El pasado fin de semana se levantó el corte de la ruta argentina que comunica con el puente internacional San Martín. Le damos la bienvenida a este gesto porque ahora dos países hermanos pueden volver a estrechar lazos y sobretodo porque los uruguayos podremos pensar –sin la presión de un conflicto internacional y con la fábrica de celulosa ya instalada– si aceptar este tipo de inversiones resulta beneficioso o no para nuestro país.
Este emprendimiento implica no solo el funcionamiento de una fábrica de celulosa de dimensiones nunca vistas en nuestro país hasta ahora –que según la propia empresa consume a diario 86 millones de litros de agua y utiliza 400 toneladas diarias de productos químicos– sino además la utilización de miles de hectáreas de tierra destinadas a plantar monocultivos de eucaliptos a gran escala.
Volviendo al foco
Es necesario recordar que la instalación de la fábrica de celulosa de UPM-Botnia sobre el río Uruguay, un río compartido por dos países, dio origen a un conflicto, una de cuyas expresiones más radicales fue el prolongado corte de ruta al puente internacional.
Zanjada esta medida, que a su vez desató posicionamientos encontrados, suscribimos la opinión de nuestro presidente en cuanto a que si algo bueno dejó la movilización de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú es que puso el tema en la órbita internacional y obliga a la empresa a ser más cuidadosa en su accionar. Por su parte, también obliga al gobierno uruguayo a ser más estricto en los controles, si bien esto tiene una contrapartida, y es que el Estado deberá destinar gran cantidad de recursos y funcionarios al seguimiento exclusivo de esta empresa, distrayéndolos de otras áreas incluidas en su mandato.
En los inicios de las discusiones sobre la instalación tanto de Ence como de Botnia, uno de los argumentos para inclinar la balanza hacia el “si” fue que la forestación “ya está” y se dijo que la única opción era destinar la madera a celulosa. Herencia de gobiernos anteriores, el compromiso con las empresas española y finlandesa debía ser asumido obligadamente.
Organizaciones sociales y ambientales cuestionaron estos emprendimientos puesto que implicarían la expansión de monocultivos forestales con consiguientes impactos sociales y ambientales graves:desplazamiento de población rural, impactos sobre el agua y el suelo, utilización de tierras aptas para ganadería y agricultura, impactos sobre flora y fauna, entre otros. Propusieron también otros usos alternativos para la madera, como la construcción de viviendas o muebles. Anunciaron además que los pocos puestos reales de trabajos generados implicarían la sustitución de otras ocupaciones existentes.
A partir del corte del puente internacional, la conflictividad adquirió un nivel tal que se perdió el foco real de atención y de necesario debate. Pasamos de analizar si la instalación de una fábrica de estas características era beneficiosa o no para el país a un duro enfrentamiento uruguayos vs argentinos donde el nacionalismo exacerbado no dejó paso al análisis y quedó muy poco espacio para hacernos preguntas fundamentales para nuestro futuro como país, tales como: ¿fue bueno para Uruguay abrirse a una inversión extranjera como ésta, que implica seguir exportando materia prima y además en condiciones de zona franca? ¿Los beneficios recibidos justifican la mega-fábrica que hoy funciona en Fray Bentos y los cientos de miles de hectáreas de eucaliptos que hoy ocupan nuestros campos?
¿Cuánto costó a los uruguayos la instalación de UPM-Botnia?
Una parte de los costos que pagamos todos y todas se refiere a la inversión del estado en caminería rural, en acondicionamiento urbanístico tras la localización de la empresa en las afueras de Fray Bentos; la asistencia social y de salud pública derivada de la cantidad de trabajadores y familias de bajos recursos que se trasladaron a la zona en busca de un empleo, sin éxito; la instrumentación de nuevos cursos apostando a capacitar empleados en la construcción de la fábrica, empleos que nunca se concretaron como por ejemplo los de soldadores.
La medida argentina de cortar el acceso al puente internacional también tuvo impactos económicos, como el aumento de costos en las empresas de transporte de pasajeros Uruguay-Argentina al tener que extender sus recorridos hasta Paysandú; las pérdidas en el sector transporte de carga al tener mayores demoras, mayor desgaste de las unidades; las compensaciones dadas por el gobierno a los trabajadores del free shop y otros comercios cerrados en la cabecera uruguaya del puente; los servicios jurídicos derivados de nuestras presentaciones ante la Corte de La Haya. En cuanto a este último el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Estado gastó más de 8 millones de dólares en la contratación de un Estudio Jurídico para la defensa de Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
A todo esto hay que sumarle las pérdidas por la falta de ingresos en el sector turístico departamental, vinculado mayoritariamente al balneario Las Cañas, el cual empleaba a más de mil personas de Fray Bentos por temporada.
Los beneficios que no trajo Botnia
Las entrevistas y foros de presentación realizados por la empresa Botnia se centraron en publicitar los beneficios que significarían para el país y su gente si se aprobaba su instalación.
