La historia se está repitiendo en el Estado Plurinacional de Bolivia. En las elecciones presidenciales de 2020, Evo Morales postuló como candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) a Luis Arce. El “elegido” había sido pieza fundamental del “milagro económico” que casi duplicó el Producto Bruto Interno (PBI) durante los catorce años de gobierno del líder aymara. El “compañero Lucho” fue ministro de Economía en doce de esos catorce  años. El triángulo de hierro Morales- Garcia Linera – Arce, consolidado en esa etapa, parecía indestructible. Sin embargo, la vida te da sorpresas.

Volviendo al 2020, la fórmula Luis Arce-David Choquehuanca obtuvo el 55 por ciento de los votos. Además, el rotundo triunfo del MAS permitió conquistar una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa Nacional.

Al año siguiente, los enfrentamientos internos comenzaron al compás de los desafíos económicos con reclamos de cambios ministeriales, denuncias por presuntos hechos de corrupción y pelea abierta por la conducción partidaria. Las desavenencias culminaron con una fractura del bloque legislativo oficialista.

El feroz enfrentamiento interno responde a un cúmulo de causas (ideológicas, personales, disputa por el liderazgo) potenciadas por un contexto económico adverso. A grandes rasgos, Evo Morales acusa a Luis Arce de haberse vendido a la derecha. El gobierno niega eso y resalta el acompañamiento de la histórica Central Obrera Boliviana (COB) y diversas organizaciones sociales/sindicales.

El liderazgo del MAS

La jefatura indiscutible del MAS por 27 años fue de Evo Morales. El liderazgo nunca estuvo en discusión aunque su figura sufrió un desgaste (sobre todo en los sectores medios) en el último tramo de su gestión presidencial. Eso comenzó a cambiar con el triunfo de Luis Arce. En una entrevista en Radio con Vos, el periodista Martin Sivak, especialista en historia boliviana, comentó que “el día que asumió como presidente Arce nombró a tres personas: la mamá, la esposa y al asesinado dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. No mencionó a Evo Morales. Fue todo un gesto casi insurreccional”. El resquemor mutuo fue creciendo.

En octubre de 2023, el Congreso nacional partidario del MAS ratificó a Evo Morales como “candidato único” para las elecciones presidenciales de agosto de 2025. El sector que responde a Arce no participó argumentando una sub representación de las organizaciones sociales. Finalmente, el Congreso partidario fue anulado por el Tribunal Supremo Electoral.

Un nuevo capítulo del enfrentamiento político-judicial se escribió en diciembre de 2023. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sentenció que presidente y vice sólo podían ejercer un mandato por dos períodos continuos o discontinuos. En un fallo del 2007, el mismo Tribunal había habilitado una nueva postulación de Morales porque se trataba de un “derecho humano”. En su cuenta de X, Evo sostuvo que “la sentencia política del TCP es la prueba de la complicidad de algunos magistrados con el Plan Negro que ejecuta el gobierno por órdenes del imperio y con la conspiración de la derecha boliviana”.

En mayo de 2024, el Congreso de la “fracción Arce” excluyó a Morales de la dirección nacional del MAS. Los congresales eligieron como nuevo líder al representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Grover Garcia. La “fracción evista” desconoció el Congreso. Acto seguido, el líder aymara advirtió que sería candidato presidencial del MAS en 2025 “por las buenas o por las malas”.

El 4 de septiembre, el Encuentro ampliado nacional del MAS-Morales ratificó la expulsión partidaria de Luis Arce y David Choquehuanca por traición “al pueblo boliviano, permitiendo el retorno de los brazos operativos norteamericanos como la CIA, DEA y USAID; por convertirse al neoliberalismo; por haber destruido la economía (…); por reprimir sañudamente al movimiento indígena originario campesino y convertir las sedes en puestos policiales”.

A eso le siguió una marcha de protesta que recorrió 190 kilómetros, en una semana, entre el poblado andino de Caracollo a La Paz. En el camino, los dos grupos del MAS se enfrentaron con piedras y palos, en las localidades de Vila Vila, El Alto y La Paz, dejando decenas de heridos. En el cierre de la movilización, los “evistas” exigieron un recambio ministerial y la validación judicial del Congreso que ratificó a Evo como líder del MAS y candidato para las elecciones presidenciales.

