Por: Àlvaro Verzi Rangel
El cisma entre los liderazgos de Evo Morales y Luis Arce se convirtió la última semana en materia judicial, después de que dirigentes campesinas impugnaron el congreso del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), programado por el expresidente, que se realizó el martes y miércoles en el Trópico de Cochabamba.
La disputa entre Evo Morales, el conductor histórico del partido mayoritario y el presidente de la República Luis Arce se ha generalizado, fracturando el bloque de diputados y paralizando la cámara baja de la Asamblea Plurinacional. Este conflicto político e institucional se da en un contexto de crisis económica causada por la caída en las exportaciones de gas.
Todos los cambios sociales, económicos y estatales acontecidos en este primer cuarto de siglo XXI en Bolivia son incomprensibles sin la presencia organizada del movimiento popular, indígena, campesino y obrero, que cuenta con sólidas organizaciones de base —las más fuertes, las campesinas— y con una capacidad de movilización que ha sido decisiva en los momentos más críticos de este ciclo político.
Pero en paralelo a esta actitud vitalmente combativa de pueblo en movimiento, se presentan serias limitaciones inherentes para trascender la mera resistencia y la reivindicación inmediata.
El congreso celebrado en Lauca Ñ proclamó a Evo Morales candidato presidencial para las elecciones de 2025, decidió no hacer ninguna alianza para las mismas y constató la “autoexpulsión” del partido del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, por no haber concurrido a la asamblea partidaria. Ahora la impugnación del evento ante la Justicia Electoral por los partidarios del mandatario ha judicializado la contienda política y amenaza convertirlo en un conflicto institucional.
En una reunión realizada simultáneamente en La Paz, Arce dijo que era “un atropello a las organizaciones sociales que en realidad están siendo despojadas de su propio instrumento político, hay un irrespeto a las organizaciones sociales, no se toma en cuenta ese carácter fundacional”.
La gobernabilidad
El MAS debe encontrar una solución política a su crisis, para que no se quiebre la constitucionalidad de Bolivia, no se facilite un nuevo golpe de estado y una renovada amenaza para la democracia sudamericana.
La disputa por el control del primer gran partido sudamericano de izquierda indigenista amenaza la gobernabilidad de un país lastrado por la debilidad de sus instituciones y por una incertidumbre económica que tiende a agravarse.
El sector de Arce consiguió que el Tribunal Constitucional decretase nula la elección de Morales como candidato. Los seguidores de Morales denunciaron el fallo por «fraudulento». La pelota está ahora en el Tribunal Electoral, que ordenará al MAS que organice un nuevo congreso. De no ser así, tiene atribuciones para cancelarle la sigla, lo que sumiría a Bolivia en una inestabilidad política de grandes dimensiones.
Como la oposición está muy dividida, no aparecen modelos alternativos, pero el tiempo acucia y, si el movimiento popular boliviano no soluciona su crisis de conducción, sumirá al país en una nueva crisis constitucional.
Las elecciones de 2020 luego del golpe de Estado en Bolivia, que dieron como gran ganador al Movimiento Al Socialismo, no fueron suficientes para recomponer todo lo que la crisis de 2019 había agrietado. El resquebrajamiento ahora es tan profundo que ha llegado incluso a lo único que le faltaba dividir: el propio MAS.
El camino de Evo Morales tiene más escollos que antes, pues una buena parte de su partido, ocupado en administrar el Poder Ejecutivo, le ha hecho saber de muchas formas que ya no lo necesita y que se opone a su personalismo o a cualquier culto a la personalidad. Pero sus partidarios lo creen un líder impresindible
Morales es un político con larga experiencia sindical y presidencial, por lo que no se explica verlo constantemente irritado. Sus denuncias sobre posibles persecuciones judiciales o sobre la ineficacia gubernamental llegan a ser simplistas y machaconas como para facilitar que los medios de comunicación lo muestren como un ambicioso personalista, más que como una heroica víctima.
El sociólogo, político y filósofo boliviano René Zavaleta, docente en las Universidades de San Andrés, Oxford, Vincennes, Santiago, UAM y UNAM, y director fundador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en México, se refiere a ella como “la incapacidad de «transformar la fuerza social efectiva en medidas concretas de transformación social».
