El proceso fue largo y no exento de obstáculos y violencia opositora y oligarca.
Desde diciembre de 2008 con la aprobación de un nuevo texto constitucional que debería ser sometido al soberano, hasta la fecha, el dignatario y su gabinete han mostrado que la consistencia, el ejercicio democrático del voto y el respaldo de las organizaciones sociales fueron sus mejores armas.
Morales ha insistido en no pocas ocasiones que este proceso de cambio, que denominan Revolución democrática y cultural, es irreversible.
Las cinco normas estructurales que entrañan la verdadera implementación de la Constitución Política del Estado, aprobada por primera vez en las urnas en enero de 2009 y sancionada un mes después, son muestra contundente de esa estrategia.
El último de esos proyectos, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, establece el régimen subnacional de departamentos, regiones, municipios y territorios indígenas originarios, algo sin precedentes en el país suramericano.
Precedida por una ley transitoria que permitió la elección de las autoridades departamentales, municipales e indígenas el pasado 4 de abril, la norma representa el proceso de mayor desconcentración política y administrativa desde 1825, cuando se fundó Bolivia bajo un sistema centralista.
Según el titular de Autonomías, Carlos Romero, esa ley adecua a la Carta Magna los estatutos autonómicos de las tierras bajas de Bolivia, encabezadas por Santa Cruz, cuyas autoridades y líderes civiles demandaron sistemáticamente desde 2004 la instauración de un modelo de independencia política y administrativa regional.
Romero opinó que ese proceso será un verdadero pacto social al interior de esas regiones para brindarle un gran horizonte de democracia y sostenibilidad y pluralismo a la implementación de sus autonomías.
La ley, agregó, también viabiliza la autonomía indígena en sus tres ámbitos jurisdiccionales, territorio, municipio y región.
Asimismo señaló que la norma transfiere desde el poder central a los nueve departamentos unas 20 competencias en las esferas de salud, transporte, obras públicas, infraestructura, vivienda, hábitat, medio ambiente, ordenamiento territorial y planificación, entre otras.
Otras dos leyes, presentadas a la nación, proyectan y reestructuran el nuevo Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional (TC), al punto que quizás Bolivia se convierta en el primer país en el planeta que el 5 de diciembre de este año elija en las urnas a sus administradores de justicia.
Al respecto, el presidente de la cámara baja (diputados) de Bolivia, Héctor Arce, explicó a Prensa Latina que se trata de una de las reformas más profundas e importantes en el proceso de cambio.
La ley judicial tiene entre sus virtudes, explicó, que se trabajó en el seno de diputados por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y luego se le consultó a varios sectores sociales y a otras fuerzas políticas.
Entre sus novedades, Arce subrayó que permite la creación de la Escuela de Abogados y otra institución para formar Jueces del Estado.
La nueva legislación sustentará la reorganización del sistema jurídico boliviano y su adecuación a la nueva carta magna.
También establece como principios la gratuidad, la pluralidad intercultural, la independencia, la seguridad jurídica, la idoneidad, el respeto a los derechos, la cultural de paz y la celeridad, entre otros.
En el caso del TC, la norma de 163 artículos otorga facultades para que pueda a disponer y definir en los conflictos y competencias de los otros órganos de poder público y entes autonómicos.
La nueva entidad será además fuente de consulta de determinados proyectos de ley, resoluciones no judiciales y no vinculadas a procesos administrativos.
La Ley del Tribunal, por su parte, prevé además los conflictos de competencia entre jurisdicciones ordinarias, agroambiental y la indígena originaria campesina.
El actual Tribunal Constitucional se creó por la reforma aprobada en 1994, y operativamente empezó a funcionar en 1999.
Otras dos leyes que permiten apreciar las verdaderas transformaciones en Bolivia son las del Órgano Electoral y el Régimen Electoral.
La primera establece la composición y atribuciones del futuro Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y fija las funciones del Tribunal Supremo Electoral (que sustituye a la actual Corte nacional Electoral), los tribunales electorales departamentales, los jurados electorales y el Servicio de Registro Cívico, entre otros.
Un tema controversial quedó zanjado en las deliberaciones, al acordar que la sede del OEP es la ciudad de La Paz y no Sucre, como demandaban algunos legisladores de la oposición.
Todas estas cinco leyes, promulgadas por el jefe de Estado, cerraron el más intenso y prolífico ciclo legislativo boliviano de los últimos 20 años de democracia.
Ahora, en el plano constitucional, adquiere forma el Estado Plurinacional en esa nación suramericana, y se avizora el tratamiento en agosto próximo de un paquete de leyes sociales, entre ellas una sobre Pensiones y otra acerca del nuevo Código de Trabajo.
De 2006 a la fecha, Bolivia es otra, la que soñaron sus fundadores.
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