Mientras tanto, las organizaciones sociales leales a Arce organizaron una vigilia “por la defensa de la democracia” en la histórica Plaza Murillo. El ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que “detrás de la marcha y los bloqueos hay un plan maquiavélico” para que el presidente del Senado, el evista Andrónico Rodríguez, asuma la presidencia “y desde allí forzar la candidatura ilegal e inconstitucional de Morales”.

En tanto, los “evistas” acusaron al gobierno de reactivar una archivada causa judicial contra su líder por abuso sexual de una menor mientras ejercía la presidencia. Desde el 14 de octubre, los sectores afines a Morales bloquearon las principales rutas que unen Cochabamba con La Paz, Oruro y Santa Cruz. En ese contexto, el domingo 27 de octubre hubo un atentado fallido contra Evo Morales. En la región cocalera del Chapare, el auto que lo transportaba recibió 18 disparos desde tres camionetas no identificadas. El expresidente denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “que agentes de élite del Estado Boliviano” atentaron contra su vida. En su cuenta de X, el ex presidente expresó que “si Luis Arce no dio las órdenes de matarnos debe destituir y procesar de inmediato a sus ministros de Defensa y de Gobierno, Edmundo Novillo y Eduardo Del Castillo”.

La lucha fracticida en el MAS despertó a la oposición. El político y empresario Samuel Doria Medina lanzó su plan de gobierno contra el “populismo” y la “venezuelización” de Bolivia.

Es la economía, estúpido

La crisis económica es el telón de fondo de las peleas intestinas en el MAS. La declinante industria de hidrocarburos constituye un pilar fundamental de la economía boliviana. La caída de la producción petrolera-gasífera comenzó en el último mandato de Evo Morales. Un informe de la Consultora PxQ explica que “en 2006, Bolivia nacionalizó los hidrocarburos y con ello aumentaron las inversiones en el sector. Sin embargo, a partir de 2014 la producción de petróleo y gas comenzó a disminuir. Así, para 2023 la producción de gas y petróleo se ubicó 60 por ciento y 46 por ciento por debajo del 2014, respectivamente. La caída se debe a que las reservas de estos hidrocarburos no fueron repuestas, ya que la inversión fue orientada a la explotación y no a la exploración en busca de nuevas cuencas”.

Entre 2021 y 2023, los volúmenes de gas exportados por Bolivia disminuyeron un 50 por ciento, según datos de la consultora especializada Gas Energy Latin América (GELA).

En un trabajo publicado en 2016 en la Revista de ciencia e ingenieria del gas natural  titulado “¿Podrá Bolivia mantener su papel como importante exportador de gas natural en Sudámerica?”, se planteaba que la “falta de inversión en descubrimientos se deriva de las limitaciones técnicas y financieras de la Empresa Nacional del Petróleo y explica la tendencia a la baja de la relación reservas probadas/producción”.

Desde entonces, la producción de gas pasó de 56,6 MMm3/d en 2016 a 31,9 MMm3/d en 2023. En esa línea, “el presidente (Arce) señaló que el problema comenzó en 2016, cuando empezaron a agotarse los campos de gas y petróleo y no se impulsó la perforación de pozos exploratorios. “Este tema correspondía al Ministerio de Hidrocarburos, no de Economía, y por supuesto a quien estaba a cargo del gobierno; hay que aclarar porque ya sabemos lo que nos dicen”, dijo Arce refiriéndose a Morales”, relata una nota de Nicolás Deza publicada en el sitio especializado EconoJournal.

Desde el año pasado, la escasez cíclica de combustibles provoca protestas de transportistas de carga y pasajeros. El 12 de agosto de este año, Arce desplazó a su criticado ministro de Hidrocarburos y Energía. En la actualidad, Bolivia importa el 70 por ciento del diesel y el 50 por ciento del resto de combustibles. En 2023, el gobierno boliviano destinó 1100 millones de dólares a la importación de combustibles. La cuenta para este año asciende a un poco más de 1400 millones de dólares. Eso genera caída de las reservas internacionales y deterioro del frente fiscal por los subsidios en el mercado interno. Desde inicios de este año, el retroceso de las reservas se potenció porque los bolivianos incrementaron su demanda de dólares-ahorro como cobertura. Eso obligó a la imposición de algunas restricciones en el mercado cambiario. Un panorama muy complejo de enfrentar en medio de una “guerra fracticida”, tal como la define Garcia Linera.