Este movimiento de masas, que derrota el régimen neoliberal de partidos, que derrota las sediciones derechistas, actúa después como fuerza social en el voto a favor del MAS… pero es como si dejara de existir al día siguiente.
Dadas las dimensiones históricas del proceso político abierto desde la llegada del MAS al gobierno, no es exagerado considerar que un desquiciamiento de los aparatos masistas puede llevar a su base social a la desmoralización y a una derrota que exceda por mucho el mero revés electoral.
Precisamente, y por las dimensiones del peligro, es urgente orientar todos los esfuerzos —fundamentalmente al interior del movimiento obrero, campesino y popular— a discutir nuevas agendas políticas que apunten a aspectos clave y de interés común, como elevar la calidad de los servicios educativos y de salud, reformar a fondo la justicia estatal y fortalecer los derechos democráticos de las mujeres, la juventud y los pueblos indígenas. La pasividad y la subordinación a las sórdidas disputas de los aparatos políticos es un camino pavimentado rumbo a la división, el descreimiento y, finalmente, la derrota.
Morales y Arce formaron entre 2006 y 2019 una dupla exitosa: el primero como jefe de Estado y el segundo como ministro de Economía. Tras la asonada cívico militar que en 2019 los sacó del poder, Arce fue el elegido por Morales como su sucesor. Tres años después, la relación entre ambos está rota.
Arce decidió casi desde el inicio de su Gobierno tomar distancia de su mentor. Dijo que este no tendría «papel alguno» en las decisiones políticas y lo relegó a coordinador de las decenas de sindicatos y agrupaciones sociales que integran el MAS. Morales lo interpretó como una traición. Ahora, la expulsión de Arce, al que se sumaron otros 20 diputados afines al Gobierno, ha sido el último capítulo de esa pelea intestina.
Morales prometió a los suyos que «el MAS va a recuperar la revolución para salvar la patria nuevamente». El expresidente mira hacia 2006, cuando la nacionalización de los recursos petroleros permitió a Bolivia el crecimiento sostenido de la economía, al tiempo que reducía la pobreza y el desempleo. Parte de ese éxito Morales se lo debe a Arce, al que ahora no perdona su decisión de encabezar un proceso de renovación interna en el movimiento que encabeza desde hace más de 30 años.
Lo que vendrá
Los dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba (una poderosa organización de productores cocaleros donde nació como dirigente Morales) ya advirtieron al gobierno de Arce que tomarán acciones radicales en el caso de que Evo quede inhabilitado para competir en 2025.
Arce debía ser sólo una figura transicional, pero éste tiene el poder del Estado y maneja recursos. Nadie supo hallar una fórmula de unidad entre la conducción del Estado y la del movimiento de masas y así fue que desde finales de 2021 los dos dirigentes comenzaron a divergir hasta chocar.
El evismo no está dispuesto a esperar al año 2024, cuando se tienen que llevar adelante en Bolivia las Primarias Abiertas y Secretas (PAS, pero no obligatorias). Probablemente Evo tema una decisión del TCP interpretando la Constitución de un modo que inhiba su candidatura. A Evo se le hará cuesta arriba, ya que es rechazado por el 60% de la población urbana y tiene pocas chances de ganar una elección.
Por su parte, Luis Arce tampoco la tiene fácil, ya que, si quiere mantener el apoyo popular, no puede descuidar la gestión.
Superar la fractura actual implica que tanto Evo como Arce den un paso al costado. Bien podrían ser remplazados por la generación intermedia de dirigentes en la que asoma, primero que todos, Andrónico Rodríguez (34 años), vicepresidente de la Federación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba (o sea, segundo de Evo) y presidente del Senado, donde se ha desempeñado con suma prudencia, tejiendo acuerdos (también con la oposición) y manteniendo el funcionamiento de la cámara.
Inmediatamente detrás de Andrónico asoman tres mujeres: Adriana Salvatierra, Eva Copa y Gabriela Montaño. La primera (34 años) y la segunda (36 años) fueron sucesivamente presidentas del Senado y la segunda es hoy alcaldesa de El Alto, el populoso suburbio de La Paz. La tercera (47 años) también ejerció ya antes la presidencia del Senado y luego diversos cargos. ¿Será la hora de las mujeres?
Álvaro Verzi Rangel. Sociólogo y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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