Una de las principales promesas –buscando el apoyo social y político– fue que generaría miles de puestos de trabajo. El Vice Presidente de Botnia, Timo Karinen, afirmó que “en su conjunto, el proyecto calcula la creación de más de 8000 puestos”, incluso en audiencia ante el parlamento el representante de la empresa Carlos Faroppa aseguró que “del 2007 en adelante, estaríamos hablando de 9.000 empleos generados”. Hoy podemos ver la realidad: Río Negro es el departamento con mayor desocupación del país.
A cambio de sus promesas a la empresa se le autorizó a instalarse en nuestro país y a funcionar en una Zona Franca “exenta de todo tributo nacional, creado o a crearse” según la Ley de Zonas Francas y sus plantaciones gozan de los beneficios de la Ley Forestal. Vale aclarar que a pesar de contar con esta mega-fábrica de celulosa, Uruguay no exporta celulosa, exporta rolos a la Zona Franca de UPM-Botnia para que ésta fabrique y exporte celulosa.
“Vamos a contar con ustedes para que nos ayuden a dignificar la vida de los rionegrenses” expresó en su momento el intendente Omar Lafluf a la empresa. ¿Realmente se dignificó a los habitantes de Río Negro? Se crearon alrededor de 350 empleos en la fábrica UPM-Botnia (a modo de comparación, en las pequeñas papeleras uruguayas Pamer o IPUSA trabajan entre 300 y 400 personas) y se perdieron durante este tiempo 200 empleos en la cabecera uruguaya del puente. El turismo en Las Cañas mermó considerablemente. Río Negro, además de ser el departamento con mayor desocupación del país, ostenta también los niveles más altos de violencia doméstica. La empresa vierte al agua, aire y tierra toneladas diarias de desechos provenientes de la fábrica de celulosa y de químicos. La empresa es propietaria -además del predio de la fábrica que afecta unas 550 hectáreas- de más de 200.000 hectáreas de campo; en la producción forestal cada vez más las máquinas sustituyen a las personas. Las intendencias reclaman asignaciones cada vez mayores de rubros para poder reparar las carreteras y caminos estropeados por los camiones cargados de rolos.
El representante de los comerciantes de Fray Bentos, Leopoldo Cayrus ha afirmado que durante el corte la población fraybentina que solía abastecerse en Gualeguaychú comenzó a consumir en los comercios de su ciudad. Lo mismo pasó con los miles de empleados que trabajaron durante la construcción de la fábrica, que sin el corte hubieran invertido gran parte de sus ganancias en comercios de la vecina orilla. Pero el gran reclamo de algunos comerciantes fraybentinos es que la empresa UPM-Botnia se abastece en comercios de Montevideo, en lugar de consumir en los comercios locales.
Una necesaria evaluación de costos y beneficios
Urge que antes de seguir dando por hecho la instalación de nuevas y cada vez más grandes fábricas de celulosa nos detengamos a analizar si la primera y por ahora única fábrica que tenemos en nuestro país ha resultado beneficiosa para la vida de uruguayos y uruguayas, desde el punto de vista económico, social y ambiental. Para eso es necesario encarar una serie de estudios:
1) Sobre la fábrica:
– la cantidad de empleo real generado por la fábrica de celulosa
– la pérdida de empleos atribuibles a la planta (turismo, pesca, apicultura, etc.)
– los cambios sociales en Fray Bentos resultantes de la instalación de la planta
– las implicancias en materia de salud y calidad ambiental resultantes de las toneladas de sustancias químicas que la fábrica emite al aire, vierte al agua y los desechos sólidos que vuelven a los campos
– los beneficios económicos que obtiene (o no) el país por tener funcionando esta fábrica en una Zona Franca
2) Sobre la forestación:
– cuántas personas trabajan en las plantaciones que abastecen de madera a la fábrica y cuáles son sus condiciones de ese trabajo
– cuantos empleos y actividades fueron sustituidos por la forestación y cual es el balance final en materia de empleo rural
– cuantos productores rurales han sido afectados (positiva o negativamente) por el avance de la forestación
– que impactos se han constatado sobre la cantidad y calidad del agua en las zonas forestadas
– que impactos se han constatado sobre suelos utilizados por períodos prolongados con un mismo monocultivo y tras la aplicación de herbicidas y hormiguicidas
– que impactos se han constatado sobre la flora y fauna nativas.
Lo que antecede es solo una lista primaria de los muchos temas vinculados a la forestación y fábrica de celulosa que requieren ser estudiados en profundidad. Recién cuando contemos con estos elementos podremos debatir y responder las preguntas planteadas en la primer parte de esta nota: ¿fue bueno para Uruguay abrirse a una inversión extranjera como ésta, que implica seguir exportando materia prima y además en condiciones de zona franca? ¿Los beneficios recibidos justifican la mega-fábrica que hoy funciona en Fray Bentos y los cientos de miles de hectáreas de eucaliptos que hoy ocupan nuestros campos? En base a esa experiencia: ¿Le conviene al país seguir autorizando la instalación de grandes fábricas de celulosa que requerirán la plantación de aún más amplias áreas de eucaliptos?
En un contexto ya más distendido por el levantamiento del corte, el Grupo Guayubira entiende que ha llegado el momento en que uruguayas y uruguayos nos demos el espacio para encontrar respuestas a estas preguntas tan fundamentales para nuestro futuro como país.
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