Historia antigua.
En enero de 1972, en la cárcel de Punta Carretas, aprovechando el clima histérico que dejó la fuga de los tupamaros, el Oficial Primero Rodolfo Leoncino, había impuesto su ley, la del palo y el calabozo, cuestionando el doble poder político que reinaba intramuros y, por la marca hombre a hombre, volvía muy difícil cualquier nuevo proyecto de reconquista de la libertad.
Washington García, más conocido por el apodo de “Geniol” (lo mejor para el dolor de cabeza), estaba muy lejos de ser un paradigma ético de la raza humana, de todas maneras fue injustificable que una mañana, cuando bajaba la escalera para ir al recreo, un envalentonado Leoncino, cachiporra en mano y con el respaldo de varios guardias, lo hiciera pedazos a golpes. De inmediato, para disimular la atrocidad, entre todos los guardias, encerraron al preso en los calabozos, así nadie podía ser testigo del lastimoso estado en que había quedado. Como en otros casos parecidos, con José Mujica nos presentamos ante el Intendente Fagúndez e intercedimos para que “Geniol” recibiera atención médica y pudiera ser visitado por alguno de nosotros, los presos políticos, más conocidos como “NN” en aquél entonces.
Un par de semanas más tarde, en el ominoso silencio de las madrugadas carcelarias, nos despertaron a todos los gritos del “petizo”, alguien cuyo nombre no recuerdo, pidiendo “médico” para el “veterano”, otro nombre que he olvidado, que estaba sufriendo un ataque cardíaco. Leoncino desde el “centro uno” de vigilancia no oía. Cientos de puños golpearon las puertas y, cuando el “petizo”, desesperado, arrancó la palangana de la pared para hacerse oír mejor, las patadas y los gritos de todos nosotros alarmaron a todo el barrio…Leoncino no oyó nada y el “veterano” falleció sin ser atendido.
La omisión homicida, alevosa y premeditada, de Leoncino, terminó de condenarlo ética y moralmente, el 27 de enero de 1972 su ejecución fue una causa justa, indiscutiblemente un acto de justicia. La operación “corcho” dejó las puertas abiertas a la segunda fuga de Punta Carretas.
Historia actual.
Doce personas asesinadas en la cárcel de Rocha. Claro, todas las víctimas estaban muy lejos de cumplir setenta años y por lo tanto no merecían tratamiento humano alguno, se hacinaban en una barraca donde las frazadas cumplían el rol de paneles para proteger la intimidad, y la helada “agrometereológica” se combatía con una estufita casera de aquellas que construíamos clandestinamente en Punta Carretas.
Las autoridades diagnosticaron la enfermedad hace buen rato, dijeron públicamente que la cárcel de Rocha es humanamente un desastre y que, si no hacían nada, no era culpa de ellos, sino del “presupuesto” que no alcanza. Tampoco es culpa de las autoridades que, gracias a las dignísimas nuevas condiciones de pago de la Deuda Externa, en este año que se inicia ahora, haya que pagar 4.500 millones de dólares de intereses, la deuda es un mal caído del cielo por el cual nadie puede ser responsabilizado. Los dineros públicos solamente alcanzarán para aumentar los sueldos a policías y soldados, a los sacrificados “trabajadores de la represión”.
Luego de ver el video filmado por un testigo directo del múltiple homicidio, no se puede dudar en la condena a los guardias, las muertes no ocurrieron por una desgracia venida de la mano de dios, sino por la premeditada omisión en abrir la puerta. El Ministerio intentó justificar-explicar para diluir la responsabilidad de los culpables del crimen, diciendo que “si la guardia hubiera demorado veinte minutos en abrir la puerta, como dicen algunos, estarían todos muertos”, argumento que admite otra lectura: “hay que agradecerle a la guardia el sentimiento humanitario de abrir la puerta cuando solamente habían muerto doce y los otros ocho apenas estaban achicharrándose”.
Son errores y excesos de los uniformados que protegen la seguridad del pueblo uruguayo, errores o excesos que se pueden perdonar u olvidar porque de otra manera no podemos convivir en paz. Argumentos tan sutiles como otrora, que oímos tantas veces, esgrimidos para expiar culpas, defender represores, justificar crímenes de lesa humanidad, engañar feligreses, etcétera, etcétera…
Ya hubo otras muertes en otras cárceles, con toda seguridad el Ministerio del Interior ya impartió órdenes a las direcciones de las cárceles sobre los criterios a emplear en esos repetidos casos de incendio, ¿la orden es dejarlos encerrados para que no se fuguen o abrirles las puertas para que no se quemen?, la vida es el bien supremo que deberían proteger los uniformados (puro idealismo de mi parte), más vale dejarlos escapar que asesinarlos.
¿Qué se les enseña a los guardias sobre los derechos humanos de los presos?, ¿qué los traten como a “pichis” o como a seres humanos?, ¿cuántas muertes más habrá que esperar para que los presos sociales recuperen su condición humana?, en realidad estos interrogantes no tendrían que existir con tantos ex-presos comandando milicos, tupamaros que vivieron muchas situaciones semejantes…si hasta para ir al baño nos cansábamos de gritar por el “llavero” que lerdeaba provocativamente.
¿No sabemos cuánto sadismo puede caber en la mano que tiene la llave? ¿No sabemos que “apretados” prefieren matar que ser sancionados?, ¿o de verdad creemos que ahora, porque tienen sindicato y el gobierno es progresista, cambiaron sus valores éticos y morales?
El video indigna hasta las lágrimas, pero claro, los televidentes conservan la libertad para cambiar de canal y no ver nada o bajar el volumen y no oír los gritos espantosos…y de esa manera, cerrando la conciencia a la realidad, redoblar su fe religiosa en que el Uruguay es divino, un país de ensueño que anda como la selección de fútbol en Sudáfrica.
No caben dudas que los dejaron morir… frente a ese delito de lesa humanidad, uno tiene el deber insoslayable de juzgar y de emitir opinión, demasiado sabemos que ocurre cuando el poder político se hace el distraído con los abusos policiales o militares y, si alguien lo ha olvidado, se le recomienda leer a Bertold Brecht. El juicio condenatorio es un deber ético, no cabe la excusa de esperar a que se expida el Poder Judicial, mero administrador estatal de la aplicación de códigos y leyes: aunque hayan delinquido y estén presos
¡Fueron dejados morir, es otro horroroso crimen de lesa humanidad!.
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