y en Buenos Aires vienen desarrollando acuerdos con el gobierno para conservar gran cantidad de esos lugares como testimonios de lo sucedido. En ese sentido, han trabajado en la recuperación de Automotores Orletti (junto a varias organizaciones uruguayas), la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), el Club Atlético, Virrey Ceballos, entre otras.
Una iniciativa similar se intenta llevar a cabo en Uruguay pero con procesos bastante complejos. Desde la organización Memoria para la Paz se trabaja para que la zona del penal de Punta de Rieles sea un espacio viviente, y está en marcha un proyecto para restaurar los lugares aledaños. Una de las iniciativas que plantearon, junto a vecinos de la zona, fue que el penal se transformara en un espacio de recuerdo y memoria. Pero en estos años el gobierno prefirió poner en marcha un proyecto para usarlo como cárcel para delincuentes comunes.
Fortalecer el vínculo entre la sociedad y el pasado reciente es uno de los objetivos de las organizaciones de derechos humanos. En un intento por recuperar la memoria de la sociedad uruguaya, la Junta Departamental de Montevideo aprobó ayer jueves el proyecto Memoria de la Resistencia, que consiste en la colocación de instalaciones urbanas en aquellos lugares significativos de la resistencia a la dictadura. El proyecto comenzó hace dos años y es impulsado por la asociación civil Memoria de la Resistencia 1973-1985, que estudió y seleccionó 26 lugares donde se ubicarán los monumentos realizados por el Centro de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura. Está financiado por la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y debió afrontar un largo proceso de discusión en la Junta Departamental de Montevideo, debido a que los ediles de cada sector pretendían que figuraran entre los lugares seleccionados algunos de su preferencia. Antonia Yáñez, presidenta de la organización, explicó a Brecha que se descartó de entrada la propuesta del Partido Colorado de colocar un monumento frente a su sede, porque no se quiere vincular las intervenciones a los partidos políticos. Otra propuesta rechazada fue la de Ciudad Vieja, basada en el intento de resistencia al golpe militar que hizo la Armada. Yáñez sostiene que ese lugar no tiene cabida dentro de los parámetros establecidos, ya que no está vinculado a sucesos ocurridos entre el 27 de junio de 1973 y el 1 de marzo de 1986.
Los espacios de intervención fueron discutidos por todos los sectores políticos y finalmente se aprobó su ubicación. Algunos de esos lugares son: la ex Federación de Obreros de la Industria del Vidrio, la radio cx 30, el teatro El Galpón, la iglesia Tierra Santa, Funsa, la que fue casa de Amílcar Vasconcellos y el puerto de Montevideo.
El objetivo de intervenir estos espacios es que el tema de los derechos humanos y el recuerdo de los lugares de lucha sean parte de un recorrido turístico por los “lugares de la memoria” de Montevideo, y que las personas puedan visitarlos en cualquier momento.
* A las 18 horas, desde la plaza Libertad hasta el Palacio Legislativo.
Comentario